Por Ernesto Acero C.

FINANCIAR JUBILACIONES EMPEZANDO DE MENOS CERO PESOS.

En 1917 nace el estado de Nayarit (y el centenario de su nacimiento sencillamente fue despreciado). Más de cien años después, apenas da inicio a un proceso de financiamiento de las pensiones para los trabajadores de esa entidad nacida por determinación de constituyentes reunidos en Querétaro. Algo parecido ocurrió con la Universidad de Nayarit, que nace en 1969, más de medio siglo después de haber sido parido el estado. La UAN también sufre del mismo mal, cuyo origen es análogo: irresponsabilidad, corrupción, indolencia e ignorancia.

¿Cuál es el caso de Nayarit? El miércoles 24 de diciembre de 1975, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Pensiones y de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Nayarit (Decreto 5745). El Gobernador era Roberto Gómez Reyes, quien solamente se acomidió a dejar aprobado dicho cuerpo normativo, aunque todo su sexenio cargó los costos de manera directa en el Presupuesto.

En 1997, en un acto legislativo surrealista, fue abrogada la Ley de 1975 sin haber servido para maldita la cosa. En efecto, durante las administraciones de Rogelio Flores Curiel, la de Emilio González y la de Celso Delgado Ramírez, la ley de pensiones fue soslayada absolutamente. El Congreso del Estado se convirtió en Cámara de Jubilaciones, pues prácticamente en cada sesión se aprobaban decretos jubilatorios para trabajadores de estado y municipios de todo el estado. Es importante señalar que jamás se creó el Fondo de Pensiones al que se refería el Decreto 5745.

En 1997 dio inicio a una serie de consultas que llevó a dar cristiana sepultura al Decreto 5745. Esas consultas se realizaron abriendo el espacio parlamentario a todas las voces en la entidad, como empresarios, académicos, sindicatos, etcétera. El resultado se vio en 1997, con la publicación de una nueva Ley de Pensiones y el inicio de capitalización de un Fondo de Pensiones.

En efecto, el miércoles 30 de julio de 1997, fue publicada la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, promovida contra viento y marea, por el entonces titular del Ejecutivo, Rigoberto Ochoa Zaragoza. Habían transcurrido más de dos décadas entre una Ley que fue soslayada por diferentes administraciones gubernamentales y la que en 1997 entró en vigor. El saldo fue de más de mil doscientos trabajadores burócratas y de la educación jubilados, aunque pagados con dinero cargado directamente al presupuesto del estado.

Fueron décadas de irresponsabilidad. No solamente no fue creado el fondo para garantizar un retiro digno para los trabajadores, sino que se agregaron cargas financieras a las obligaciones del gobierno. Una de esas cargas financieras la constituyó la jubilación dinámica.

Dos años antes de concluir la administración de Ochoa Zaragoza (a quien vilmente demonizaron por haber promovido dicha ley), dio inició el proceso de creación del Fondo de Pensiones. Ese fondo, empezó a fortalecerse con los recursos provenientes de la administración siguiente, en el Gobierno de Antonio Echevarría Domínguez. La ley preveía desde entonces, que los ajustes debían realizarse de manera cíclica, a partir de estudios actuariales. Fueron ocho años de auge relativo en la materia.

Tras esos días felices, la maquinaria financiera del fondo, empezó a traquetear y a amenazar con atorarse. Los años que siguieron, fueron de saqueo del fondo, de manipulación de esa fuente dineraria y de omisiones en cuanto a las aportaciones. Esa es una Edad Oscura que merece la atención de la actual administración, que no se ha andado con medias tintas en cuanto al esclarecimiento del destino de grandes recursos públicos.

El monto de las aportaciones que debían hacer los trabajadores y la autoridad, fueron parte de las estimaciones formuladas por especialistas en estudios actuariales. Una parte sería aportada por los trabajadores y otra por la autoridad respectiva. No obstante, durante las administraciones de Ney González en adelante, las retenciones a los trabajadores no eran enteradas al Fondo. Esto es, no solamente se omitió la responsabilidad de entregar las aportaciones retenidas a los trabajadores, sino que la misma autoridad dejó de enterar su parte.

