Por Ernesto Acero C.

La libertad de expresión de la mano con la libertad de prensa, son la columna vertebral de la democracia. Son parte de las causas que se defienden desde la Secretaría de Gobernación. De ahí la pertinencia y potencial trascendencia de las acciones que se promueven desde el gobierno federal.

Fue un ejercicio no solamente enriquecedor, sino interesante y sobre todo, inédito. Me refiero a una sesión de trabajo en la que participaron comunicadores de Nayarit y defensores de los derechos humanos. Fue un tributo al diálogo. Diálogo respetuoso, tolerante, sincero, paciente y abierto.

Por esa acción realizada los pasados días 15 y 16 de marzo, es obligado reconocer el talante contemporizador de Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Escuchó pacientemente, mostrando un sincero compromiso en la defensa de los derechos humanos, con lo que es su área de responsabilidad.

La sesión tenía por objeto escuchar a los directamente involucrados en ambos temas. Escuchar con una finalidad concreta: plasmar el sentir de comunicadores en la elaboración de una ley que sirva para proteger a defensores de derechos humanos y de periodistas.

De entrada, se le propuso desde el Foro Libertad de Expresión, que la normatividad respectiva no debe plasmarse en una ley, sino en dos cuerpos normativos. En una de esas leyes, se debe plasmar todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos. En la otra, lo que debe quedar claro es todo aquello que se relaciona con la actividad periodística.

No tiene sentido, se le dijo, elaborar un solo cuerpo normativo para meter en el mismo saco a defensores de derechos humanos y a los profesionales de la comunicación. Así pues, no procede elaborar una ley, sino dos. Aquí se plantea la parte relativa a la actividad periodística.

Se le dijo al funcionario de Gobernación, que carece de sentido intentar proteger a los periodistas ya que están muertos o cercanos a tal condición. También se le señaló que lo que procede en el caso de los comunicadores, se relaciona más con la protección social que con la seguridad de corte policial. Para el caso de Nayarit, al menos, se le precisó que las dos últimas décadas, con altas y bajas, los periodistas han entrado en una espiral descendente de su calidad de vida.

En los años más recientes, son numerosos los periodistas que han pasado a mejor vida, pero no abatidos por las balas de la delincuencia. El gremio periodístico en el estado, se encuentra en el más completo desamparo en varios sentidos. Carecen de un ingreso formal, fijo o mínimo; carecen de la protección en materia de salud y carecen de cobertura contingente, solamente por mencionar algunos aspectos de ese desamparo en el que viven los periodistas del estado. De esa situación se salva un pequeño porcentaje y en cierta medida quienes se desempeñan en el sector público, en las áreas respectivas.

Se debe reconocer que solamente la buena voluntad de algunas personas ha servido para salvar de situaciones comprometedoras (y hasta la vida) a numerosos comunicadores. Mal haría si no se menciona el caso de personajes de la política que han apoyado a periodistas: para empezar el mismo Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, además del finado Lucas Vallarta, Raúl Mejía, Isabel Campos Ochoa, María Eugenia Jiménez Valenzuela, entre otras personas. La lista es larga aunque siempre insuficiente, y solamente revela la situación y el tipo de respuestas a las que se deben atener los periodistas.

Un buen número de informadores de Nayarit, han muerto en los últimos años por carecer de servicios de salud. La situación de los comunicadores es precaria en extremo. Tanto así que he insistido en señalar que en Nayarit, al menos, existen cuatro tipos de pobres: los pobres del medio urbano, los pobres del medio rural, los pobres de los medios indígenas y los periodistas, en ese orden de prelación.

Un buen número de esos periodistas que se arriesgan en las calles, que dedican su vida a informar, viven en franca colindancia con la pobreza extrema. Por tal motivo, si se desea proteger a los periodistas, lo que procede es crear una ley que promueva la actividad periodística y que proteja a los periodistas. En Nayarit han muerto más periodistas por abandono y pobreza, que abatidos por la furia delincuencial. Resulta grotesco, al menos para el caso de Nayarit, pretender crear una ley que proteja a periodistas que no necesitan ser atacados a balazos, pues el desamparo se convierte en arma de destrucción masiva.

Por otra parte, resulta incuestionable que en México puede más la voluntad que una ley. Cierto es que México es país de leyes, porque abundan, no porque se cumplan, dicho sea parafraseando a Gabriel Zaid. En ese mismo orden de ideas y en la línea de razonamiento del mismo autor, es verdad que la fe en la ley, es cercana a la que se puede tener en los clavos de Cristo. Solamente que en la ley no se puede confiar como sería deseable.

Los que ahora se muestran como flamantes defensores de la libertad de prensa y de los periodistas, son sepulcros blanqueados. La Ley General de Comunicación Social nació muerta y de inmediato enterrada. Sigue en esa condición, a tres metros bajo la más absoluta indiferencia y adornada con las flores de la demagogia y la hipocresía. En ese sentido, ¿tiene sentido crear otra ley que tampoco sirva de nada y que solamente alimente en sinsentido en esa materia? Más allá de una ley más para un país de abundantes leyes, lo que se requiere es voluntad y precisión en la toma de decisiones.

La tarea de don Enrique Irazoque es en extremo complicada, compleja y sin duda, impulsada por la buena fe. A la buena fe le debe seguir la buena voluntad. Creo que si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador da señales de solidaridad con el gremio, puede dejar una marca imborrable. No se trata de promover a los panfletarios, mercaderes y millonarios adalides de los intereses creados que se escudan en la actividad “periodística”. Se trata de promover la actividad de lo que podría ser denominado proletariado de la libertad de prensa. En tanto, esa retórica del “cuarto poder”, que se lo guarden.

Hasta donde tengo conocimiento, solamente en el estado de Guerrero existe un antecedente que puede resultar orientador e ilustrativo. Me refiero a la “Ley de Fomento a la Actividad de los Periodistas” promovida en el mes de junio de 1992, por el entonces gobernador de aquella entidad, José Francisco Ruiz Massieu. Esa ley fue abrogada en 2002, ocupando su lugar el Decreto Ley Número 463, “Para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado De Guerrero”. Se puede avanzar en ese sentido. Ya existe antecedente desde lo local (al menos uno). Creo pues, no estar descubriendo el agua tibia y espero que ese sentimiento sea compartido en el gremio y en el gobierno. La voluntad abrirá las puertas a un ejercicio democrático de la libertad de prensa. Esta serie de reflexiones han sido impulsadas por la actividad de la Secretaría de Gobernación. ¡Buen trabajo, don Enrique Irazoque Palazuelos! ¡Buen trabajo, Secretaría de Gobernación!

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