El Juez Político

2017-01-10 10:03 pm


José Miguel Madero Estrada





Juez Político, así le llama el maestro Manuel González Oropeza al proceso por el cual el Congreso juzga sobre las faltas y responsabilidades políticas de los servidores públicos. Sugerente idea porque, en efecto, se trata de una función constitucional que tiene por objeto hacer prevalecer la Constitución contra cualquier delito, acto u omisión que pretenda contravenirla, siendo, por tanto un instrumento de control en sede legislativa, diferente a los que aplican en el ámbito jurisdiccional.

Retomando esa sugerencia reflexiva del destacado jurista, investigador y exmagistrado electoral, este Juez Político está prácticamente en desuso, en mucho porque, no obstante la antigüedad que la figura tiene en particular en el constitucionalismo mexicano, y en general en la evolución constitucional de los países con regímenes democráticos, parlamentarios o republicanos, su aplicación no trasciende en las funciones actuales del Congreso para castigar severamente a los malos funcionarios que abusan del cargo por actos de corrupción, deslealtad y violación a la confianza depositada.

Varios factores inciden en la falta de operatividad de ese Juez Político. Si bien le corresponde inhabilitar y destituir funcionarios, tiene, sin embargo, que hacerlo por vías procesales y jurídicas; los legisladores se ven necesitados de los servicios de apoyo parlamentario, pero éstos no pueden sustituirse en la substanciación del juicio y la valoración jurídica del debate. Así, la revocación del mandato transcurre en una asamblea política, no en un tribunal, sino en un foro compuesto por partidos y grupos donde el funcionario acusado forma parte de alguno desde su posición en el Gobierno, panorama que complica todavía más una decisión.

De tal suerte, ese Juez Político se encuentra atrapado sin la imparcialidad, autonomía e independencia que la envergadura de tal función exige. Hasta nuestros días ningún presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha sido removido de su cargo por juicio político, principalmente porque no tiene el mismo tratamiento que los demás miembros del poder judicial federal y servidores públicos estatales. De ahí que el maestro González haya propuesto una ley de responsabilidad presidencial.

El Juez Político a nivel local nació con la original Constitución promulgada en Tepic, Nayarit el 5 de febrero de 1918, previendo en su artículo 124, que los delitos y faltas oficiales en que incurrieran los altos funcionarios —diputados, gobernador, magistrados del Supremo Tribunal, procurador general de Justicia, director general de Rentas y secretario general de Gobierno— el Congreso actuaría como Jurado de acusación y el Supremo Tribunal de Justicia en acuerdo pleno como Jurado de Sentencia; y tratándose de responsabilidad oficial de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sería Jurado de Sentencia, el mismo Supremo Tribunal integrado en los términos de la ley.
Es decir, el Juez Político no estaba en sede legislativa como ahora lo está, sino que inteligentemente se compartía con el poder judicial para el dictado de la sentencia. Fórmula sin duda atractiva para evitar que el Congreso se viera paralizado en la discusión partidaria o ideológica, cuando de la responsabilidad de un mal funcionario se tratare, sin afectar un ápice a la libre manifestación de las ideas derivadas del ejercicio de su cargo.

Lo he dicho en otras ocasiones, hay que inspirarnos en el ejemplo de nuestra historia centenaria, no para repetirla, sino para lograr una mejor democracia.



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