Por Salvador Cosío Gaona
Ocho años después, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó el jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 “constituyó un crimen de Estado” y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y ya han derivado en la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam.
El informe estableció que en el crimen “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada “verdad histórica”.
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
Familiares de las víctimas desconfiaron de esta versión y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la PGR no había “atendido adecuadamente la línea de investigación”, demostrando la existencia de “una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano”.
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a “encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes” y pocos días después anunció la creación de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, dice el informe reciente de la CVAJ.
Solo los restos de tres estudiantes de los 43 desaparecidos han sido identificados hasta la fecha. La Comisión de la Verdad insta a continuar la búsqueda e identificación de restos.
Qué otras conclusiones sacó el informe?
Veintiséis personas claves vinculadas al caso han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó “un crimen de Estado”, el informe también apunta que:
Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas
El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado
Existen indicios suficientes para que la FGR (fiscalía general de la República) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y funcionarios federales
No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos
Encinas aclaró que el expresidente Peña Nieto no se encuentra entre los individuos para tal “deslinde de responsabilidades”.
Y solo un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fue “un crimen de estado”, este viernes fue detenido el que fuera fiscal de México en aquel momento, Jesús Murillo Karam.
La Fiscalía confirmó en un comunicado que la aprehensión se llevó a cabo “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso ‘Ayotzinapa'” y que será puesto a disposición judicial. El gobierno anunció su traslado a una prisión de la capital mexicana.
Como titular de 2012 a 2015 de la entonces llamada Procuraduría General de la República, Murillo Karam fue máximo responsable de la investigación y principal defensor de la conocida como “verdad histórica”.
Dicha versión apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam al presentar sus conclusiones a inicios de 2015 y popularizando desde entonces dicha denominación para referirse a la versión oficial.
Poco antes, había pronunciado otra de las frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud de críticas y protestas. “Muchas gracias, ya me cansé”, respondió a una pregunta en una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación.
Solo tres meses después, Murillo Karam renunció a su cargo.
Tras las múltiples críticas hacia la “verdad histórica” por parte de familiares de las víctimas y organismos internacionales. la Fiscalía General de la República descartó en 2020 su validez y solicitó el arresto de 46 exfuncionarios.
La de Murillo Karam es la primera detención de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe la verdad.
El paradero de los estudiantes es desconocido y solo los restos de tres de ellos fueron identificados.
Tras conocerse el informe y antes de la detención de Murillo Karam, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había asegurado que el caso “no está cerrado” y abogó por “castigar a los responsables” para “la no repetición”.
“La Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia”, dijo, a la vez que aseguró que se insistirá solicitando la extradición de Zerón desde Israel.
Tras la detención del exfiscal, la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa donde estudiaban los jóvenes desaparecidos pidió en conferencia de prensa que se encarcele a todos quienes estuvieron implicados en la creación de la “verdad histórica”.
“Es una vergüenza, así es como se quiso dar carpetazo a los hechos”, dijeron algunos de sus miembros, que exigieron conocer el paradero de sus compañeros y que se acelere el proceso de extradición de Zerón.
El sobreviviente de la noche de la desaparición y actualmente diputado del partido gubernamental Morena, Manuel Vázquez, dijo que el arresto de Murillo Karam representa un alivio para las familias de los 43 estudiantes y que esto confirma que se tenía razón al señalar a funcionarios de alto nivel como responsables.
Entrevistado en Milenio TV, el diputado dijo que espera que se genere un “efecto dominó” y se lleve a cabo ahora la detención de otros perfiles de alto nivel involucrados en el caso.
Será interesante observar el proceso judicial que llevará Murillo Karam para saber si se trata solo de una cortina de humo más, de esas que tanto gustan al actual gobierno, o si tendrá un proceso justo y apegado a derecho.
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