Reforma política-electoral

Reforma sobre restricción y suspensión de derechos

Autor: José Miguel Madero Estrada

2018-06-13 01:11:38

OPINION


En los últimos años ha tenido lugar en México un cambio constitucional impresionante. La reforma en materia política-electoral es una de ellas; pero ¿por qué se le llama así a esta reforma? Porque con ese término se fusiona y vincula el ejercicio del poder político y los derechos y libertades de los ciudadanos, y por otro lado, se incorporan temas típicamente electorales relativos a los órganos encargados de la organización y calificación de las elecciones, sistema judicial electoral y régimen al que se sujetan los partidos políticos.

Corresponde a la reforma política los temas sobre gobierno de coalición; ratificación de los nombramientos hechos por el presidente de la República de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y del ramo de Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; nombramiento del procurador general de la República; naturaleza jurídica y atribuciones del ministerio público de la Federación; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno; aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad pública; reelección legislativa; reelección de Ayuntamientos; y cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del titular del ejecutivo Federal.

A su vez, forman parte de los temas de la reforma electoral, el fortalecimiento del organismo nacional a cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su transformación a Instituto Nacional Electoral; el aumento del umbral para mantener el registro como partido político y atribuciones del Congreso para emitir leyes generales en materia electoral.

Pero dentro de esas modificaciones también tuvo lugar la del artículo 29 constitucional que consagra la restricción y suspensión de derechos para hacer frente a situaciones de emergencia nacional. Sin embargo, en esta ocasión queremos asomarnos únicamente a la cronología de reformas de dicho precepto, tratando de orientar la forma en que van cambiando las normas constitucionales.

La primera modificación fue en 1981, donde todavía permanecía el texto proveniente de la Constitución de 1857, misma que tuvo por objeto sustituir al denominado Consejo de Ministros y en su lugar determinar que fueran los titulares de las secretarías de Estado, jefes de Departamento y Procuraduría General de la República, quienes decretaran la suspensión de garantías. La siguiente reforma, en 2007, solamente suprimió a los jefes de departamentos administrativos. Sin duda, la más importante reforma fue la de junio de 2011, al colocar el tema de la suspensión y restricción de derechos en paralelo con los pactos y convenciones internacionales que ha suscrito México, así como establecer una lista de derechos humanos que no son susceptibles de suspenderse, como el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, entre otros, y que, en todo caso, la resolución debe fundarse y motivare para posterior revisión de su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La última modificación de febrero de 2014, suprime la intervención de los titulares de las secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República, para dejar solamente como actores principales al presidente y al Congreso o a la Comisión Permanente con facultades de aprobar el decreto que restrinja o suspenda el ejercicio de derechos y las garantías.

NAYARIT

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