Por Salvador Cosío Gaona
Como ya se mencionaba ayer en la primera parte de este serial, la embajada de México en Quito, Ecuador, fue el escenario de un abrupto incidente el viernes, cuando un contingente policial ecuatoriano forzó su entrada en la instalación diplomática, donde se refugiaba el ex vicepresidente Jorge Glas, a quien México había otorgado asilo político unas horas antes.
Este acto se produjo en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, exacerbadas por declaraciones del presidente mexicano respecto a sus últimas elecciones presidenciales ―ganadas por Daniel Noboa―; y mismas que el gobierno de Ecuador calificó como “muy desafortunadas”.
El asalto a la embajada sucedió cuando los oficiales, arribando en vehículos de color negro, rompieron las puertas externas y penetraron hasta los patios de la sede diplomática ubicada en el norte de Quito. Durante los hechos, el Jefe de Cancillería de México en Ecuador, Roberto Canseco, fue sometido por policías.
A las 22:30 horas, López Obrador anunció finalmente la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras que la SRE advirtió que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia, así como a otras instancias regionales e internacionales pertinentes, para denunciar las violaciones al Derecho Internacional.
Ante el ingreso sin permiso de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la embajada de México, el país sudamericano incurrió en una violación grave al derecho diplomático y a la Convención de Viena, tratado que establece los derechos y obligaciones entre estados y organizaciones internacionales.
De acuerdo con el artículo 22 de esta Convención, las sedes de las misiones diplomáticas son inviolables, por lo que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellas sin su consentimiento.
Asimismo, destaca que los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.
Cabe destacar que, ante la ruptura de relaciones diplomáticas, tanto México como Ecuador suspenderán sus actividades y cerrarán sus embajadas y consulados presentes en el otro país, hecho que afectará los servicios consulares en ambas naciones.
Y como también ya se mencionaba, el gobierno de México recibió muestras de apoyo de no pocos países y organismos internacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) recordó en un comunicado a sus miembros, que incluyen a Ecuador y México, de su obligación de “no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores español indicó en un comunicado el domingo que “la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961”. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se pronunció en ese mismo sentido e hizo un llamado a respetar el derecho internacional.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas”. Pidió que los dos países resolvieran sus diferencias.
Por su parte, Bolivia convocó a su embajadora en Ecuador para que brinde información sobre lo ocurrido, anotó el presidente Luis Arce el domingo en un mensaje de su cuenta X, antes Twitter, y reiteró que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, al igual que “la tradición latinoamericana del asilo”.
Los recintos diplomáticos están considerados como territorio extranjero, son “inviolables” según los tratados de Viena y las fuerzas de seguridad del país anfitrión no están autorizadas a entrar sin permiso del embajador. Personas que han buscado asilo han vivido días y hasta años en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante siete años sin que la policía británica pudiera ingresar para arrestarlo.
En tanto, Glas fue trasladado el sábado de la oficina del fiscal general en Quito a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde permanecerá retenido en una prisión de máxima seguridad. Gente reunida ante la fiscalía exclamaba “¡fuerza!” cuando el exfuncionario salía en un convoy de vehículos policiales y militares.
La abogada de Glas, Sonia Vera, relató a la agencia AP que los policías irrumpieron en su habitación, pusieron sus manos hacia atrás, ante lo que Glas se resistió y “lo tumbaron al piso, le patearon en la cabeza, en la columna, en las piernas, las manos” y al no poder caminar, “a rastras lo sacaron”.
A la defensa no se le permitió ver a Glas mientras se encontraba en la oficina del fiscal, por lo que prepara un pedido de habeas corpus, agregó.
Las autoridades investigan a Glas por supuestas irregularidades durante su manejo de las tareas de reconstrucción tras un potente sismo en 2016 que mató a cientos de personas. Ha sido condenado por sobornos y cargos de corrupción en otros casos.
La ministra ecuatoriana de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, dijo el sábado a periodistas que la decisión de ingreso a la sede diplomática mexicana fue adoptada por el presidente de Ecuador, ante “un riesgo de fuga inminente” de Glas y tras haber agotado, según aseguró, todas las posibilidades de diálogo diplomático con México.
La especialista en derecho internacional y directora del Observatorio de Derecho y Justicia, María Dolores Miño, advirtió que Ecuador deberá afrontar sanciones inmediatas de carácter político que “no se deben subestimar”.
Miño advirtió que Glas podría demandar al país ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. “El hecho que se le haya arrebatado forzosamente las protecciones de ese estatus, por más que no estemos de acuerdo con esto, es una clara violación a derechos protegidos”, acotó.
Noboa se convirtió en presidente de Ecuador el año pasado mientras el país enfrentaba unas tasas de delincuencia récord vinculadas al narcotráfico. Declaró que el país está en un “conflicto armado interno” en enero y designó a 20 organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas que el ejército tenía autorización de “neutralizar” dentro de los márgenes del derecho humanitario internacional.
Will Freeman, experto en América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, dijo que la decisión de enviar a la policía a la embajada mexicana plantea preocupaciones sobre las medidas que Noboa está dispuesto a tomar para ser reelegido. Su mandato termina en 2025 porque fue elegido para completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso.
“De verdad espero que Noboa no esté tomando un rumbo más como el de Bukele”, dijo Freeman en alusión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuya estrategia de mano dura contra la delincuencia ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos. “Es decir, menos respetuoso con el estado de Derecho para conseguir un impulso en su popularidad antes de las elecciones”.
@salvadorcosio1