Opinión

La constitución y los legisladores representantes de minorías

Autor: José Miguel Madero Estrada

2018-05-16 01:54:29

OPINION

Ya no es válido sostener que las minorías tengan el sino de la desventaja numérica, toda vez que pueden legítimamente restar o sumar votos a la mayoría parlamentaria cuando así lo decidan


C

on algunas excepciones las minorías en los congresos pasaron años de letargo hasta transitar por una dinámica más representativa de mayor peso político en nuestros días. Se trata ciertamente de una evolución todavía zigzagueante aunque al final del túnel el activismo de los legisladores militantes de partidos minoritarios se ha visto reforzado a través de reformas introducidas en la Constitución que tienen el mérito de reconocer verdaderas garantías de efectividad del pluralismo.

Ello responde, en buena medida, a la creciente participación social que ha logrado empoderar a los ciudadanos y a distintas organizaciones civiles gracias a los mecanismos de participación previstos en las leyes como al progreso tecnológico y al uso de medios de comunicación, de tal suerte que los legisladores se han visto inevitablemente sometidos al escrutinio de los electores.

Se parte de la idea de que si bien el mandato parlamentario no puede estar desvinculado de los electores, debe atender paralelamente al sistema de partidos lo que al final de cuentas produce consecuencias relacionadas con la filiación partidista, toda vez que, por un lado, las asambleas legislativas son proclives a convertirse en escenarios marcadamente antagónicos con el riesgo de extraviar el rumbo de los fines que el mandato popular persigue y, por el otro, las decisiones adoptadas sobre la agenda legislativa suelen dictarse previamente desde el seno de las estructuras partidarias de tal manera que los legisladores pasan a ser meros representantes de sus partidos, no de los electores.

Por ello, la constitución política cuenta con diseños que amplían el marco de las minorías partidarias integrantes de las asambleas legislativas, mediante la instrumentación de mecanismos de protección y defensa efectiva de la constitucionalidad en cuanto a la función legislativa corresponde.

Dentro de esos instrumentos se encuentra la evaluación del informe de gobierno, la pregunta por escrito, las comparecencias y nombramientos de funcionarios, así como el derecho de iniciativa de leyes y reformas constitucionales, tanto en lo individual como en representación de grupo parlamentario.

No se necesita excesiva perspicacia para percatarse que en manos de las minorías parlamentarias se encuentra el derecho de oponerse y rechazar tales actos e iniciativas cuando no concuerden con ellas. Consecuentemente, ya no es válido sostener que las minorías tengan el sino de la desventaja numérica, toda vez que pueden legítimamente restar o sumar votos a la mayoría parlamentaria cuando así lo decidan.

Lo mismo ocurre al conectar la funcionalidad del pluralismo con una de las grandes garantías jurisdiccionales que consagra nuestra carta magna, es decir, en aquellos casos en que sean aprobadas por la mayoría leyes o reformas que pugnen contra la constitución, en cuyo caso se confiere el derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad y demandar que se preserve la supremacía de la ley fundamental.

Quiérase o no reconocer, la realidad política de las causas por las cuales se hace poco uso de la protección y medios de defensa, habría que ir en su búsqueda ante la falta de voluntad del pluralismo, pues si de la aspiración única de la supervivencia de la constitución se trata, la representación de las minorías parlamentarias en el congreso debe actuar con firmeza como auténtico interlocutor de la voluntad popular.

NAYARIT

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