Volantín | “SEDENAPROA” (Primera parte)

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Por Salvador Cosío Gaona

Un reportaje especial de “Expansión política”, ha puesto al descubierto los puntos finos de lo que senadores del oficialismo y sus aliados aprobaron en lo que se ha dado en llamar “la noche negra”, cuando en completa opacidad, ilegalidad y prepotencia, los traidores a la nación validaron 20 reformas, entre ellas una que garantiza que a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no le falten recursos para continuar y concluir las obras faraónicas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a la iniciativa que otorga el 80 por ciento de los ingresos por concepto de turismo a las fuerzas armadas. 

La creación de empresas militares puede tener un futuro de subsidios para compensar pérdidas, riesgos de corrupción y desaliento a la inversión, revela parte de la investigación que Expansión Política publicó este lunes, titulada “Grupo SEDENA”: El conglomerado empresarial del sexenio de AMLO.

 Me permito compartir este excelente reportaje de la periodista Carina García:

 Si bien la Constitución impide que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos civiles en tiempos de paz, desde 2006 se han encargado de tareas de seguridad y en la actual administración han sido la mano derecha del presidente López Obrador para llevarlas a prácticamente todos los ámbitos públicos del país. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró 246 asignaciones civiles al Ejército y a la Marina en su ‘Inventario Nacional de lo Militarizado 2011 a 2021’.  
El presidente López Obrador ha dicho que las Fuerzas Armadas son “muy confiables” y que ponerlas a cargo de los proyectos estratégicos asegura que “no entrará la corrupción”. “El Ejército, la Marina representan al pueblo, son del pueblo, los soldados, los marinos, es pueblo uniformado”, ha señalado para recalcar su confianza. 

 “El Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el de Palenque, el de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan ni la primera embestida”, expresó el presidente en noviembre de 2021 al hablar de la corrupción que había antes. 
La Sedena es la que tiene participación en las empresas de los proyectos más grandes. La Secretaría de Marina estará a cargo de las empresas ecoturísticas de las Islas Marías, los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, Sonora, y desde 2021, las 16 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas), empresas públicas con ingresos vía el cobro de tarifas portuarias y por contratos con operadores privados.
Por decreto del 14 de octubre de 2022, la Semar incorporará también a su estructura a la entidad paraestatal “Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, S.A. de C.V, misma que modificó su carácter, pues antes era el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la economía regional.
Además, desde mayo de 2022, la Sedena y la Semar controlan las 50 aduanas del país, que no son empresas, pero generan ingresos por actividades de comercio exterior.

 Al conglomerado de la Sedena se agregarán lo que por ahora son proyectos, pero que poco a poco se abren paso: la administración de seis hoteles, dos museos y dos parques ecológicos vinculados al Tren Maya. 
Además, la nueva aerolínea que prestará servicios de transportación a terceros y estará a cargo del Ejército, para la cual se compró la marca “Mexicana de Aviación”, por 815 mdp, misma que se mantiene en negociación. En su flota de 10 aviones, originalmente estaría el avión presidencial Boing 787 Dreamliner, pero recién fue vendido al gobierno de Tayikistán.

 Hasta ahora habían sido resoluciones de la Secretaría de Hacienda, fundadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las que habían dado sustento jurídico a la conversión de las Fuerzas Armadas en un consorcio, al autorizar la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, como lo son las que integran el GOMM y Turística Integral Islas Marías. 
Pero en 24 horas, el pasado 25 y 26 de abril, la Cámara de Diputados y después el Senado de la República, concretaron reformas legales para dar base legal a todos los planes del presidente López Obrador para que las Fuerzas Armadas administren y operen servicios, pero con perfil empresarial.
Con esas modificaciones, la Sedena podrá administrar aeropuertos sin licitación; tener a su cargo la operación de la línea aérea del gobierno y también la del Tren Maya; e incluso se le dotó de una fuente de financiamiento para encargarse de esta infraestructura ferroviaria a partir del impuesto que se cobra a los visitantes extranjeros.
Todos esos cambios fueron avalados por Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista: el primer bloque consistió en modificar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, para que pueda operar la línea aérea gubernamental. 
Se creó la figura de “asignación” y se autorizó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a “otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal” tanto para la administración, explotación y construcción de aeropuertos –sin licitación de por medio–, como “para prestar el servicio público aéreo nacional regular”.
Esa asignación será prácticamente eterna, pues se indica que será “por tiempo indefinido” y sólo podrá terminar cuando “se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social o por razones de seguridad nacional que lo justifique”.
Con esto, se justificó en el dictamen votado, “se sentarán las bases para crear una aerolínea paraestatal que democratice el servicio aéreo, posibilitando el acceso a un mayor número de personas, así como ampliar la conectividad en lugares que han sido desestimados por las aerolíneas comerciales, a la par que bajarán los costos de los boletos de avión y aumentará la calidad de los servicios”.
Otro paquete de enmiendas se hicieron a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se incluyó que el Ejecutivo, a través de la SICT, podrá otorgar títulos de asignación de vías férreas a favor de entidades paraestatales y, como en el caso de la aerolínea, también con vigencia indefinida.
Esa entidad paraestatal beneficiaria de las reformas no es otra que el Grupo Aeroportuario (GOMM), el conglomerado empresarial a cargo de las Fuerzas Armadas y al que se asignará la operación del Tren Maya.

 Pero para todos estos cambios legales, ni en las iniciativas, ni en ningún tramo de los procesos legislativos en las dos cámaras se solicitó o se presentó un análisis del mercado o la proyección del retorno de inversión para conocer si los proyectos –la aerolínea, los aeropuertos o el Tren Maya, entre otros- son económica y financieramente rentables y en cuánto tiempo.
De hecho, el tercer paquete de reformas, que involucró cambios a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo, tiene como fin dotar de recursos a la Sedena para aplicarlos a la infraestructura ferroviaria del Tren Maya, es decir, se le invertirán más recursos, en vez de que se proyecte generarlos.
La modificación legal consistió en establecer que el 80% de los ingresos que se obtengan por el pago de derechos que realizan turistas extranjeros ya no se irán al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sino a “la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales” es decir, el GOMM, a cargo de la Sedena, pues no hay otra que realice tal amplitud de tareas.
Se le ordena incluso a esa paraestatal administrar esos recursos en un fideicomiso –como los que el presidente ha condenado, por opacos y presuntamente prestarse a la corrupción– y a constituirlo en los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Así, con estas reformas al marco legal, y presupuesto, las empresas “verde olivo” tienen garantizada su conclusión para el caso de las que están aún en obra, y su operación, para las que ya están en marcha, como es el caso del AIFA. 
Es por ello, que el “Proyecto Tren Maya”, aún en proceso, tendrá este 2023 un presupuesto de 143,073.3 mdp manejado por Sedena, y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V de 7,053 mdp, ahora administrados por la Semar.
Es decir, sigue la inversión, aunque se desconoce cuándo podría rendir frutos, y su viabilidad es poco clara. El caso emblemático es el AIFA, obra ya concluida y en operación pero que aún tiene inyección de recursos presupuestales. 

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

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