Volantín | “Un grave error”

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Por Salvador Cosío Gaona

 Muy polémica, por decir lo menos, ha resultado la recién aprobada reforma constitucional que, el pasado martes 11 de abril, 439 diputados de todas las fuerzas políticas votaron a favor en el Congreso de la Unión para disminuir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado, y de 30 a 25 para ser Secretario de Estado.

 Aunque tengo muy claro que la edad no es necesariamente una herramienta de medición para valorar  la  madurez o inmadurez de una persona y mucho menos su capacidad para desempeñar un encargo público, considero que previamente se debió dar un debate en relación a la capacidad para desempeñar los mencionados encargos, la preparación, y quizá aprobar un examen de conocimientos mínimos.

En ambos casos (para diputado federal y secretario de Estado) se debieron establecer y definir requisitos mínimos, sobre todo considerando que en el actual sexenio hemos observado y lamentado el muy pobre nivel demostrado por bastantes diputados y senadores, lo mismo que secretarios de Estado que, en este último caso, con el simple hecho de ser amigos y leales al presidente de la República, pueden ser designados para cargos antes reservados para personajes con credenciales muy respetables. 

Hay que recordar que en los diversos sexenios de la época contemporánea (1970-1976; 1976-1982; 1982-1988), se requería ser un personaje sumamente destacado para ser Secretario de Estado, inclusive para ser Subsecretario, Oficial Mayor, o Director General; se necesitaba ser un muy relevante profesionista y experimentado político, salvo en áreas técnicas, en que se exigía solo quizá ser un experimentado y prestado profesionista o científico o gran técnico. 

Bajo la administración de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó y llegaron personajes con menor trayectoria, aunque finalmente eran personas con perfiles más o menos idóneos; en tanto que, con el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se mantuvo esa constante; personas no tan reconocidas pero al menos en su mayoría con perfil profesional y/o técnico o científico adecuado.

En los sexenios panistas de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, siguió esa constante. En el pasado sexenio del exmandatario priísta Enrique Peña Nieto, bajó el nivel, pero en el actual, bajo la égida de Andrés Manuel López Obrador, se rompió completamente con los criterios para elegir los perfiles, pues no hay que olvidar que una de las máximas de AMLO es que sus cercanos deben cumplir con el único requisito de 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento lealtad, y en ello, se tiene un gobierno plagado de ineptos.  

Las reformas se concretaron a los artículos 55 y 91 de la Constitución y con ellas, de acuerdo a los legisladores, se permitirá la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones, sin discriminación; sin embargo, permitirá llegar al 25% del total de la población en el país, pues según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 en México residen 31 millones de personas de 15 a 29 años.

La propuesta partió originalmente de la bancada tricolor, y se sumaron Morena y el Partido Verde (PVEM), pero todos los grupos parlamentarios dieron su voto a favor.

El objetivo, señalan, es promover la participación de las y los jóvenes en el quehacer legislativo.

Una de las impulsoras de esta propuesta es la diputada jalisciense por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Rocío Corona Nakamura, quien  planteó reformar el artículo 55 constitucional.

De acuerdo con la iniciativa, con esta adecuación normativa se busca eliminar cualquier acto discriminatorio en contra de las y los jóvenes al permitirles el derecho de ser votados y abonar en el proceso de profesionalización que requieren los actores políticos del país.

En el documento, la diputada Corona Nakamura considera que la edad actual para poder acceder a una diputación federal deja al margen y excluye del disfrute del derecho de ser votado a nuestra población de entre 18 y 20 años de edad; esto representa, según cifras oficiales, al menos el 4.13 por ciento de nuestro padrón electoral, es decir, aproximadamente a 3 millones 603 mil 40 jóvenes.

Corona Nakamura, (quien ha sido diputada en el Congreso Local de Jalisco en seis ocasiones, en las legislaturas LI, LIII, LV, LVII, LIX, y LXI; mientras que en el ámbito federal integró la LXII y la actual legislaturas; es decir que prácticamente desde 1989 a la fecha ha sido congresista) enfatiza que son casi cuatro millones de jóvenes que ya tienen el derecho de votar y que también deberían poder ser votados para acceder al cargo de diputada o diputado local o federal, pero que injustificadamente se les había negado esa posibilidad.

La diputada Andrea Chávez, de Morena, expuso en tribuna que “yo no quiero experiencia en el moche, en el ´cochupo´, en el ´mapachaje´ electoral;, en la alusión y en la evasión fiscal, en andar brincando de partido en partido, dejando de lado los valores, dejando de lado los proyectos, los programas, las agendas ideológicas y las visiones de mundo por andar ambicionando posiciones”.