De julio de 1997 al mismo mes de este año 2022, han transcurrido otros 26 años, en las que la irresponsabilidad y la corrupción dieron al traste con un proyecto que podría haber sido útil a trabajadores burócratas, profesores estatales, al gobierno y a la sociedad nayarita en general. A esa fase siguió una etapa de grandes expectativas que dura apenas ocho años.

Existe un periodo en la vida del Fondo de pensiones que podría denominarse Era de la Corrupción, la Impotencia, la Indolencia y la Ignorancia. Corrupción por omisión en el cumplimiento de la ley y por saqueo. Impotencia, porque nada se pudo y nada se quiso hacer, ni siquiera por parte de las dirigencias de los trabajadores. Por indolencia, porque se actuó a la vieja usanza, para que los problemas se resolviesen solos. Por ignorancia, porque sencillamente algunos gobiernos no supieron que hacer o ni siquiera se enteraron del problema; gobiernos zoquetes.

Hoy, esa zona de la administración pública sencillamente es campo de desastre. El Secretario de Finanzas del gobierno estatal, el diestro funcionario Julio César López Ruelas, informa detalles de esa situación. Más que un informe, lo que da a conocer el funcionario es un parte de novedades. Algunas de esas coordenadas que explican el asunto, son las siguientes: el gobierno del estado debe pagar por ese concepto cerca de 97 millones de pesos cada mes; la recaudación no es suficiente ni para completar esa nómina; el Fondo habría colapsado en 2015, hace casi 8 años; presencia de una lista de más de mil solicitudes de retiro, entre otros compromisos que representan carga financiera adicional.

Cuando el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anuncia una obra, una acción de gobierno, las aportaciones para resolver problemas emergentes o para resolver problemas específicos de diversas partes de la administración pública, lo hace a sabiendas del enorme peso que significan sus palabras para las finanzas públicas.

El pasivo contingente en este caso, es un freno para el desarrollo del estado y para la obra de gobierno. Es de todos sabido que no solamente los compromisos laborales representan un problema como lo son aquellos excesos carentes de cobertura legal. La deuda pública, el saqueo de bienes públicos, la incompetencia, la irresponsabilidad, la indolencia, la abulia de servidores inservibles, todo eso (y más), empeora y complica la acción de gobierno.

El Gobernador Navarro Quintero conoce los detalles de los fondos de pensiones. Sabe de aquellos fondos cuyo destino puede describirse en palabras de Fidel Velázquez: “Se los llevó el diablo”. Sabe quienes son esos diablos que hicieron cera y pabilo con los fondos de pensiones en el estado, tanto de la burocracia como del magisterio estatales, así como los de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Por eso el mandatario estatal ha anunciado que se realizarán las investigaciones necesarias para asegurar que los recursos que se destinen en el futuro, para el retiro de los trabajadores, se blinden contra manos privadas y contra manos públicas. No será sencillo dar con una especie de Panacea, pues el fenómeno es global. El fenómeno de los pasivos contingentes en el mundo, se explica por razones que no viene al caso mencionar y menos analizar aquí. Solamente que en el estado se agrega una problemática de la condición feudal o semi feudal que prevalece en el estado en algunos ámbitos (como en el de la administración pública, la “política” o en el de las “instituciones”).

Dicho de otra manera, lo que procede hacer en el caso, es esa otra parte a la que se ha referido el mismo Gobernador Navarro Quintero. ¿De qué se trata? Se trata de que sea la sociedad nayarita la vigilante del buen manejo de los recursos públicos y de los recursos de los trabajadores. Para eso procedería empoderar al ciudadano, a las agrupaciones civiles, para que en el caso que se haga necesario, procedan ante autoridades jurisdiccionales de manera directa, para impedir lo que hasta ahora hemos visto en la materia.

Procede siempre empoderar a los ciudadanos contra aquellos que pretenden verle la cara de imbéciles a los nayaritas. Un “simple” ciudadano debería tener el poder suficiente para agarrar de los escrotos a los corruptos, a los sinvergüenzas.

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