Por Salvador Cosío Gaona
Hace poco más de un mes, el 30 de diciembre, el presidente chileno Gabriel Boric, firmó el indulto que incluyó a 12 personas relacionadas con diversos actos cometidos en el estallido social del 2019, más un detenido vinculado con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo que presentó resistencia en la dictadura militar de Pinochet.
Entre los liberados se encuentra Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38), Felipe Santana Torres (22), Cristián Cayupán Queupil (30), Francisco Hernández Riquelme (23), Claudio Romero Domínguez (21), Brandon Rojas Cornejo (22), Sebastián Montenegro (25), Luis Castillo Opazo (37) y Bastián Campos Gaete (22).
Horas después, el gobierno chileno confirmó que el presidente había indultado a dos personas más: Alejandro Carvajal Gutiérrez y Matías Rojas Marambio. “El listado de nómina entregado por el Ministerio de Justicia no incluyó, por error, a dos personas que fueron indultadas”, manifestaron desde el gobierno.
A esta lista se sumó el ex frentista Jorge Mateluna, quien fue condenado a 16 años de cárcel al ser acusado de participar en un asalto a una sucursal bancaria el 2013. El gobierno explicó que “el indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder”.
Desde la derecha chilena anunciaron su molestia por esta decisión y abandonaron las conversaciones que se realizaban para buscar un acuerdo de seguridad para el país. El partido Renovación Nacional anunció que “el Presidente Boric ha desahuciado la Mesa de Seguridad. Es imposible sostener un espacio de diálogo constructivo en pos de revertir el problema de inseguridad de Chile, cuando paralelamente el presidente Boric envía una señal tan contradictoria como indultar delincuentes violentos. En estas condiciones, para Renovación Nacional es tremendamente difícil seguir participando”.
El presidente, Gabriel Boric, defendió su decisión manifestando que “acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”.
Desde entocnes y hasta ahora, no son horas de calma en el palacio de La Moneda, la sede del ejecutivo chileno. Dos renuncias marcaron los nuevos escandalos. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, dimitió de su puesto luego de la polémica suscitada por una serie de indultos a 12 ciudadanos condenados y un miembro de un antiguo grupo armado que luchó contra la dictadura de Pinochet.
El presidente chileno, Gabriel Boric dio a conocer también la dimisión de uno de sus hombres de confianza, el jefe de Gabinete, Matías Meza-Lopehandía.
Según el mandatario se debió a los errores cometidos a la hora de ejecutar la decisión de conceder indultos “y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos”. “Cuando en la política suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades”, concluyó el jefe de Estado. Los dos funcionarios cesados provienen de la formación política de Boric, Convergencia Social.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ya tiene un nuevo inquilino, el abogado Luis Cordero Vega, quien se encuentra fuera del país, por lo que se integrará al Ejecutivo en los próximos días.
El pasado 30 de diciembre también se conoció que antiguo integrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se encontraba en la cárcel, tras participar en el asalto a un banco, y condenado en un juicio lleno de irregularidades.
El partido ultraconservador, Unión Democrática Independiente, creado en tiempos de la dictadura, anunció el abandono de la mesa transversal de seguridad, una iniciativa del Gobierno. Revelaron además sus planes de presentar una acusación constitucional contra Gabriel Boric.
También se cuestionaron los errores del Ministerio de Justicia a la hora de anunciar el número de indultados.
La presión de algunos partidos opositores no se hizo esperar. El opositor Renovador Nacional amenazó con presentar una acusación constitucional contra Marcela Ríos por los indultos y los errores al darlos a conocer.
Estas dos renuncias representan la segunda gran crisis que afronta Gabriel Boric. La primera fue el triunfo del “no” en el plebiscito que pretendía cambiar la constitución escrita en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
En Chile se ha producido un desarrollo económico que no ha resuelto profundas desigualdades. Hoy en día, se intenta resolver una intensa crisis política y social que irrumpe de modo explosivo en octubre de 2019 motivada por un alza del transporte público. Una década después de que se iniciara la implementación de la última reforma al sistema de salud, este sigue siendo un ámbito prioritario en la preocupación de la población y parte de las actuales demandas ciudadanas. Desde el movimiento social, se proponen nuevas reformas que requerirán de consensos para ser viables desde un punto de vista técnico y político. Los cambios necesarios en el ámbito de la salud son impostergables. Entre otras medidas, es preciso implementar transformaciones en el sector prestador, tanto público como privado, en la lógica de un modelo estructurado en redes integradas y basado en la estrategia de la atención primaria de salud. Esto permitirá la consecuente alineación de los recursos humanos y financieros con el acceso y cobertura de salud universal y, de esta manera, resolver de manera efectiva y eficiente las necesidades de salud de las personas y sus comunidades. Claramente se advierte que el jefe de Estado Gabriel Boric y sus ministros bailan con la música que les pone la derecha, lo que puede llevarlos a cualquier parte menos al ámbito de las transformaciones estructurales que llegaron a vislumbrarse. Es como si se gobernara con temor, pidiendo disculpas a cada paso y con sometimiento a la oposición, lo que se refleja en cada punto que se va perdiendo en la confianza ciudadana y en las encuestas de opinión pública.
El gobierno no resiste las fuertes presiones que la oligarquía y sus gastados políticos de tiempo presente ejercen en su contra, a diario y sin pausas. A estas alturas el Ejecutivo parece a la par con cualquiera de las cinco administraciones de la ex Concertación, que se farreó inmejorables votaciones de apoyo, se diluyó luego y terminó por desaparecer sin pena ni gloria cuando tras privatizar todo lo que quedaba el electorado la abandonó al darse cuenta que era un fiasco político y un engaño para la población.
@salvadorcosio1
