Por Salvador Cosío Gaona
En la primera parte de este serial se dio a conocer en este espacio que el Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus.
La Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” en 2019 a la empresa Comercializadora Antsua, única compañía con autorización para vender Pegasus en México, como lo advierte el oficio SGE-3335 del 18 de enero de 2020, en el que el Estado Mayor da cuenta del pago del contrato DN-10SAIT-1075/P/2019 del 12 de abril de 2019.
El oficio marcado como “secreto” está dirigido al secretario de la Defensa, por lo que el titular también fue informado de esta compra y, además, se advierte que el CMI es el “usuario final” del servicio, la misma área que —ahora se sabe— elaboró el reporte del espionaje contra Ramos.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group, solo es vendido a gobiernos para investigar delitos graves e incluso terrorismo debido al poder de dicho sistema, capaz de obtener toda la información de un teléfono celular como mensajes, archivos, llamadas telefónicas; incluso, el micrófono y la cámara pueden ser activados.
El sistema había sido adquirido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, como quedó demostrado en las investigaciones periodísticas llamadas #GobiernoEspía.
La investigación expuso la red de empresas a las que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sedena compraron Pegasus durante el sexenio pasado. Se trata de Proyectos y Diseños VME, KBH Track y Air Cap.
Incluso, Aristegui Noticias reveló las facturas de pago realizadas a dichas empresas, entre las que se encuentra el comprobante de 1 millón 113 mil dólares de la Sedena a la empresas Proyectos y Diseños VME por el servicio de “monitoreo remoto”, en 2016, el mismo servicio establecido en el contrato de 2019, ya en el sexenio de López Obrador.
Mientras, en la investigación #EjércitoEspía, publicada en octubre pasado, se sumó otra prueba: la carta de directivos de NSO Group en la que informaron a la Sedena que a partir de enero de 2018 Air Cap dejaría de ser la empresa representante para la venta de Pegasus en México y en su lugar estaría Comercializadora Antsua.
A dicha empresa la Sedena le pagó al menos 140 millones de pesos en 2019, de acuerdo con información oficial sobre el pago a proveedores localizado entre los correos hackeados a la dependencia.
La ejecución extrajudicial
El presidente López Obrador ha repetido que en su gobierno no habría ejecuciones extrajudiciales —“ya no hay el mátenlos en caliente”—, en referencia a hechos ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, como la matanza ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, cometida por miembros del Ejército.
Sin embargo, el 3 de julio de 2020, durante un enfrentamiento en la colonia Fraccionamiento Los Fresnos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió una ejecución extrajudicial contra tres civiles, luego del enfrentamiento entre militares y personas con ropa de camuflaje, presuntamente integrantes del crimen organizado.
En el enfrentamiento murieron 12 personas, pero tres de ellas en realidad eran víctimas de secuestros pues se encontraban atadas de pies y manos y vestían ropa casual.
El periódico El Universal publicó el 14 de julio de 2020 que dos jóvenes eran civiles que presentaban un disparo en el tórax accionado de arriba hacia abajo y el tercero recibió un disparo en el cráneo a uno o tres metros de distancia.
El 24 de agosto, el mismo medio publicó el video en el que se observa que los militares fueron agredidos a tiros y su respuesta, pero una vez que el fuego cesó, cuando se acercaron a una de las tres camionetas que los atacaron, un militar gritó “¡Está vivo, está vivo!”, mientras otro respondió “¡Mátalo, mátalo, a la verga!”.
Durante la investigación del caso por parte de la CNDH, uno de los militares que participaron en el hecho reconoció que gritó “mátenlos a la verga, pero fue por el momento y la adrenalina que todos teníamos ya que habíamos sido víctimas de una agresión y seguían reportando por radio que se regresaron un chingo de camionetas…”, y agregó que no se percató de personas vestidas de civil, ya que la visibilidad era escasa.
La intervención de la CNDH ocurrió luego de que familiares de las víctimas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar en una queja presentada ante el organismo el 9 de julio de 2020, proceso en el que estuvieron acompañados por el defensor Raymundo Ramos.
