Desde la Coparmex nacional, se hace un llamado a la sociedad y empresariado, para que participen en la consulta pública del anteproyecto de “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones”, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó el dirigente del Centro Empresarial de Nayarit, Alejandro Valdés Menchaca.
Indicó, que este proyecto reingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el pasado 04 de marzo, y que pretende reducir de 90 a 5 días el plazo para subsanar anomalías detectadas en inspecciones laborales, por lo que será́ sometido a una consulta pública que, de acuerdo con la Ley General de Mejora Regulatoria, deberá́ estar abierta hasta el 04 de abril de 2022.
Valdés Menchaca asentó que, desde el inicio, se consideró que la modificación es excesiva, y casi imposibles de cumplir, además que pondrá́ en riesgo la viabilidad de las empresas, al generar una sobrecarga adicional para atender observaciones que les eviten multas y sanciones. Agregó, que la actual propuesta debe ser transparente, y aclarar términos y conceptos -particularmente- para que exista una distinción que permita diferenciar los riesgos de los centros de trabajo por el tipo de actividad que realicen y las características, ya que los riesgos laborales son diferentes para empresas pequeñas y grandes.
El líder empresarial dijo que para la Coparmex es primordial la seguridad de sus trabajadores y de sus instalaciones, por lo que se debe atender de manera inmediata, los posibles riesgos o anomalías detectadas por los inspectores laborales para evitar cualquier situación que ponga en peligro la integridad física de las y los colaboradores. “El que la autoridad imponga un tiempo tan reducido dificultará gravemente el cumplimiento de la regulación, sobre todo porque no se considera, que algunas observaciones pueden demorar más tiempo que otras en atenderse y hacemos un llamado a la Conamer, para que se cumpla con el tiempo establecido para la consulta pública y se escuche a los ciudadanos y empresarios, antes de su dictaminación,”, subrayó.
