Por Miguel Ángel Arce Montiel
Durante el año 2013, nadie dudaba que la iniciativa del gobernador Roberto Sandoval para enajenar el inmueble del ex estadio de béisbol pasaría la aduana del congreso sin mayor trámite, al igual que la licitación y adjudicación del predio.
Hoy muchos se preguntarán: ¿Cuál fue la falla para no lograr ese objetivo? ¿Qué no se tomó en cuenta por parte del gobierno estatal para lograrlo?
El entorno político social parecía favorable a la camarilla gobernante, pero se olvidaron de ver, escuchar y palpar el sentir popular y ciudadano, por lo que no tardó mucho en manifestarse el malestar social por esa medida arbitraria, emergiendo un movimiento ciudadano que se mantenía soterrado y aislado, para luego hacerse socialmente visible deviniendo en una organización de lucha estable y coordinada, resuelta a impedir esa imposición del ejecutivo y de sus diputados a modo.
El 24 de junio llegó la iniciativa del ejecutivo al congreso y, de manera exprés, pasó a comisiones, luego a debate para su aprobación el 27 de junio, donde pese a los argumentos de la oposición de hacer valer ese espacio público, preservándolo como un espacio para la ciudad, la postura oficial respaldada por medios de comunicación afines al gobierno y los llamados “sectores” de la UAN, sostuvieron como pretexto el argumento de que la venta del predio del ex estadio de béisbol era para pagar adeudos del gobierno a la Universidad, adeudos poco transparentes y más cercanos al ocultamiento de actos de corrupción que a cuentas claras. La aplanadora priista, se impuso con una mayoría de 21 votos a favor y 5 votos en contra con 2 votos del PRD (Dolores Porras Domínguez y Miguel Ángel Arce Montiel) y 3 de Acción Nacional (Gerardo Palomino Meras, Graciela de la Cruz Domínguez Camarena y Leopoldo Domínguez González), aprobación que enseguida fue publicada en el periódico oficial del gobierno de Nayarit el 29 de junio, creyendo que con ello se habían salido con la suya.
A partir de entonces se generó un movimiento social y ciudadano cuya causa común fue defender ese espacio público que el intento de privatización con motivos opacos, así, a esta lucha abanderada en principios por dos legisladores, un puñado de ciudadanos donde un servidor me mantendría constante en ella hasta desembocar como su representante legal ante un amparo colectivo que interpusimos como movimiento, se sumaron algunos colectivos como deportistas y atletas que con la demolición de ambos estadios y en particular el estadio de fútbol en el año 2009, habían perdido un importante espacio para sus entrenamientos. Asimismo, se sumaron el movimiento de los ciclistas (bici rutas y Tepic en bici) que para entonces tomaban auge realizando rodadas oponiéndose a la política de que las calles fueran un espacio exclusivo de los automovilistas, pugnando por los derechos de los peatones y los ciclistas demandando calles peatonales y ciclo vías respectivamente, y, desde luego, los ambientalistas de la ciudad respondieron al llamado. Igualmente, se sumó un sector del movimiento urbano popular, en particular la Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN), caracterizada por luchar no sólo por sus demandas concretas de viviendas populares sino por acompañar las luchas de estudiantes para no ser rechazados por la UAN, contra el alza en tarifas del trasporte público, entre otros frentes de lucha.
De este modo, la lucha por los servicios públicos, la vivienda, también lo era por preservar y ampliar áreas verdes y el equipamiento urbano para toda la ciudad, agregándose desde luego un buen número de ciudadanos inconformes con la política gubernamental. Esta convergencia contra el decreto de venta de ex estadio de béisbol permitió la movilización de la gente propiciando, encuentros entre diversos actores sociales sorprendiendo a los funcionares estatales por la vitalidad, fuerza y empuje del movimiento, el cual, de modo emergente, convocó a tomar posesión del terreno de poco más de 17,000 metros cuadrados y posteriormente a realizar una plantación masiva de árboles, sobre la marcha, antes de que se venciera el plazo legal para que causara efecto el decreto y perder la oportunidad de recusarlo, de frenarlo, se inició un dialogo y cabildeo para contactar a ciudadanos representativos para demandar la pretensión privatizadora del gobierno mediante la interposición de un amparo colectivo. De este modo, se integró un grupo de 16 ciudadanos -entre los incluidos figuraban tres diputados- uno federal (Rodrigo González Barrios) y dos locales (Leopoldo Domínguez González y Miguel Ángel Arce Montiel) con el fin de darle voz, mayor cobertura y respaldo para la elaboración y presentación de dicho amparo colectivo indirecto, el cual fue presentado ante el juzgado primero de distrito el 26 de julio del 2013.
Los trece ciudadanos restantes fueron José Arturo Hermosillo González, Cesar Ricardo Luque Santana, José Octavio Camelo Avedoy, Octavio Campa Hernández, Luis Alberto Bravo Mora, Andrés Martínez Estrada, Cesar Cruz Salazar, Alma Delia Sánchez Andrade, Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, María del Socorro Varela Hernández, Georgina María Quiñonez Rodríguez, Rafael Alberto Álvarez Medina e Isaac Benjamín Cárdenas Valdez.