“Es falso el argumento que se ha compartido en las redes sociales y en los medios de comunicación, de que las juventudes carecemos de la experiencia necesaria para poder conducirnos como diputadas y diputados federales”, sostuvo.

 “Nomás sólo hijos de políticos y de empresarios para ser diputados, que el derecho sea para todos”, celebró la presidenta de la Comisión de Juventud, Karla Ayala Villalobos, del PRI.

 Reprochó a los partidos de que “a nosotros los jóvenes siempre sólo nos utilizan para ganar votos, para votar en las campañas, pero nunca nos toman en cuenta para los cargos de elección popular”.

 Por su parte el panista Santiago Creel, un personaje  con toda la experiencia en las lides políticas,  tras recibir una andanada de severas críticas en redes sociales tras haber celebrado con bombo y platillo la polémica aprobación, se vio obligado a escribir un nuevo tuit para explicar e intentar justificar su postura y su voto:

 “¿Por qué voté a favor de los 18 años para ser Diputado Federal y los 25 para ser Secretario de Estado? Porque debo ser congruente con lo que establece la Constitución sobre la ciudadanía. La única moral de los servidores de la República debe ser la Constitución. Explico:

De entrada vale la pena aclarar que lo que se votó es abrir la posibilidad de ser votados a los ciudadanos de 18 años en adelante y no a partir de los 21 años como era antes. En ningún momento se establecieron cuotas obligatorias para esa edad. 

A los 18 años, la Constitución ya les entrega el estatus de “ciudadanos” o como comúnmente se les llama “mayores de edad”. Por tanto a esa edad ya tienen derechos y obligaciones; pueden votar y deben pagar impuestos. Prohibir que fueran votados para Diputados era limitar sus derechos ciudadanos.

Esto se trata de cumplir la Constitución y sus mandatos. Y es la Constitución la que establece que un mexicano se hace ciudadano a los 18. Si el debate es la madurez de una persona a los 18 años entonces el debate debe ser si la ciudadanía con todos sus derechos y obligaciones se adquiere a los 18 o a los 21.

Ahora bien, la reforma no obliga de ninguna manera a que los ciudadanos voten por candidatos con 18 años recién cumplidos. La libertad de elección se mantiene. Es el electorado el que decidirá si un candidato cumple o no con el perfil para ser su representante.

Por otro lado, la preparación y la responsabilidad para ser representante popular o Secretario de Estado no lo da necesariamente la edad. En ocasiones un joven de 19 años puede ser mejor representante de su distrito que alguien de cincuenta.

Y recordemos que un Diputado Federal es un representante de la voz y la voluntad del pueblo. Las decisiones que tome el Poder Legislativo mantienen sus procesos intactos y ningún legislador por sí solo toma las decisiones de reformas a la legislación. 

Sobre las Secretarías de Estado es una discusión diferente porque el deber ser es que un Secretario tenga la capacidad técnica profesional en la materia, por eso ahí se pide que tenga al menos 25 años pues debe haber tenido oportunidad de concluir sus estudios profesionales. 

Ahora bien, recordemos que un Secretario de Estado responde a la designación del Presidente de la República y no a un mandato popular. Por ello el Presidente al nombrar a sus secretarios tiene toda la responsabilidad de analizar los perfiles. Con la reforma no se le obliga a que nombre secretarios de cierta edad, solo se le abre la posibilidad de que sean menores de los 30 años que antes se requerían. 

La iniciativa que presentaron compañeras y compañeros de diferentes partidos fue votada de manera unánime por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Es decir, no es el sentir de algunos, ni de una ligera mayoría. Es el consenso de todos los partidos.

Yo no le daré la espalda a los jóvenes para que tengan oportunidades y posibilidades, pero nadie les está regalando nada, deberán ganarse la confianza ciudadana en las urnas y la posibilidad de formar parte de un gabinete con su capacidad y profesionalismo. 

Es la propia trayectoria personal, pero sobre todo la voluntad ciudadana la que debe tener siempre la última palabra para decidir libremente por quién votar.

Al llevar a cabo esta reforma, si es que en la Cámara de Senadores no se da una mayor oposición, todos los congresos locales se verán en la necesidad de armonizar sus ordenamientos con lo establecido en nuestra Constitución y crecerán las posibilidades de que se reduzca también la edad para acceder al cargo de diputadas y diputados locales”.

 Estaremos muy atentos a la votación que se dé en el Senado. Desde ahora hay voces que ya se pronuncian en contra de esta reforma y anuncian que buscarán echarla para atrás, así que será interesante observar el desenlace de esta decisión que muchos consideran un grave error.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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