En cuanto al número de poderes, los Estados modernos democrático-representativos, han reconocido ―en buena medida conforme al “Espíritu de las Leyes” de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu― la pertinencia de contar con tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los cuales han de encargarse de elaborar las leyes, ejecutarlas y aplicarlas en la resolución de conflictos respectivamente.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha reconocido la existencia de diversos “poderes fácticos” con mayor o menor influencia en los poderes constitucionales y, consiguientemente, en la marcha de las naciones. En tiempos recientes, el poder del dinero [del alto empresariado] y el poder de los medios de comunicación han sido considerados como los “poderes fácticos” más influyentes en muchos países, incluido el nuestro.
En ese contexto, no deben extrañar los conflictos que se han dado a lo largo de este sexenio entre el jefe del poder ejecutivo [que ha vuelto a ser el poder de los poderes] y dos de los tres empresarios más ricos del país [con el más rico de todo la relación “marcha sobre ruedas”] y con algunas empresas con inversiones importantes en áreas estratégicas, ni tampoco el constante ataque y descalificación de medios electrónicos, periódicos, revistas, comunicadores y analistas de que hemos sido testigos un día sí y otro también.
De ahí que se pueda decir que la presente administración ha tenido como propósito ―expresamente manifestado en diferentes momentos y espacios― recuperar el poder gubernamental sobre el poder económico nacional y transnacional, así como el de convertirse en la principal fuente de información.
Sin embargo, así como ha entablado una lucha sin cuartel contra los medios de comunicación y contra el poder judicial, y una guerra de baja intensidad contra algunas empresas y empresarios y ha sometido al poder legislativo y buscado la manera de someter al judicial [particularmente a la Suprema Corte de Justicia], el jefe del ejecutivo ha empoderado de manera amplia y profunda al poder militar que, desde tiempos de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, había estado subordinada al jefe máximo de las fuerzas armadas y limitado en recursos y en influencia en el ámbito político.
Precisamente, a ese empoderamiento ―desde el punto de vista de la dinámica del fenómeno de la militarización a lo largo de este sexenio―, dediqué mi colaboración anterior en este espacio y, ahí mismo esbocé una promesa de dedicar algunas “palabras” al otro poder que ha ampliado y diversificado su influencia en estos años: las fuerzas armadas ilegales.
Al igual que en el caso de las fuerzas armadas no es fácil enumerar siquiera los espacios económicos, sociales y políticos hacia los que se ha ampliado el ámbito de sus actividades, en el caso de “las otras fuerzas armadas” [las del crimen organizado], tampoco es fácil hacer esta enumeración ya que, a las actividades que tradicionalmente realizaban [producción, tráfico y comercialización local, nacional e internacional de drogas], han ido añadiendo el control de la piratería y de los giros negros, el tráfico de personas, el guachicoleo, el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, la desaparición y el asesinato de personas e incursionando más y más en el ámbito político no solo con los tradicionales pactos con las autoridades para que los dejaran trabajar, sino con apoyos monetarios para campañas, con el visto bueno o malo para candidaturas y con intervenciones directas el día de las elecciones en algunos estados.
Las actividades ilegales relacionadas con los estupefacientes han sido toleradas en términos generales y hasta cierto punto por los gobiernos a lo largo de varias décadas ya que estaban sometidas al poder político hasta la coyuntura de la denominada transición democrática por lo que nunca se consideró que pusieran en peligro la seguridad interior o que afectara gravemente a la población el tema del consumo.
Sin embargo, con el impacto que tuvo la transición democrática con la caída del poder hegemónico priísta las cosas cambiaron y los cárteles mexicanos ―que se habían internacionalizada ya tras el debilitamiento de los cárteles colombianos― se fueron fortaleciendo hasta el grado de que durante el segundo periodo panista se tomó la decisión de hacerles la guerra, una guerra que elevó exponencialmente el número de muertes, muchas de las cuales se pueden considerar como ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas y sin lograr, al menos, recuperar el control de las organizaciones del crimen organizado por parte del gobierno federal y del Estado.
En ese contexto, se puede explicar el cambio de paradigma en el tratamiento a esas organizaciones por parte de la presente administración. En lugar de balazos, abrazos; en lugar de combatirlas, dejarlas actuar, atacando las causas sociales que propician la incorporación, desplegando numerosos efectivos de las fuerzas armadas [incluida la Guardia Nacional] a lo largo y ancho del país con instrucciones precisas de no intervenir, de no responder a provocaciones. Todo ello, acompañado de un trato con un grado de deferencia solo superado por el trato a las fuerzas armadas y a los colaboradores del régimen y que está en las antípodas del trato otorgado al amplio grupo de conservadores, corruptos, etc., etc.
Este nuevo paradigma, por un lado, ata de manos a las fuerzas armadas no solo para combatir a los cárteles, garantizar la seguridad interior y el estado de derecho en todo el territorio, sino para ofrecer a la población la seguridad a la que tienen derecho y, por otro, posibilita que los cárteles dominen amplias zonas del país territorialmente y se conviertan en los amos y señores de un buen número de pueblos y municipios…
“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre” parece ser una consigna válida en este contexto. Una consigna, sin embargo, difícil no tanto de trasladarla al ámbito de la relación del Estado Mexicano con las organizaciones del crimen organizado en donde se podría decir que habría que evitar tanto el combate que no respeta los derechos humanos y el debido proceso de cualquier persona [incluso de los delincuentes], como la inacción que viola el derecho de la población a una vida libre de violencia, que imposibilita el castigo de los delitos y afecta gravemente la facultad exclusiva del Estado al uso de la fuerza, sino de traducirla en políticas públicas eficaces.
