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Aprender para no repetir: un breve asomo a la investigación sobre la pandemia de Covid-19 en México

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En fechas recientes, el Informe sobre la pandemia de Covid-19 en México, publicado por una Comisión Independiente de Investigación coordinada por Jaime Sepúlveda y conformada por 17 académicos acompañadas por cinco más que formaron parte del equipo de investigación, se ha hecho presente, desde diversas perspectivas en los medios de comunicación social, en las redes sociales, en la prensa escrita y en “la mañanera”.

Mis “palabras” en esta colaboración pretenden, ante todo, invitar a una lectura ―a la vez abierta y crítica― del amplio documento o, al menos, de su prólogo e introducción y de aquellos capítulos que llamen más poderosamente la atención.

Considero que ―más allá o más acá de la descalificación o del aplauso fácil― es clave tener presente que una investigación como esta es indispensable en cuanto posibilita entender y comprender lo que pasó y, a partir de ese entendimiento y comprensión posibilitar mejores prácticas y menos situaciones trágicas evitables.

Cabe señalar que el informe ofrece una visión crítica acerca de la manera en que el Estado Mexicano [particularmente el gobierno federal] manejó la crisis, una crisis en que se pudieron evitar muchas de las consecuencias de la pandemia, ante todo, miles de muertes.

A este respecto, se puede leer en la introducción, lo siguiente: “Entre confinamientos y aperturas, se instrumentaron una multitud de medidas, decisiones y acciones que en este Informe se ponen a la vista y de conjunto. El balance no es bueno. Se proyecta la sombra de una catástrofe humanitaria, sanitaria, social, educativa, económica”.

En la misma introducción se afirma que la combinación de desventajas estructurales con repetidas fallas de liderazgo y gestión de la pandemia configuraron un escenario devastador del que se desprenden dos conclusiones sustentadas en evidencias cuantitativas y cualitativas:

“Primero, una alta proporción de las muertes producidas por covid-19 en el país fueron muertes evitables; segundo, para proteger mejor los derechos de los mexicanos hacia el futuro, es crucial adoptar reformas institucionales que, además de atender los determinantes estructurales del impacto de la pandemia, prevengan las graves fallas públicas cometidas en su manejo”.

En relación con las desventajas estructurales ―una de las dos fuentes que contribuyeron a la configuración del escenario devastador antes mencionado― en el Informe se afirma, entre otras cosas: “El gran desafío del coronavirus se entrelazó en México con un funesto proceso de debilitamiento del sistema público de salud. Desde el año 2016, los recortes presupuéstales detuvieron una trayectoria de crecimiento en la cobertura y financiamiento de los servicios de salud del Estado, que el país había experimentado desde principios del siglo XXI”. “A la llegada del coronavirus, México transitaba accidentadamente hacia un nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) [el cual] inyectó grandes dosis de inestabilidad al conjunto del sistema. La disrupción incluyó la destrucción del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en salud, que contaba con un saldo de más de 40 000 millones de pesos”.

En cuanto a la otra fuente que contribuyó a configurar el escenario devastador ―las fallas de liderazgo y gestión de la pandemia―, en el informe se pueden leer algunas expresiones que podrían explicar [no justificar] la reacción de la cabeza del gobierno federal.

En él se puede leer: “En el caso de México, el contexto para esa toma de decisiones resultó inapropiado y disfuncional, en parte por la intensa tensión política que ha visto nuestro país en los últimos años. La gestión de la pandemia cobró la forma propia del gobierno de México, a saber: centralizadora, personalista, minimizadora, cerrada a la deliberación, proclive a tomar medidas sobre la marcha y caracterizada por un notorio desdén hacia la ley, los funcionarios profesionales, las voces disidentes y el conocimiento científico”.

En ese contexto, el Informe ofrece el resultado de diversos estudios que han identificado un subtipo de gobiernos nacionales con una serie de características semejantes a las tomadas en nuestro país:

1. Simplificación y negación de la complejidad de la situación. Ofrecimiento de explicaciones y remedios también simples y de “sentido común”.

2. Utilización de la pandemia para reforzar la centralización y concentración de atribuciones y poderes, incluso para hacerse de “facultades especiales”.

3. Utilización de la crisis para amplificar la polarización y dividir a la sociedad en dos: el “pueblo” y el “antipueblo”, encarnado, en este caso, por la industria farmacéutica, los expertos y el gremio médico especializado.

4. Propagación de mensajes sin sustento científico ni respaldo médico, útil para la manipulación política.

El texto introductorio se cierra con un cuadro que presenta “las cifras duras, los indicadores críticos que miden el desempeño nacional en la respuesta a la emergencia [2020-2023].

En este “asomo” me limitaré a explorar el capítulo 2 del informe, en el que se pretende responder a la pregunta ¿Pudo ser diferente?; una pregunta, por cierto, respondida afirmativamente partiendo siempre de las dos fuentes que contribuyeron a configurar el escenario devastador acabado de evidenciar en el cuadro con las cifras duras y con base en el análisis de cuatro indicadores clave: la reducción en la esperanza de vida, la orfandad provocada por la muerte de adultos jóvenes, la mortalidad entre el personal de salud y la mortalidad en exceso por todas las causas.

“Los datos son contundentes. De las más de 800 000 muertes en exceso que la pandemia dejó en México, entre 37% y 39% no pueden atribuirse a la prevalencia de enfermedades crónicas, el nivel de desarrollo económico, la economía informal, las deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud (agravadas en los años previos a la crisis), la estructura demográfica y otras condiciones difíciles de modificar a la llegada de la pandemia. Es decir, si México hubiera tenido un desempeño apenas promedio en la gestión de la emergencia sanitaria, se pudieron evitar alrededor de 300 000 muertes”.

Para concluir, una asomada al porcentaje de mortalidad en exceso a nivel subnacional, desarrollado en el capítulo 3 del Informe.

En él se muestran gráficamente las curvas de muertes en exceso para las 32 entidades federativas tanto las muertes por Covid-19 como las muertes por efectos secundarios de la emergencia y se pueden constatar grandes diferencias entre las entidades con mayor porcentaje de muertes en exceso: CDMX, 67%, Tlaxcala, 64%, EdoMex, 62%] y las entidades menos afectadas: Yucatán y Guerrero, 25% y Nayarit, 24%.

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