Por el caso, hubo nueve carpetas de investigación iniciadas por fiscalía estatal, FGR y Fiscalía Militar, además de un procedimiento administrativo de investigación iniciado por el OIC en la Sedena.
La Sedena tuvo acceso a la información de la carpeta de investigación iniciada en la delegación de la FGR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consta en la tarjeta informativa número 14306 “Para atención de la Superioridad”, en la que informa el contenido de la declaración del tío de una de las víctimas, quien presentó un video almacenado en una memoria USB, para integrarlo a la investigación.
El reporte de la Sedena resumió así parte de la declaración del familiar de la víctima: “En el estacionamiento de la FGR se encontraba un vehículo de Sedena y como no tenía dinero para los trámites de la sepultura de su sobrino, se acercó a un soldado para solicitarle apoyo económico, quien le proporcionó un billete de $20 enrollado, en el cual en su interior contenía un dispositivo USB”.
El militar le habría dicho: “Este USB te va ayudar mucho. Te lo doy porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron mis compañeros, solo vengo por 10 días de apoyo a esta ciudad, a nosotros nos cambian seguido”.
Por lo tanto, la ficha informativa realizada también por el CMI concluyó que “es muy probable que los familiares de las tres personas que vestían de civil y que presuntamente fallecieron en el evento, hayan proporcionado al periódico El Universal el video difundido, bajo el asesoramiento de Raymundo Vázquez Juárez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
El 3 de julio de 2020, la Fiscalía Militar inició la carpeta de investigación 6, a partir de la denuncia interpuesta por uno de los elementos en contra de quien resultara responsable, la cual fue remitida al Sector Central de la Fiscalía Militar para su determinación.
De ahí que el reporte de espionaje contra Raymundo Ramos refiere que la información sea tomada en cuenta, pero sin integrarla en dicha carpeta de investigación.
En tanto, las investigaciones de la CNDH con base en la necropsia a las víctimas determinaron que “el disparo de arma de fuego ocurrió a una distancia mayor del rango comprendido entre 70 a 90 centímetros”, y que los jóvenes no accionaron ningún arma.
El 13 de diciembre de 2021, la CNDH emitió la Recomendación 90/2021 en contra de la Sedena, en la que concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de personal castrense. Sin embargo, hasta el momento ningún militar ha sido sancionado por esos hechos.
Dado lo anterior, las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic y Artículo 19, solicitaron al Congreso que llame a comparecer a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Un informe sería insuficiente ante la gravedad de los hechos denunciados, por lo que consideramos pertinente que el Congreso llame a comparecer públicamente al General Secretario Luis Cresencio Sandoval, se lee en un comunicado.
Las organizaciones consideran que la Sedena debe responder bajo qué fundamento constitucional y legal la Sedena asume que posee facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles como parte de actividades de inteligencia, cuántas autorizaciones judiciales ha obtenido para llevar a cabo intervenciones de comunicaciones privadas de civiles como parte de actividades de inteligencia.
Otras preguntas clave que debe responder es por qué la Sedena ha reportado ante la Plataforma Nacional de Transparencia no haber solicitado autorización judicial para llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas en ninguna ocasión y, por qué ha ocultado la existencia de contratos con Comercializadora Antsua S.A.de C.V.
Otro de los cuestionamientos que proponen son: con cuántas y cuáles empresas ha celebrado contratos para adquirir licencias de uso de herramientas, sistemas, servicios o equipos desarrollados por la empresa israeli NSC Group, como el denominado “Pegasus” o cualquier otro.
Así como cuál es la base constitucional y legal para la existencia y operación del Centro Militar de Inteligencia, en particular sobre sus actividades de intervención de comunicaciones privadas y si el presidente ha autorizado la intervención de comunicaciones privadas a través de sistemas como Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Esto, luego de que el senador Ricardo Monreal anunciara que el Senado exigirá al Ejecutivo un reporte sobre los casos de espionaje del Ejército a periodistas y al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
Las organizaciones civiles dieron a conocer que están en total disposición para comparecer ante el congreso con toda la evidencia recabada respecto al espionaje realizado con Pegasus.
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