Por Ernesto Acero C.

La figura de revocación de mandato fue una propuesta de fines del siglo XX. No fue una novedad. Se propuso en el plano nacional y en el plano local. La propuesta una y otra vez fue retacada en la congeladora. La figura fue propuesta de campaña del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y luego esta se convirtió en iniciativa legislativa. Finalmente, el 15 de septiembre de 2021 entró en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada un día antes en el Diario Oficial de la Federación.

La citada ley es producto del imperativo constitucional federal, plasmado en una reforma constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. Esta reforma a la Constitución Federal fue publicada antes, el 20 de diciembre de 2019. La ley reglamentaria debió haberse expedido a fines de junio de 2020. El mandato constitucional fue burlado, como consecuencia de los juegos palaciegos en el Legislativo. Naturalmente, nada ocurrió.

Los juegos palaciegos, alejados de la problemática cotidiana de millones de mexicanos, llevaron a burlar el mandato constitucional por razones electorales. La idea original consistía en hacer concurrente la consulta para la revocación de mandato del Presidente, con la elección legislativa federal intermedia. Eso podría haber incrementado los costos de la consulta de revocación, tan solo en lo concerniente a una boleta más.

Los impulsores de la tesis de las elecciones concurrentes (fundada en absolutamente nada), se opusieron a que la consulta de revocación fuese concurrente por el miedo a la popularidad del Presidente López Obrador. La oposición a una consulta concurrente, derivó en elevadísimos costos que se expresan en cifras multimillonarias.

La modificación de los tiempos para realizar el ejercicio de la revocación, llevó a elevar los costos de la misma. Luego, tras el recorte al monto solicitado para realizarlo, se debieron violentar los dispositivos expresados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución misma. Ahora, en lugar de censo lo que se hace es un muestreo. Claro, se hace lo que se puede, no lo que disponga la Constitución o las leyes.

No es la primera ocasión en la que se violentan las disposiciones constitucionales. Tampoco es la primera vez en la que nada ocurre como consecuencia. Pero hay más allá de eso.

Lo que se observa es una polarización de las posiciones de los grupos que detentan el poder público. Ahora, los adalides de la contra-revocación pretenden descarrilar un ejercicio ciudadano que se prevé, será desairado. Lo dispuesto por legisladores, para promoverla, fue echado abajo en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral.

Ahora se lamentan de los elevados costos, luego de que por miedo se opusieron a que el ejercicio se realizara de manera concurrente con las elecciones legislativas intermedias.

En Nayarit ya se vivió una elección desairada, quizá la más en toda la historia electoral del estado y del país. Me refiero a la elección extraordinaria de una fórmula de Senadores, a la que asistió menos del 15 por ciento de los electores con derecho al voto. No sorprendería que ocurriese algo semejante en este caso, en el de la revocación de mandato.

El asunto merece un análisis pormenorizado. Ahora, que se ha propuesto de manera incipiente una reforma electoral, seguramente que deben abordarse temas cruciales para las finanzas públicas, para el sistema electoral y para la representación de la soberanía popular.

El sistema electoral originado con la reforma constitucional de 2014, debe ser sometido a una profunda crítica. Las elecciones concurrentes realmente no redujeron costos de las elecciones. En cuanto a la fiscalización, las cosas empeoraron, pues la vigilancia de origen y destino de los recursos aplicados a campañas electorales, en tales condiciones, requiere de un monstruoso equipo de vigilantes. Los órganos electorales locales no mejoraron en su calidad ciudadana tras la reforma: deben desaparecer. La misma reforma de 2014, evadió un tema que debe retomarse: el recorte del número de legisladores federales tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

La incorporación de la figura de candidatos independientes derivó en un fracaso rotundo. El carácter nugatorio de las reglas se observa en el financiamiento, en la fiscalización, en el acceso a los medios de comunicación, etcétera. En este plano se deben procurar cambios radicales que no deben ser filtrados por quienes detentan el control de las siglas “partidistas”.

La revisión del modelo de representación amerita grandes cambios. La percepción ciudadana es reveladora de lo que ocurre en ese espacio de la vida pública. Las personas, en buena medida, no se sienten representados por sus diputados o por sus Senadores. Las personas quedan reducidas a meros electores, sin el poder para reclamar el cumplimiento de propuestas de campaña o más, para acceder a los cargos de representación popular.

Las autonomías son un mito genial que no se plasma en la realidad. Ni siquiera la igualdad hombres-mujeres es verdadera en términos democráticos. Las imposiciones han adquirido un nuevo rostro: el de las cuotas por diversas razones. Esas imposiciones las sufren las mismas mujeres que ven cómo se asignan candidaturas (o cargos púbicos) al margen de la lógica ciudadana.

En ese contexto se realiza el ejercicio “ciudadano” de consulta para la revocación de mandato. Se trata de un contexto que poco puede mostrar de naturaleza democrática. Poco democrática y escasamente constitucional.

Las modificaciones que requiere el modelo de representación política, deben ser radicales. De seguir en la lógica de la simulación, no procede mostrarse pasmado ante los resultados de una consulta como la que se realizará.

Un escenario de simulación democrática lleva a conclusiones duras a diversos sectores. Las consecuencias de esa simulación pueden ser catastróficas. Resulta imposible hablar del pasto seco del vecino, cuando en el jardín propio el pasto no crece más verde. Cuando la moral se convierte en el árbol que da moras, todo lo peor se puede esperar. No se puede exigir a los demás que se comporten democráticamente cuando se actúa de manera anti-democrática.

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