Por Salvador Cosío Gaona
En esta ocasión fue el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien llamó a detener el nuevo intento de Palacio Nacional, que tiene por objeto destruir la democracia en el país. Señaló es el momento para que los ciudadanos interesados presenten “todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el plan B de la reforma electoral y defender la democracia”.
Durante la presentación de su libro «La democracia no se toca», que escribió con el consejero Ciro Murayama, insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena “dinamitan las elecciones”, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables “de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de consolidar nuestra democracia”.
Mencionó que “la ley es la ley. Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa, a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales todos los argumentos y elementos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución”.
Al acto acudieron quien fuera presidente del entonces Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y la ex consejera Jacqueline Peschard.
Córdova recalcó que “éste es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”.
En un video que difundió en redes sociales, insistió que, en caso de que se aplique el plan B de la reforma electoral, “estaría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes como hasta ahora ha ocurrido”.
Por otro lado, es de resaltar que en otro esfuerzo del INE por salvarse de ser destruido por el Ejecutivo de la nación, el pasado 25 de enero de 2023, durante la sesión extraordinaria del Consejo General, se presentó el Informe que por instrucciones del Consejero Presidente, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en relación con la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma por los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El informe señala:
El martes seis de diciembre de 2022, fueron presentadas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el Ejecutivo federal, un par de iniciativas con proyectos de decreto de reformas a diversos ordenamientos legales cuyas disposiciones tienen incidencia en la materia electoral. En una de las iniciativas se propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la otra, fue propuesta la reforma, derogación y la adición de diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de una Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A fin de lograr la exención de trámites parlamentarios, la fracción parlamentaria de Morena asumió como propias ambas iniciativas, de tal suerte que unas pocas horas después de su presentación fueron aprobadas en lo general y en lo particular. Las minutas fueron remitidas al Senado, en el cual, una vez efectuados los trámites atinentes como colegisladora, se aprobaron los dictámenes correspondientes el jueves 15 de diciembre de 2022, y fueron devueltos a la Cámara de Diputados, al haber sido objeto de modificación lo aprobado inicialmente en la cámara de origen. En la propia fecha, después de varias horas de negociaciones por parte de los partidos que apoyaban las iniciativas, se aprobaron los dictámenes. La minuta con proyecto de decreto que fue referida en primer término se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación. Por el contrario, la segunda de las minutas con proyecto de reforma se devolvió a la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, apartado e), in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 27 de diciembre de 2022. La minuta con proyecto de decreto restante se encuentra pendiente a que el Senado de la República se pronuncie sobre la modificación que efectuó la Cámara de Diputados respecto de una de las disposiciones involucradas y, en función de ello, se determine la promulgación y publicación parcial o total del documento.
El contenido normativo que es objeto de modificación se encuentra, conforme lo explicado, definido prácticamente en su totalidad e, incluso, una parte de las reformas entraron en vigor desde el 28 de diciembre pasado. Existen, por tanto, condiciones para la realización de un análisis sobre aquellos aspectos materia de actualización normativa, especialmente de aquellas que puedan tener un impacto de mayor calado en la forma en la cual se viene realizando la función estatal de organizar elecciones y el ejercicio de los derechos de participación política.
Desafortunadamente, no ha sido el caso en esta ocasión. Aun cuando un segmento considerable de las disposiciones objeto de modificación se encuentran relacionadas con la estructura organizativa del Instituto Nacional Electoral y con diversos procedimientos vinculados con la preparación y desarrollo de un proceso electoral, las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que, el Instituto ha mantenido siempre una posición colaborativa con todas las instituciones del Estado mexicano.
De tal suerte, en aras de facilitar la generación de una opinión pública informada, el presente informe pretende poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada de órgano del Estado mexicano encargado, junto con los organismos públicos locales electorales, de la función estatal de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas, los peligros que con ello se generarían para la función electoral y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, enlistados en la normativa aplicable y en la jurisprudencia de la materia, como el derecho a la renovación de los poderes por medio de elecciones libres y auténticas, a la identidad, de asociación política, a la información y la transparencia en las elecciones, a la igualdad y secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, derecho de participar en condiciones de equidad y de ser electo, a la justicia en materia electoral, a la participación política y a la discusión de la agenda pública, entre otros.
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