Volantín | Ayotzinapa y la Reforma Electoral son temas en el extranjero

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Por Salvador Cosío Gaona

En medio de una Guerra entre Rusia y Ucrania que se ha tornado cada día más impredecible y constituye ya una amenaza o al menos un peligro latente para el resto del mundo; así como de las pruebas con misiles de los norcoreanos; y del conflicto entre China y los Estados Unidos, y otros tantos sucesos que resultan del mayor interés para el planeta, nos encontramos con que para “Los Ángeles Times” es atractivo el polémico tema del caso Ayotzinapa, lo mismo que para “The Miami Herald”, la propuesta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello les dedican amplios espacios en sus páginas. 

 La periodista Fabiola Sánchez de Associated Press, escribió:

El caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial, y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales.

Así lo evidenció el lunes el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una exposición en la que cuestionaron la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que dirige el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Tras un peritaje de las 467 capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, que se incluyeron en el informe de la comisión gubernamental, los expertos reconocieron que la prueba presenta “inconsistencia” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron.

“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”, plantearon los expertos en su informe.

Ante las inconsistencias Carlos Beristain, integrante del grupo internacional, afirmó tajante que los mensajes de WhatsApp “no pueden considerarse como una prueba digital”.

Encinas presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los especialistas también se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, y admitieron que ha surgido una confusión al tratar de vincular esas acciones de la Unidad Especial de la Fiscalía General que investiga el caso con el documento de la Comisión de la Verdad, e insistieron en que “no hay ninguna relación” entre las órdenes de detención y el informe de Encinas, pese al que el gobierno ha tratado de relacionarlos.

La suspensión de parte de las órdenes de captura, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, precipitó la renuncia en septiembre del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019.

Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.

Al respecto el grupo de expertos admitió que la salida de Gómez Trejo puede ocasionar retrocesos importantes en las investigaciones, y poner en riesgo varias de las órdenes de captura debido al escaso conocimiento sobre el caso que tiene ahora la Unidad Especial de la Fiscalía General.

En los últimos dos meses han sido arrestadas unas cinco personas, entre ellas tres militares, por su presunta vinculación con el caso.

 Una de las detenciones más importantes fue la de Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso en agosto por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

A mediados de septiembre también fue detenido el general retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que enfrenta cargos por delincuencia organizada. Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.

Tras admitir que el proceso enfrenta una situación grave, el grupo exhortó a las autoridades a “retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables”, y dar una respuesta a las familias y la sociedad mexicana “sin esconder, minimizar o alterar investigaciones”.

La especialista Angela Buitrago aprovechó para reiterar las críticas del grupo contra la Secretaría de la Defensa Nacional a la que señaló de no proporcionar todas las informaciones clave que tienen del caso, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las fuerzas armadas apoyar en las investigaciones.

Durante la exposición Beristain anunció que el grupo, que se creó hace cuatro años por un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y Estado mexicano, se reducirá a dos miembros quienes continuarán bajo un mecanismo provisional de seguimiento del proceso por un par de meses.

Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero sólo se encontraron restos de tres. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga.

El caso Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia, según los expertos.

 Y como ya mencionaba, más allá de nuestras fronteras igualmente comienza a preocupar la pretendida reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dejó ver nada menos que el prestigiado periódico “The Miami Herald”, que el pasado lunes 31 de octubre tituló “Un golpe a la democracia en México”, del editor para América Latina y columnista Andrés Oppenheimmer, quien también conduce el programa “Oppenheimer Presenta” en CNN en Español.

 Aquí comparto el texto íntegro:

 Aunque todavía no es una noticia muy difundida internacionalmente, hay un alarmante plan del gobierno de México que podría marcar el fin de la democracia en el país. Se trata de la iniciativa presidencial de desmantelar la muy respetada institución autónoma que regula las elecciones mexicanas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha jugado un papel clave en la transición de México a la democracia desde finales de los años noventa, cuando se convirtió en una institución independiente. Desde entonces ha garantizado elecciones libres y justas en un país que antes de 2000 había estado gobernado por un partido hegemónico durante siete décadas. Pero ahora, el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere desmantelar el INE y reemplazarlo con un organismo electoral mucho más pequeño y débil. La mayoría legislativa del partido de López Obrador, Morena, aprobó el 26 de octubre crear una comisión de 21 miembros para poner en marcha una reforma política que reemplazaría al INE por una institución más pequeña, recortaría los fondos públicos y el tiempo en los medios para los partidos políticos, y eliminaría 200 de los 500 escaños de la cámara de diputados. El Congreso mexicano tiene programado debatir esta reforma a fines de noviembre, cuando pocos mexicanos estarán prestando atención: es cuando la selección mexicana jugará contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita en la Copa Mundial en Qatar.

 López Obrador, al igual que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene criticando desde hace mucho tiempo el sistema electoral de su país. Comenzó a hacerlo tras perder una apretada elección en 2006. Sin embargo, el INE es sumamente respetado dentro y fuera de México. El presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Tim Kaine (D-Virginia), me dijo días atrás que “disolver el Instituto Nacional Electoral en México sería un grave error y otro gran revés para la democracia en México”.

 Kaine me señaló por correo electrónico que “un proceso electoral creíble administrado por instituciones independientes” es fundamental para la democracia. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, me dijo que “la idea de desmantelar el INE es más que preocupante”. Agregó que el INE ha sido “una de las autoridades electorales más sólidas del mundo”, y que sus autoridades han sido llamadas por países de todas partes para ayudarles a garantizar elecciones justas. “Es parte de los esfuerzos de López Obrador para debilitar o eliminar los entes reguladores independientes”, me dijo Jacobson. “Las democracias fuertes necesitan instituciones fuertes e independientes. Y estas se están muriendo en México”.

 La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, dio a conocer un informe el 22 de octubre en el que concluye que el plan de López Obrador “podría comprometer el funcionamiento imparcial e independiente” del organismo electoral mexicano. Daniel Zovatto, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), una organización no gubernamental con sede en Suecia, me dijo que la ofensiva de López Obrador contra el INE es “muy grave, preocupante y peligrosa”. Agregó que “también podría tener un impacto muy negativo en otros países de la región”. El argumento de López Obrador de que quiere achicar el INE para ahorrar dinero es ridículo, considerando las fortunas que se ha gastado en proyectos faraónicos, que en varios casos son muy cuestionables. López Obrador ha gastado 18.000 millones de dólares en la construcción de la controvertida refinería de petróleo Dos Bocas, en momentos en que los expertos vaticinan el ocaso de las fuentes energías fósiles, y países como Arabia Saudita están tratando de diversificar su economía para dejar de depender del petróleo. Comparativamente, el presupuesto anual del INE de $706 millones de dólares ha sido una de las mejores inversiones de México para garantizar su estabilidad democrática, que es la base de cualquier país para atraer más inversiones. No nos engañemos: desmantelar el INE haría regresar a México a los viejos tiempos en que había un partido gobernante todopoderoso que podía dictar las reglas electorales a su antojo. La única diferencia sería que, esta vez, el que estaría al timón sería López Obrador.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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