LA SERPENTINA ¿Sirven de algo las alertas de género?

2017-08-12 02:45 am


Seis municipios en la mira




Bueno pues finalmente La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios de Nayarit a saber: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic, aunque debo de aclararles que la petición de parte de la comisión de Derechos Humanos, para activar la famosa Alerta de Género, inició el año pasado, en el 2016.
También debo de añadir que Nayarit, o los seis municipios de Nayarit, en donde la secretaría de gobernación, ordenó activar la alerta de género, no son los primeros ni los únicos lugares en donde la SEGOB, pide que se active la multicitada alerta.
La dependencia resolvió también declarar "medidas específicas" para los gobiernos de Sonora, Tabasco y Tlaxcala, con miras a fortalecer las acciones encaminadas a la atención de las obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
La alerta tiene como fin implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres en los seis municipios de nuestra entidad federativa, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de sus derechos humanos, particularmente, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.
La alerta se emite con base en la investigación de un Grupo de Trabajo constituido para tal fin, en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las medidas son complementarias y no excluyentes, de las propuestas de acciones establecidas en el informe de conclusión derivado del procedimiento de solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Nayarit, mismas que fueron aceptadas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad .
El Grupo de Trabajo concluyó que la información remitida por el estado no constituye prueba suficiente para determinar que se ha dado un cumplimiento razonable a las mismas, durante el plazo de seis meses previsto en el artículo 38 del Reglamento antes citado.
En consecuencia, el gobierno de Nayarit deberá coordinar acciones interinstitucionales de seguridad, prevención y justicia y reparación, que permitan dar continuidad a la estrategia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con las autoridades de los seis municipios antes mencionados, deberán asumir, entre otras medidas, las siguientes:
1)Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos, la naturaleza y los alcances de la AVGM, mediante un esquema de comunicación accesible, diseñado con perspectiva de género e interculturalidad.
2)Diseñar una estrategia de recuperación de espacios públicos e implementar medidas de seguridad en zonas de alto índice de violencia contra las mujeres.
3)Elaborar un diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia, que busque identificar los problemas de cada región en esta materia.
4)Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.
5)Crear un programa de atención y reeducación para hombres generadores de violencia con perspectiva de género y enfoque pluricultural.
6)Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios se investigan y resuelvan con estricto apego al principio de debida diligencia.
Igualmente, se resolvió establecer medidas específicas para los municipios Del Nayar, Huajicori y La Yesca, de población mayoritariamente indígena, con independencia de que en estos últimos dos no se haya declarado AVGM.
Entre las medidas que tendrán que impulsar para esos dos municipios están diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetivo transformar patrones socio culturales que reproducen la violencia contra las mujeres, así como replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de esta problemática.
ALERTA DE GÉNERO: ¿QUÉ ES, CÓMO DEBERÍA OPERAR Y POR QUÉ NO SIRVE?
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (mejor conocida sólo como “Alerta de género”) es un mecanismo institucional del gobierno federal que, a partir de la petición de organizaciones civiles o de gobiernos municipales o estatales, despliega frente al incremento de la violencia contra la mujer: desde la discriminación hasta el feminicidio. La Alerta señala no a un estado completo, sino a municipios con la intención de “focalizar” los esfuerzos y los recursos (económicos, policíacos y, en teoría, culturales y educativos) para disminuir y, final -y teórica-mente, frenar la violencia.
Este mecanismo fue creado a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres A Una Vida Libre de Violencia, en 2007. Hoy, municipios de siete estados tienen activas Alertas de género: Chiapas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, mientras que en 14 la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres han iniciado procedimientos para promulgarla; los diez estados “libres”, no están, en realidad, libres de violencia de género o de feminicidios, sino que o las peticiones de alertas no han cumplido ciertos requerimientos o las mismas autoridades “maquillan” cifras para hacer pasar feminicidios como homicidios (lo que que reduce sus estadísticas y baja la atención sobre el tema localmente).
Con prácticamente todo el país en alerta de género, y con programas y presupuesto corriendo hacia los gobiernos estatales para frenar la violencia contra la mujer, ésta no disminuye, no se frena y, según el mismo Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), incluso se ha incrementado justamente en los estados “alertados”: Estado de México, Morelos y Sinaloa, en especial. El fracaso de un programa como este no debería de significar su cancelación, sino la revisión profunda de sus mecanismos jurídicos y, también, teóricos para entender la responsabilidad del Estado en los feminicidios.
Mecanismos burocráticos como la Alerta de género, a veces, atomizan los casos que enfrentan (o los municipios que cubren), pero el problema es que la violencia de género es una constante que no respeta límites municipales ni demarcaciones políticas. Cuando el mismo problema que se está buscando “solucionar” está imbricado en la forma como se relaciona en el día a día cada individuo: las relaciones de poder dentro de la familia o el acoso callejero normalizado, ¿cómo se podría encontrar las formas para solucionar esta crisis?
El feminicidio, incluso hoy, en pleno 2017, sigue siendo una categoría jurídica complicada para el aparato legal mexicano, más allá de que haya quienes no creen que el término sea “válido”, porque no hay “elementos de género” que hagan necesaria la diferenciación. En medio de una guerra que lleva diez años, no son pocas las historias de desapariciones y secuestros de mujeres, de crímenes contra mujeres migrantes o las redes de trata de personas controladas por el narco y permitidas por las autoridades. Urgen mecanismos que protejan a la población, que reconozcan los puntos débiles de su propia estructura y opere en consecuencia.
Lo que no urge, lo que no se necesita, es el aplauso y los cumplidos entre lod hombres en el poder mientras siguen muriendo mujeres por el mero hecho de serlo…hasta el lunes






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