Por Ernesto Acero C.

El menor de los pecados que se registran al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el escandaloso monto de las retribuciones a los ministros. Ni siquiera empeora nada si hablamos de los privilegios de quienes representan una especie de “casta divina”. Las reglas para el nombramiento de los ministros, es una de las razones por las que podemos asegurar que sus excesivos ingresos son peccata minuta. Así de intrincado es lo que ocurre.

Entre tantos procesos privatizadores, no nos percatamos a tiempo del proceso de privatización de las instituciones. Se ha privatizado al INE, al INAI, a los entes “autónomos” y naturalmente al Poder Judicial. Por eso es indefendible la postura de los miserables que se han apoderado de las instituciones nacionales mediante una ruin lógica endogámica, cuando no de plano por la ruta del nepotismo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha jugado con las cartas marcadas por los que lo odian y les ganó la partida. La facultad del presidente para proponer y en su caso imponer a un ministro, data de 1928. Dicha reforma constitucional fue promovida por Plutarco Elías Calles. Después de casi cien años de vigencia, mesándose los cabellos y desgarrándose las vestiduras, se quejan de la designación de la ministra Lenia Batres. Fariseos, se lamentan de su propio recurso callista. Esto es un asunto relativamente más relevante que lo que ganen o dejen de ganar los ministros.

Excesos superiores al del sueldo de los ministros, se manifiestan al momento en el que un punto de vista personal, se convierte en interpretación de la Ley Fundamental. A eso se ha referido la flamante ministra Lenia Batres, en su primer discurso al seno de la SCJN. Al asumir el cargo de ministra, sostuvo que “no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte”. Ya está dicho: los jueces pueden ser inimpugnables, pero no son infalibles.

Sostiene Lenia Batres que la Constitución está subordinada a la Suprema Corte y no la Suprema Corte a la Constitución. Lo que subyace a ese hecho es otro de los asuntos que ponen en duda el Estado Constitucional de Derecho. A su vez, ¿a qué está subordinada la Suprema Corte?

La SCJN se encuentra subordinada a los “cabildeos”, se sujeta a intereses políticos y de camarillas. Para subordinar a la Constitución, se valen de la manipulación de procedimientos. De esa manera, se pospone el análisis de asuntos y se aceleran los asuntos que les interesa.

Lo mismo ocurre en el caso del peripatético Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un caso en el que la Constitución fue arrodillada para responder a consignas y no a lo dispuesto por la Ley de Leyes, lo vimos en la integración de la Legislatura nayarita de 2014 a 2017.

En aquella ocasión, el Magistrado ponente Salvador Olimpo Nava Gomar, atravesó de un extremo a otro al Pacto Federal. La Constitución, en su artículo 105 (fracción II, penúltimo párrafo), dispone que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Este dispositivo fue burlado flagrantemente aplicando de manera directa una reforma constitucional que se había publicado con un proceso electoral en curso.

¿A qué me refiero? Aludo al proceso electoral que había iniciado en enero de 2014 en Nayarit y cuya jornada electoral se realizó el 6 de julio de ese año. También me refiero a la reforma electoral peñanietista de 2014, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014 y que entró en vigor el día siguiente.

Para poder aplicarse cada una de las reformas constitucionales en materia electoral, la reforma mencionada debió haberse aprobado 90 días antes del siete de enero de 2014 (en los primeros días de octubre de 2013). No fue así. La reforma en materia electoral fue aprobada, promulgada y publicada con el proceso electoral local en curso. En 2014 se aplicó una reforma electoral aprobada en pleno proceso electoral local, tan solo por las pistolas de los magistrados del TEPJF. ¿Mejor ejemplo? Muchos, sin duda.

La decisión de los magistrados electorales en la Sala Superior del TEPJF en 2014, sin duda alguna, fue producto de negociaciones políticas y no de estricto apego a la Ley. La Constitución es muy clara al respecto y no proceden “interpretaciones” sujetas a la lógica de la prevaricación.

Este solamente es un ejemplo de lo que ocurre en el caso. El laberinto es más inescrutable de lo que parece. La ministra Batres deberá afrontar los desafíos derivados de vicios, de corrupción, de nepotismo, de toda laya de oscuros intereses que gobiernan la vida del Poder Judicial.

FINALMENTE. Finalmente tratemos de manera marginal el tema de los sueldos de los ministros y de la élite de sus corifeos. Dentro de la solemnidad del excelente discurso de Lenia Batres pudimos toparnos con un dato provocadoramente hilarante. Se trata de la reforma constitucional de 2011 promulgada por Felipe Calderón Hinojosa que entonces ostentaba el cargo de Presidente (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf).

En efecto, Felipe Calderón Hinojosa resultó promotor de la austeridad republicana. Esa reforma significó incorporar en el 127 (fracción II) del Pacto Federal el principio de austeridad. Lo anterior significaba desde entonces que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. Por servidor público definía a “Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público…” O sea, todos y también los ministros de la SCJN.

Si la Constitución continúa subsumida formal y realmente a los ministros, de nada sirve el Pacto Federal. Más todavía: si la Constitución continúa arrodillada ante poderes fácticos, entonces procede inhumarla. Si la Ley Fundamental sigue sometida a intereses particulares, se debe a que es insepulto cadáver.

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