Por Pablo Hernández | Diego Mendoza
A través de la costa, las marismas e incluso en la sierra, o en los lagos de Nayarit, es común ver a los más de mil 100 trabajadores que en la entidad dedican su vida a la acuicultura, una actividad que cambia la tierra por el agua para cosechar alimento, principalmente de camarón, ostión o tilapia en la entidad.
Tanto en agua dulce, como en agua salada, las granjas de acuícolas se establecen con la finalidad de cultivar mariscos que abastecen las demandas de comercialización, o bien de autoconsumo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo semestre de este 2022, mil 106 personas se dedican a esta actividad, con un ingreso promedio de 7 mil 100 pesos.
De acuerdo con la misma encuesta, durante el último año, esta actividad habría ganado adeptos, al crecer su fuerza de trabajo en más de un 144 por ciento, a pesar de esto el ingreso por esta actividad disminuyó en un 3.36 por ciento. Lo cual puede estar relacionado, al hecho de que ocho de cada diez trabajadores de este sector se encuentran en la informalidad.
La Comisión Nacional de Pesca estima en su último informe presentado en el año 2020, que en la entidad existían 400 unidades de producción acuícola, que junto a la actividad pesquera, generaban más de 70 mil toneladas de producción.
Lo cual permite a Nayarit colocarse como uno de los líderes nacionales en la producción de camarón y ostión principalmente.
No obstante, aunque muchos consideran que la actividad milenaria de la acuicultura puede ser sustentable y clave para lograr la seguridad alimentaria de las naciones, especialistas también advierten que una mala praxis puede generar terribles daños a los ecosistemas.
El uso de pesticidas y antibióticos se ha vuelto común en las producciones masivas de esta actividad, que terminan por daños los fondos de las zonas dedicadas a este tipo de explotación. Asimismo, la alta demanda genera en ocasiones que ecosistemas sean destruidos por completo, como el caso de los manglares que, a pesar de ser escudos ante los ciclones, terminan cediendo en la tala para abrir a las granjas camaroneras, que terminan acaparando zonas de gran valor, sin que necesariamente genere beneficios para la población local.
Situación que ha llevado a la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, a reiterar su desacuerdo con la construcción de este tipo de espacios de explotación: “Son las obras que actualmente provocan los mayores daños a las condiciones hidrosedimentarias del humedal al alterar todos los patrones de circulación y sedimentación del Área Natural Protegida”.
En el caso de Nayarit, en octubre pasado, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero advirtió que más de 700 granjas camaroneras operan en la ilegalidad, además de que se han identificado 300 tapos estuarinos que fueron colocados sin autorización oficial, la mayor parte de estas unidades de producción en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan y San Blas.
“Si no nos atrevemos a actuar, la situación se deteriorará aún más. Debemos enfrentar todos los escenarios para evitar que la riqueza del medio ambiente se vea mermada en Nayarit”, advirtió el mandatario estatal al señalar que estarían presionando a las dependencias federales para poner orden en este tema.
