Por Daniel Germán Rodríguez Flores

Marzo es para muchos el mes donde se conmemora a las mujeres. Ese es un motivo por el que sin duda debemos reflexionar sobre los temas pendientes que existen en la agenda pública nacional.

Aunque podríamos definir la inseguridad como el principal “talón de Aquiles” en el gobierno, es innegable que existen muchas más problemáticas que afectan estructuralmente a las mujeres, quizá siendo la más importante de ellas la discriminación.

Indudablemente la mujer ha sido objeto de exclusión durante décadas y pese a los avances en la materia, las estadísticas nos siguen arrojando que más de la mitad de la población del país es o ha sido discriminada debido a su sexo.

Aun así, la discriminación no es un tema que aqueja exclusivamente a las mujeres, las comunidades indígenas históricamente han sido excluidas en la toma de decisiones, su proceso de inclusión viene apenas manifestándose hace dos décadas, específicamente en 2001, cuando en la Constitución Mexicana reconoce a los pueblos indígenas como parte de la composición del país y les da el derecho de participar en instituciones públicas.

Si bien es cierto que esa medida ha venido a beneficiar mucho a los pueblos originarios, la realidad es que siguen existiendo carencias que han afectado al pleno desarrollo de sus habitantes, incrementando así la brecha de desigualdad entre ellos y las sociedades urbanas.

Es aquí el meollo del asunto, ¿qué pasa cuando una persona pertenece a dos grupos vulnerables a la vez? Las mujeres indígenas desafortunadamente sufren muchos más obstáculos que sus contrapartes hombres, o peor, que las mujeres de ciudad.

¿Cuántas diputadas indígenas conocemos? ¿existen al menos 10 presidentas municipales de procedencia indígena en todo el país?  La realidad es que no, y eso es un fuerte reflejo de una crisis cultural que padecen la mayoría de los pueblos indígenas de México. Si comparamos las tasas de alfabetización, grado de escolarización, salud o incluso de mortalidad observaremos que persiste una brecha abismal entre las mujeres de las urbes y las mujeres indígenas, el problema llega a tal, que incluso no existen cifras concretas de cuantos feminicidios se encuentran en estas comunidades porque prevalecen legislaciones como la autodeterminación de los pueblos que impide que los procesos políticos y judiciales se lleven con cabalidad en dichas zonas.

De este modo, la situación económica y social que aquejan las mujeres indígenas las torna particularmente susceptibles a diversos actos de violencia y las hace mucho más vulnerables que cualquier otro grupo en la sociedad. Avanzar en la materia no solo viene a representar un reto en la perspectiva política, sino también en la cultural. Es innegable, que las comunidades rurales todavía persisten una clara cultura machista que normaliza la violencia intrafamiliar y que ha puesto históricamente a la mujer en un papel secundario, no es de extrañarse entonces que involucrar una perspectiva de género en las comunidades indígenas será un trabajo titánico que pondrá en jaque el imaginario colectivo de los indígenas quienes buscan tajantemente que les respete culturalmente los hábitos que ellos preceden.

¿Qué hacer cuando un pueblo tiene roles en su comunidad que son socialmente inaceptables? ¿vale más la autodeterminación de los pueblos que hacer valer los derechos de la mujer indígena? Este cuestionamiento pone en tela de juicio los tratados internacionales que ha firmado México para el cumplimiento de la libre organización de los pueblos indígenas, pero también los tratados que garantizan la protección de la mujer y abrirle espacios para su protagonismo político y social.

Personalmente creo que ninguna vida puede valer menos que una norma cultural, porque la cultura no hace una sociedad, sino esta última a la cultura. Las mismas mujeres nos lo han demostrado. Antes, nuestros abuelos pensaban que una mujer no era apta para votar y que involucrarla en las decisiones públicas no generaría cambios estructurales. Ahora que vemos una realidad donde ellas son parte del gobierno, hemos visto una perspectiva moderna sobre su papel y la relevancia que tiene la pluralidad en la toma de decisiones.

La mujer indígena posiblemente no se encuentre en las marchas ni tenga una auténtica voz para exigir sus derechos. Es aquí donde está la labor de todos nosotros, el hablar por ellas y reconocerles el espacio que por derecho se merecen. Es posible que incluso falten décadas para que ellas puedan alcanzar los espacios que la mujer citadina ha logrado, pero dar en cuenta de la necesidad que tienen, es el primer paso para lograr que ellas también sean parte de las decisiones públicas.

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