Ante Ley de Remuneraciones

Acusan magistrados y jueces afectación por reducción salarial

Autor: Yuvenia Ulloa

2018-12-10 20:53:59

NAYARIT

El Juez de Distrito, José Avelino Orozco Córdova, en nombre de todos los jueces y magistrados dio lectura al posicionamiento ante la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos


La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la mañana de ayer lunes, emitió un posicionamiento sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) y señaló que una reducción de los salarios de los jueces federales implicaría un riesgo y ataque directo a su independencia.
Fue José Avelino Orozco Córdova, Juez de Distrito, en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Nayarit, quien en nombre de todos los jueces y magistrados, dio lectura sobre el posicionamiento.


“El que estemos aquí los jueces y juezas constitucionales, quienes tenemos la altísima misión de proteger los derechos humanos en un sistema donde también nos llama a rendir cuentas sobre nuestra función, nos dedicamos a garantizar los derechos fundamentales de la gente, cuando resolvemos miles de amparos diariamente, con el mecanismo más efectivo para que el pueblo tenga asegurados sus derechos a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, y a la no discriminación y al todo catálogo de derechos constitucionales que México se ha comprometido a resguardar en su Carta Magna y en los Tratados Internacionales; los mexicanos Manuel Crecencio Rejón, Mariano Vallarta, brillantes juristas y grandes humanistas, tenemos el orgullo de ser los creadores del amparo como escudo protector de los derechos de las personas contra los actos arbitrarios de las autoridades, sin embargo, para que el amparo pueda ser instrumentado adecuadamente, es necesario que existan las garantías objetivas que descansan en la existencia y funcionamiento pleno del estado de derecho, la división de poderes y como crolario la independencia judicial.


“Ésta no es, como se ha dicho, un derecho de los jueces, aun cuando somos nosotros quienes la ejercemos para beneficio de su destinatario final que es el pueblo, la gente, usuarios del Sistema de Administración de Justicia, los justiciables, los empresarios que buscan dirimir los conflictos dentro del marco de la ley, potenciales usuarios de este noble servicio público que hoy denunciamos, está sometido a riesgos y amenazas debido a diversas leyes e iniciativa de ley que podrían minar nuestra autonomía institucional y personal si cambian las reglas de un histórico funcionamiento de frenos y contrapesos entre los poderes de la república”.


Señalaron que, ante esta situación, magistrados y jueces a nivel nacional, lucharán por defender sus derechos laborales con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación: “en defensa del estado de derecho, seremos los primeros en actuar para que se fortalezca el Poder Judicial, pero en el marco de una propuesta que sea transparente y suficientemente amplia para evitar instituciones, prácticas, recursos, en medio de los que disponemos, se distingue admisible que se estén emitiendo propuestas que afectan las institucionalidad, el gobierno judicial y su operatividad sin considerar la autonomía, independencia del Poder Judicial de la Federación, en condiciones de igualdad con los otros dos poderes de la unión”.


Asimismo, argumentaron que uno de sus compromisos y obligaciones es cumplir y hacer cumplir el imperio de la ley ante la sociedad mexicana: “hoy como nunca antes en la historia en nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la federación, y hacer viva la propuesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guarda y hacer guardar la Constitución.


“Como juzgadores de carrera, formados tras años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir el imperio de la ley”.


La Asociación agregó que un aspecto clave para combatir la corrupción en el país, es la independencia del Poder Judicial y ésta se encuentra amenazada por el riesgo de que las autoridades competentes tomen control de presupuesto y amenacen con reducirlo.


Por esta razón, magistrados y jueces federales reiteraron la defensa de sus derechos mediante la presentación de demandas de amparo: “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente ahora no hace eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo en el fondo esconden su verdadera intención, debilitar el sistema de frenos y contrafrenos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho, quienes lo hacen, no solo desconocen el funcionamiento de la judicatura sino que olvidan que ha sido precisamente las resoluciones judiciales, que han abierto la posibilidad de analizar parte de la agenda de derechos humanos del nuevo gobierno.


“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo busca beneficios personales, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones, los juzgadores federales debemos de recordar que desempeñar este cargo implica diversos riesgos que se han hecho cada vez más evidentes por lo que se vive en el país, además de las presiones derivadas de los vaivenes políticos, enfrentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.


Al dar conclusión a la lectura de dicho posicionamiento, Orozco Córdova expresó: “Estamos en esta conmemorable fecha reivindicando esta justicia viva que es la justicia de todos y todas, pero en especial de quienes tocan las puertas del Poder Judicial, pensando que detrás de cada edificio, de cada sala, siempre habrá un juez, una jueza, un secretario o una secretaria, es garantía de la independencia que solo puede brindar paz social, bien común y seguridad jurídica con respeto a la institucionalidad democrática”.



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