Volantín | SCJN propina nuevo revés al Ejecutivo

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Por Salvador Cosío Gaona

Aunque el presidente haga puchero y berrinche, su propuesta tenía origen en una inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de La Nación actuó de manera apegada a derecho al invalidar  una reforma publicada en noviembre de 2019 con la que los delitos de defraudación fiscal, contrabando y simulación de operaciones con comprobantes fiscales (factureros) fueron añadidos al catálogo de los ilícitos que merecen prisión preventiva de oficio.

 Por mayoría calificada, la Corte invalidó la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en los artículos 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional. 

 De tal suerte que no se considerará a los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las facturas falsas, como un ataque a la seguridad nacional.

Dada la votación, ahora, las personas acusadas por estos delitos podrían recibir la figura de prisión preventiva, pero con carácter de justificada; es decir, cuando lo determine un juez.

 Una vez realizado el resumen de los votos, la ministra Yasmin Esquivel aclaró que la interpretación del artículo 19 constitucional, la cual proponía eliminar la prisión preventiva oficiosa solo obtuvo 6 votos, por lo que se aclara que ésta figura va a seguir vigente en los siguientes casos que se contempla en la ley.

 Durante la discusión del proyecto, la ministra Norma Piña argumentó su voto a favor del proyecto, al destacar que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. Aclaró que no cualquier actividad delictiva que afecta a la sociedad, como sería a grandes rasgos las seguridad pública, puede ser catalogada como una amenaza de seguridad nacional, sino solo aquella que, efectivamente suponga un riesgo actual a la existencia e integridad del Estado.

“En este caso concreto, considero que los delitos fiscales no tienen como bien jurídico tutelado la seguridad nacional, por lo que las circunstancias de que se le incluya en una lista en la que se consideren conductas que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, no implica que cambie el bien jurídico que protegen y, por tanto, se incluyan dentro de los delitos correspondientes a la prisión preventiva oficiosa”, expuso.

 En una de sus intervenciones, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, se pronunció por la invalidez de las normas planteadas, pero se apartó de las consideraciones que la sustentan. 

“Yo coincido con la invalidez de las normas planteadas, sin embargo, respetuosamente me separo de las consideraciones en que se sustentan. Especialmente, no comparto el parámetro de constitucionalidad y tampoco la interpretación de la figura de prisión preventiva oficiosa que se nos propone”, razonó.

 El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó los detalles de su votación.

“Simplemente quiero señalar que estoy a favor del proyecto. Me aparto de las consideraciones que tienen que ver con el parámetro de control y anuncio un voto concurrente”, explicó.

 Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos integrantes de la Cámara de Senadores, el Pleno de la Corte acordó mantener la prisión preventiva oficiosa, excepto para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y factureros.

 Y si bien se determinó que tales delitos no representan un ataque a la seguridad nacional, se concertó que esta figura no se aplique de forma automática, sino justificada, por lo que se declaró la validez del artículo 113-Bis del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 113 Bis. – Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 Al término de la sesión pública, el ministro presidente Arturo Zaldívar, comentó que con la votación, concluye uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de la Corte.

“Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía e independencia y que cada uno de los ministros votan y argumentan en absoluta libertad de acuerdo a sus convicciones, entendimiento de la Constitución y derechos humanos que tienen como misión proteger”, anotó.

“La SCJN, más allá de lo que se diga de manera mal intencionada, demuestra una vez más estar a la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México”, expresó el ministro presidente.

 Y como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador explotó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su resolución de invalidar la medida de prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. De una “vergüenza”, “lamentable” y “de pena ajena”, calificó el mandatario federal la decisión.

“Es muy lamentable, es una vergüenza, con todo respeto. Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco”, lanzó el presidente en su conferencia de prensa de este viernes.

 El presidente de la República calificó como “un mal día” el pasado jueves porque la mayoría de los ministros decidió invalidar una parte de la reforma de 2019 que él impulsó.

“Ayer sí Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la Justicia. No es posible eso”, comentó.

 Durante su gobierno, el presidente ha sido un constante crítico de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que más que defender los intereses de los mexicanos, protegen a potentados.

“¿Qué significa eso que hicieron? Que de una o de otra manera le dan impunidad a los que defraudan la Hacienda Pública y defraudar la Hacienda Pública es defraudar al pueblo porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la Hacienda Pública, menos presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría, ¿eso es justicia?”, cuestionó.

 Los únicos votos en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa a quienes cometan delitos fiscales fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, hecho que también fue reconocido por el presidente.

“Dos mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena”, dijo.

 Como ya se dijo, con la resolución de la Corte, quienes sean acusados por delitos fiscales, podrán ser sujetos a prisión preventiva, pero con carácter de justificada; es decir, cuando lo determine un juez.

Para el presidente, ello, es muestra de una “caricatura de Estado de Derecho”.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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