Y sin embargo, los morenistas han optado por culpar a la oposición como si los hubiera engañado y traicionado arteramente; como si lo ocurrido en la Cámara hubiera sido una sorpresa total para ellos. Sin pensarlo mucho (o más bien nada) la han acusado, nada más y nada menos, que de “traición a la patria”, y han iniciado una campaña de hostilidad y odio en su contra, entre sus seguidores y el público que solo se informa en las “mañaneras” del Presidente, campaña que pone en riesgo la integridad física y moral de los diputados de la oposición y sus familias. Se han volcado, además, a repartir por todo el territorio nacional, y a través de las redes sociales, carteles con la fotografía de los “traidores” claramente copiados de los del viejo oeste norteamericano para capturar a delincuentes fugitivos. Solo falta el pie de foto con la famosa leyenda: “dead or alive”.
Quizá para algunos la cosa resulte chusca (algo tiene de ridícula), pero la verdad es que se trata de algo amenazador para la paz social. La traición a la patria es un delito grave que la ley castiga severamente, incluido el presidente de la República. Por tanto, si el presidente de Morena, Mario Delgado, y su secretaria general, Citlalli Hernández, tienen pruebas fehacientes de que la oposición es culpable de tal crimen, están obligados a denunciarla ante la autoridad competente e iniciar de inmediato su proceso de desafuero. De no hacerlo así, o bien se demostrará que son simples e irresponsables injuriadores profesionales, o bien se harán cómplices del delito por encubrimiento.
Pero este ataque al 50% de los integrantes de la Cámara de Diputados, libremente electos por la voluntad popular para que representen sus intereses en esa instancia, va más allá de lo puramente legal. Es un salto de calidad en la política de confrontación y de exacerbación de los odios por diferencia de opinión entre los mexicanos, atizada desde sus “mañaneras” por el presidente López Obrador. Esta campaña, como sabemos, no se limita al discurso agresivo e injurioso, sino que, casi siempre al ataque verbal, le siguen sanciones, bloqueos institucionales a todos los niveles e instrucciones para negar o suprimir derechos y beneficios sociales a las personas y agrupaciones previamente heridas e infamadas verbalmente, aunque se ponga en riesgo su vida misma.
A continuación, algunos ejemplos de lo dicho. Supresión del Seguro Popular, las guarderías para hijos de trabajadoras y los comedores comunitarios; eliminación del FONDEN y de los fideicomisos para proyectos transexenales de varias instituciones; los recortes salariales de la burocracia que ganaba más que el presidente; la ley de extinción de dominio; la ley que equipara el fraude fiscal con el crimen organizado; el absurdo e inconstitucional aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva; la escasez de fármacos por cambios apresurados en los métodos de adquisición anteriores; la falta de insumos y de equipo de protección adecuado para el personal de salud ante la Covid-19; la negativa a adquirir y aplicar pruebas para detectar los contagios, que ha provocado ya 350 mil muertes; padres y madres de niños con cáncer acusados de conspiradores; movimiento feminista; movimiento de protesta de quienes se quedaron sin medicinas en el IMSS; movimiento de los ambientalistas contra daños ecológicos del Tren Maya; los desplazados de sus ejidos y comunidades por la violencia del crimen organizado; los médicos despedidos que fueron contratados por la emergencia de la Covid-19; los periodistas acusados y satanizados por el presidente; los investigadores acusados y perseguidos por “corrupción”; los estudiantes que defienden la democracia y la autonomía de sus instituciones, etc., etc.
Y ahora van contra los diputados (que, por cierto, no me explico qué esperan para plantear su defensa colectiva y no individual). Los diputados de oposición (al menos con el mismo grado de autenticidad que los de Morena, aunque Mario Delgado haga mofa de ellos) representan una parte muy significativa (si no es que mayoritaria ya) del pueblo mexicano. Acallarlos con acusaciones infamantes, con amenazas de cárcel o de linchamiento por los “chairos”, es acallar y amenazar al pueblo representado por ellos. Mario Delgado les lanza la ironía de que, si representan al pueblo, por qué temen que éste conozca el sentido de su voto. Por lo visto, no se ha puesto a pensar que si alguien azuzara a sus incondicionales en contra de él, se vería en muy serios aprietos si, por mala suerte, alguna vez los tuviera en frente o se encontrara de pronto en medio de ellos. ¿Querría decir eso que su representación es espuria?
La guerra contra la oposición es contra el pueblo y niega su derecho a elegir libremente a sus representantes; el derecho a disentir de toda o de parte de la política del gobierno y a oponerse a las medidas derivadas dictadas por él. Con esto, lo están reduciendo a la desesperación y a la impotencia frente al poderoso aparato del Estado, frente al Leviatán del Estado que casi nunca está al servicio de sus intereses. Y cuando esto ocurre, cuando los pueblos encuentran cerradas todas las puertas y todos los caminos legales y pacíficos para resolver sus necesidades y, por añadidura, se desconoce su derecho a la representación, la sociedad se halla, si no al borde de la guerra civil, sí en el camino que conduce a ella. ¿Es eso lo que busca Morena?
Más de una vez, aunque de manera elíptica, el presidente ha dicho que no encabeza un simple cambio de régimen sino una revolución; que su gobierno es el gobierno del pueblo y que es éste el que manda en el país. Pretende justificar así el autoritarismo represivo de su gobierno llamándolo “dictadura revolucionaria del pueblo”, algo así como la dictadura del proletariado que Marx expuso a raíz del fracaso de la Comuna de París. En esta idea se enmarcan las amenazas a los diputados: es una acción legítima que busca someter a los “enemigos del pueblo” en nombre del pueblo y para bien del pueblo.
Pero si tratamos al marxismo como lo que es, como una ciencia, según dijo Engels, resulta que no hay revolución “popular”, porque el pueblo no es una clase, sino una amalgama heterogénea de clases que se identifican por ser todas asalariadas, aunque con distintos niveles de ingresos. El pueblo homogéneo, sin divisiones de clase en su interior, es resultado y no condición previa de la verdadera revolución proletaria. Y en la 4T, por mucho que se diga y se repita, yo no miro ni obreros ni “pueblo” al frente del Estado, sino a un iluminado (Muñoz Ledo dixit) al que sus discípulos y seguidores creen (o fingen creer) a pies juntillas, y obedecen sus órdenes como autómatas carentes de voluntad, por convicción o por conveniencia. Esto no es dictadura popular ni proletaria, sino una dictadura personal, una autocracia que insiste en llevar a México a donde su “sabiduría” y su voluntad infalibles le sugieren. Si seguimos por este camino, el riesgo de una guerra civil se hará cada vez más patente y amenazante. Ojalá nos detengamos a tiempo.