Volantín | Segalmex es a AMLO lo que la Estafa Maestra a Peña Nieto (Segunda parte)

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Por Salvador Cosío Gaona

Ya mencionaba que el mayor caso de corrupción de este sexenio que se ha documentado hasta el momento ha sido el multimillonario desfalco en Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex). Un organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019 para supuestamente garantizar la autosuficiencia alimentaria. Desde su inicio, sin embargo, ha estado marcado por acusaciones de corrupción. A partir de 38 denuncias presentadas contra la paraestatal, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió varias investigaciones y hasta el momento ha judicializado al menos dos. Por una de estas, que se trata de una compra irregular de azúcar, fueron emitidas 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El hoyo negro de Liconsa

En los dos primeros años operativos, Segalmex vendió la crema producto del secado de la leche a un precio muy por debajo de lo que determina el mercado. Liconsa estableció unilateralmente un precio que beneficiaba a las empresas y perjudicaba al erario. Cuando la Auditoría solicitó información sobre estas irregularidades, la paraestatal dijo que por los convenios que había alcanzado la unidad a cargo de Gavira, habían presentado una denuncia en su contra y en contra de la empresa Grupo Vicente Suárez 73, una de las firmas que había acordado realizar el proceso de secado.

La ASF efectuó un control de las cuentas públicas en 2020 de Liconsa y encontró dinero faltante en múltiples casos. Uno de ellos es el caso de la crema, por el que se detectó un “probable daño o perjuicio” a la Hacienda pública de 293,4 millones de pesos. Por otros contratos, en este caso de leche fresca y maquila de secado, encontró un posible desfalco de 518,4 millones de pesos. En el servicio de transporte, la Auditoría halló inconsistencias por un valor de 620,5 millones de pesos. En el gasto hecho para los certificados de análisis de laboratorio de los productos, otros 46,3 millones. Varias fuentes conocedoras del tema han apuntado a Liconsa como la estructura usada para desviar el grueso de dinero.

La trama venezolana

De acuerdo con lo documentado por EL PAÍS, en una investigación realizada junto a Armando.info, Gavira estuvo también involucrado en una red opaca que intercambió alimentos por petróleo de Venezuela, que movió millones de euros en todo el mundo sin dejar rastro. El entramado, pensado para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista, recibió la ayuda del Gobierno mexicano. Segalmex era el organismo que iba a venderle alimentos a una empresa mexicana que fungiría de intermediaria. Eso establecía un documento que llevaba la firma de Gavira, pero que el exfuncionario desmintió.

 El pasado lunes 27 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al décimo implicado en el desvío de más de 142 millones en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) derivado de la adquisición irregular de 7.8 toneladas de azúcar. 

Se trata del empresario Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien habría recibido transferencias millonarias por parte de la empresa Servicios Integrales Carregin, a través de la cual se realizó la adquisición ilegal permitida por exfuncionarios de Segalmex, Diconsa y Liconsa.

 Sin detallar el lugar de su captura, de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, Zurita Jiménez se encuentra en traslado para ser presentado ante un juez federal.

Con su detención son ya 10 las personas que han sido detenidas por este caso que implicó un desfalco por 142 millones 440 mil 883 pesos de Segalmex, aunque uno de ellos, Carlos Antonio Dávila, exdirector jurídico de la dependencia, fue liberado luego de que un juez federal concluyó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso.

 Ellos forman parte de una lista de 22 personas por las que la FGR solicitó girar órdenes de aprehensión el pasado 9 de marzo, de los cuales ya han sido vinculados a proceso tres relacionados con la empresa Carregin. 

José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa; Jorge Romero Valencia, accionista; y Gonzalo Mora Nateras, quien habría recibido recursos de la compañía, son acusados por la Fiscalía del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 También han sido sujetos a proceso cuatro exfuncionarios identificados como Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, y Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.

 En tanto, el exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, obtuvo una suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Luego de otorgarle una suspensión provisional el juez Enrique Vázquez Pérez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ratificó el recurso promovido por el exfuncionario y le concedió la suspensión definitiva, la cual evita, de momento, que sea detenido. 

 La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Gavira Segreste de ser uno de los 22 implicados en la presunta compra irregular de más de siete toneladas de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin que generó un daño al erario por 142 millones 440 mil 883 pesos. 

Este es el tercer proceso del que se conoce en contra del exfuncionario de Segalmex, pero el primero que libra de ser vinculado a proceso. 

En abril de 2022, René Gavira fue vinculado por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos provenientes de la dependencia que se encarga de promover la seguridad alimentaria, la nutrición y la distribución eficiente de alimentos básicos en el país.

La FGR lo señaló en ese proceso de uso ilícito de atribuciones y facultades, por los actos que supuestamente realizó entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020 en su calidad de titular de Finanzas a través de una Casa de Bolsa. 

 Posteriormente, en noviembre del mismo año, de nueva cuenta fue vinculado a proceso, ahora por aparentemente haber renovado un contrato que derivó en adquisiciones ilícitas hechas con recursos públicos entre 2019 y 2022.

En ese proceso no se hizo público el monto al que ascendió el daño al presupuesto de Segalmex, sin embargo, similar al anterior, el juez le impuso acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la zona metropolitana y el no acercarse a los testigos.

 De no haber conseguido la suspensión definitiva en este nuevo proceso, René Gavira pudo haber sido vinculado nuevamente a proceso con la diferencia de que en esta ocasión uno de los delitos de los que se le acusa es delincuencia organizada, cargo que amerita prisión preventiva oficiosa. 

De tal manera que habría sido encarcelado mientras concluye el proceso en su contra.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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