A pesar del amparo interpuesto, el gobierno Robertista, mediante su vocero Pepe Espinoza (entonces secretario general de gobierno), aseguraba tener abierto el proceso de licitación y que en pocos días sería vendido el inmueble e incluso filtraban a los medios de información la existencia de un posible comprador, por lo cual, constantemente, debíamos aclarar que esa aseveración era un engaño a la población, ya que teníamos una suspensión temporal de esa venta, que luego sería definitiva, otorgada por un juez que impedía dicha operación de compraventa a pesar de tener publicada su convocatoria.
La lucha como un colectivo ha sido una experiencia única en la defensa de este espacio público, pequeño territorialmente, pero enorme en su significado y su dimensión social. ¿Por qué es única esta lucha? Porque combinó adecuadamente tres frentes de lucha: el social, el político y el jurídico.
Si bien las diversas formas y frentes de lucha se mezclan, se entrelazan y refuerzan unas a otras, en determinado momento una es la sobresaliente, aunque en realidad en estos casi 10 años, cada una de ellas siguen presentes en mayor o menor medida. A continuación, trataré de describir cada una de ellas.
El frente Político
Este frente originalmente comenzó en la discusión de la iniciativa del gobernador Sandoval en el Congreso del Estado y cuando el decreto aprobado por la mayoría priista ganó asimismo los titulares de la prensa y de las diversas plumas oficiosas, justificando tal medida. Por cierto, por ironías del destino, se puede observar cómo a 10 años de distancia, algunos personajes que se distinguieron defendiendo denodadamente la postura del entonces gobernador, continúan en cargos de la administración pública, como Alejandro Galván y Saúl Paredes, ahora como paladines de la democracia y de la Cuarta Transformación.
El ambiente político social se encontraba enrarecido por los atropellos constantes a la población de parte de la Policía Nayarit mientras el ejecutivo cerraba las puertas de palacio, negando audiencias para atender las demandas, peticiones y reclamos de los diferentes grupos sociales; así como el permanente debate, aclaraciones y desmentidos respecto al procedimiento de licitación y a la premura para ser adjudicado a particulares a la brevedad, cuya responsabilidad recayó en los 16 ciudadanos firmantes del amparo y en particular de su representante común por poseer mayor información y en su carácter de diputado local.
La lectura del entorno, las iniciativas lanzadas y la firme decisión de enfrentar y resistir hasta el final en esta lucha enmarcan en lo fundamental la lucha política.
El frente Social
Este aspecto es más visible primero por la determinación que los diversos contingentes manifestaron con la ocupación del predio y la plantación masiva de árboles y por los disímbolos personajes que estuvieron presentes durante este álgido momento.
Aunque en realidad este frente de lucha ha estado alimentado por diversas situaciones a lo largo del tiempo -pues en ocasiones se ha requerido una demostración de fuerzas pacifica en las calles- esta vez la movilización recurrió a las vías legales como la realizada con el amparo colectivo ante el Juzgado Primero de Distrito para complementar y reforzar la lucha por preservar el multimencionado espacio público, estableciendo por ambas vías (la movilización y la lucha jurídica), las medidas de resistencia necesarias para defenderlo e impedir su privatización.
En el aspecto social se ha ligado también el tema ambiental y el nuevo modelo de ciudad, más amigable y humana que ha permitido el hermanamiento con otras luchas como la defensa de los márgenes y el ex cause del rio Mololoa, así como el cerro de San Juan, sumándose en los hechos muchos de estos activistas que han participado en la defensa del parque de la dignidad.
La lucha social ha sido permanente y le ha dado el respaldo y razón de ser durante todo tiempo a la lucha política y jurídica.
De esta manera se ha logrado impedir que por métodos legaloides se haya querido imponer, desalentar, minimizar, mal informar o desacreditar este tipo de luchas tal como en este caso mediante campañas mediáticas en contra. Otras formas perversas que el oficialismo usó contra el movimiento del Parque de la Dignidad fue la tala clandestina de árboles que ya habíamos plantado y que tuvimos que volver a replantar en forma masiva para reponer el arbolado, así como los constantes incendios provocados dentro del área para destruir la reforestación que los ciudadanos habían realizado, pero al igual que el caso anterior, la respuesta organizada a dichos incendios provocados deliberadamente por fuerzas oscuras y a la creciente sequía, fue realizar jornadas de hidratación, mantenimiento y cuidado del Parque, mediante aportaciones voluntarias, tanto de colectivos como de ciudadanos en particular para rentar pipas de agua y reforestar de nuevo, siendo la UPIN la organización base de este esfuerzo. Cabe decir que, si bien es cierto que decenas y cientos de personas han participado en esta lucha, muchos hicieron presencia solo por dos o tres semanas y luego desaparecieron, otros sólo aparecieron esporádicamente e inclusive hubo algunos personajes que sólo fueron para la foto. Inclusive de las 16 personas que suscribimos al amparo, varios de los que aportaron su firma y su respaldo moral, no tuvieron consistencia en la lucha, pero en contraste, a lo largo del movimiento se sumaron otros grupos y muchos ciudadanos más de manera discreta pero firme y que aún permanece en esta lucha por la vida… [Continuará]