Volantín | “Fue Claudia”, pero no caerá

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Por Salvador Cosío Gaona

Será la Fiscalía de la Ciudad de México, quien llevará a cabo las pesquisas en torno al choque de trenes de la Línea Tres del Metro ocurrido el pasado sábado en la capital del país, durante el cual se registró el lamentable deceso de una joven de 18 años de edad y 106 personas resultaron  heridas. La cuestión es que no existe plena confianza de que esta instancia resuelva con apego a la justicia, a sabiendas que bajo la égida de la polémica funcionaria Ernestina Godoy, la Fiscalía se ha tornado en una oficina de trámites a favor de la Jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien aparece y es señalada severamente como la principal responsable ante su evidente negligencia para brindar mantenimiento adecuado y oportuno a los servicios de transporte relativos al Metro. 

 Ernestina Godoy ya tiene en su escritorio una denuncia penal en contra de su amiga, Sheinbaum, y no tengo duda saldrá exonerada y limpia de cualquier acusación en su contra, mientras que los que caerán, como suele ocurrir, serán chivos expiatorios. 

 Sin embargo, bien vale la pena revisar lo que jurídicamente corresponde respecto del accidente y la actuación del Gobierno capitalino. Por ello comparto a continuación este muy completo trabajo al respecto publicado por Alto Nivel.

 “Los delitos de homicidio culposo de una persona y lesiones a otras 106, faltas de carácter administrativo, así como el pago de daños y perjuicios, son algunas de las responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México por el accidente ocurrido en la línea 3 del metro capitalino, registrado el sábado pasado cuando dos convoyes de ese transporte chocaron entre las estaciones La Raza y Potrero.

 Si bien los delitos por los que pudiera acusarse a los funcionarios encargados del mantenimiento y seguridad del metro deben ser determinados por la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana, existe una responsabilidad patrimonial del Estado que obliga a las autoridades a pagar una indemnización a los lesionados, y a los deudos de la joven de 18 años que falleció en el percance.

La responsabilidad patrimonial del Estado es aquella que existe cuando, derivado de una actividad que lleva a cabo un gobierno, en este caso el de la Ciudad de México, se ocasionan daños y perjuicios a los ciudadanos, independientemente de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que en particular pudieran tener algunos servidores públicos.

Es por eso que todos los heridos, aunque sus lesiones no sean graves, así como los familiares de la mujer que perdió la vida, tienen derecho a una indemnización porque el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum llevó a cabo una actividad administrativa irregular.

 La Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México es clara al respecto: Las víctimas del accidente ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo Metro no solo sufrieron un menoscabo en su salud e integridad física, sino que, debido a que el servicio gubernamental presentó un funcionamiento irregular, también se actualiza un daño emergente, lucro cesante, además de daños morales y personales.

El daño emergente es aquel que se registra por la pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los particulares, como consecuencia de una actividad administrativa irregular de los entes públicos. A su vez, el lucro cesante es la privación de cualquier ganancia lícita que dejarán de percibir los lesionados de este accidente, y la familia de la joven fallecida.

No importan las causas

Independientemente de las razones, orígenes o causas, el accidente en la línea 3 del metro no puede considerarse un caso fortuito, tal y como ocurrió en mayo de 2021 con el colapso de un tramo de la línea 12 del mismo transporte, pues este percance ya no es una excepción, ni es un acontecimiento que no podía preverse o evitarse.

Los problemas que se tienen en toda la red del metro de la Ciudad de México son numerosos y notorios, enfatizándose la falta de mantenimiento, el rezago en los sistemas de seguridad, y las fallas constantes en la infraestructura automatizada del transporte.

Así, los lesionados en el accidente no solo deben recibir atención médica general y especializada, y en su caso quirúrgica, además de las correspondientes medicinas, sino que el gobierno de la Ciudad de México también tiene la obligación de proporcionarles servicios psicológicos que les ayuden a superar los trastornos de estrés postraumático que pudieran sufrir, junto con una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Estos últimos son todos los menoscabos o detrimentos de carácter material y moral que sufren las personas a partir de que un agente externo transgrede la ley. Justo lo que ocurre con este accidente: Las normas jurídicas establecen que los servicios públicos deben prestarse con diligencia y medidas de seguridad adecuadas,cuando esto no ocurre, hay una responsabilidad patrimonial que debe ser resarcida.

Cuando hablamos de daños, en estos se incluyen, como ya mencionamos, los de carácter material o patrimonial, además de los daños morales, en tanto que los perjuicios son solo patrimoniales, pues en estos se ubica el lucro cesante y la pérdida de oportunidades, junto con una incapacidad que priva de ganancias lícitas a las personas afectadas, ya sea por un lapso de tiempo específico o de manera permanente.

Derecho a buena administración pública

Como en este caso hay una responsabilidad patrimonial del Estado, la reparación que deben otorgar las autoridades de la Ciudad de México debe ser integral, lo que implica que los lesionados del accidente del metro tienen que alcanzar las mismas condiciones que tenían antes del percance. Para eso es la indemnización que deben recibir, y la atención médica y psicológica que tienen que prestarles las autoridades.

 El derecho a la reparación integral del daño ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de nuestro país. Ambas instancias han determinado en jurisprudencia que el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debe darse cuando se viola el derecho fundamental a una buena administración pública.

La buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos, por lo que, cuando se demuestran hechos que causan un daño patrimonial a los ciudadanos, a partir de una actividad irregular del gobierno, los entes públicos están obligados a pagar una indemnización.

En este accidente, hay indicios del descuido y negligencia de las autoridades respecto al mantenimiento del metro, por lo que la actividad administrativa irregular es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, de aquellos subalternos de esta que -en lo particular- hayan incumplido su obligación de mantener en buenas condiciones el funcionamiento de un servicio público tan importante como lo es el metro”.

 Es de esperar que al menos y ya que los verdaderos culpables del accidente seguramente se quedarán sin castigo, los familiares de la joven fallecida y los lesionados reciban lo que les corresponde conforme a derecho.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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