Por Ernesto Acero C.
Con reconocimiento a la trayectoria política y fortaleza ideológica y moral de Pavel Jarero Velázquez.
En 2000 llega al Senado de la República el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Fue primera vez. El PRI se derrumba en esa elección presidencial, no así uno de sus mejores hombres. Es por eso que el pueblo llevó al Senado de la República a una figura que ya se había distinguido en la esfera política. En las urnas se manifestaba el afecto y la gratitud de un pueblo que se sentía cabalmente representado.
Para esa fecha, la naturaleza del Senado ya había sido enlodada. El Pacto Federal había muerto en 1997. Eso significaba la presencia de “Senadores” que arribaban representando a las diversas siglas, ¡por el principio de la representación proporcional!
Antes de seguir, coincidamos con una definición. Para José Barragán Barragán del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Los poderes federales son la voluntad del cuerpo moral, que supone dicho Pacto: son la voluntad de los Estados. Por eso se afirma, con toda razón, que el Senado representa a los Estados, miembros del Pacto de la Unión” (consultar https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2799/36.pdf). Eso es el Senado, la representación del Pacto Federal, de la Unión de los Estados.
Se reforma la Constitución durante el gobierno de Ernesto Zedillo (DOF, 22-08-1996), para incrementar el número de Senadores. Así fueron incorporadas las siglas que suelen denominarse “partidos”. Eso ocurre por primera vez en 1997, cuando se aplica el principio de “representación proporcional” como vía para integrar otros 32 Senadores a los 96 que ya había.
En ese momento, estalla el Pacto Federal y los Estados miembros del Pacto Federal ven reducida su importancia frente a las siglas. Años antes se había aprobado la figura de primera minoría (PM) como vía para acceder al Senado de la República. El principio de PM no destruía el principio de representación paritaria de los Estados miembros de la Unión. Antes de 1997, cada entidad federativa estaba representada por tres Senadores, dos por la fórmula que obtenía la mayoría de votos, y otro para de la fórmula que se quedaba en segundo lugar. A partir de 1997, arriban las siglas al Senado de la República y se hace estallar el Pacto Federal.
En 1997, llegan al Senado 13 Senadores representando al PRI, 9 del PAN, 8 del PRD, uno por el PVEM y otro más por el PT. Como se puede observar, el PRI, el PAN y el PRD, estaban representados con mayor número que los Estados de la Unión (tres cada uno). Fin del Pacto Federal. La paridad había sido disuelta con el corrosivo ácido de una partidocracia postiza, sin partidos.
[El Pacto Federal se expresa en paridad o en representatividad, o ambas cosas, de los integrantes de una Unión. Pensemos en Alemania por un momento. Alemania no presenta paridad en su Senado, pero si solamente representatividad de los integrantes de la Federación. No hay país en el mundo que integre a las siglas como representantes de una unión federal y menos con mayor presencia que los estados miembros].
Desde entonces hasta hoy, el Senado privilegia a las siglas en su integración. El Pacto Federal se mantiene disuelto. ¿Qué procede? Los mismos legisladores deben aprobar una reforma constitucional federal, para que se elimine el principio de representación proporcional por el que los partidos acceden al Senado de la República. Dicho de otro modo: el número de Senadores debe ser de 96, en el mejor de los casos, manteniendo el principio de mayoría relativa y el de primera minoría. De esta manera, los Estados tendrían una representación paritaria en el Senado, con tres Senadores cada uno.
Cierto es que reducir el número de Senadores representaría un ahorro en el gasto de ese órgano colegiado. No obstante, lo que se ahorraría sería relativamente marginal en segundo grado, irrelevante si comparamos con el total del gasto público expresado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No obstante, esa reducción al lado de otras medidas, llevaría a la medianía juarista, al principio de austeridad, los que se verían fortalecidos.
Lo que más importa en este caso, es ir al rescate del Pacto de la Unión, sacando del Senado a los mercaderes identificados por siglas. Los Senadores de Representación Proporcional no representan ni a los Estados de la Unión ni a los ciudadanos. ¿Qué representan? La respuesta es irrelevante.
Lo que nos debe importar en este caso, es responder a otro cuestionamiento: ¿para que serviría eliminar el principio de representación proporcional como vía para acceder a la representación del Pacto de la Unión? Eliminar a los Senadores de RP, sería útil para lograr una nueva gobernabilidad sustentada en una más cercana representación de los Estados de la Federación.
En 1997 se abrió las puertas que darían lugar a una gobernabilidad sujeta a los intereses temporalmente dominantes de los partidos. En un país donde los partidos no existen, la RP como vía parta acceder al Senado, lleva a la representación de intereses ajenos a la sociedad misma. Lleva a la representación de intereses personales.
Quizá habría que pensar también en la eliminación del principio de Primera Minoría, como vía para acceder a la integración del Senado de la República. Para dar oportunidad a las segundas fuerzas para integrarse al Senado, podría darse por terminado el ciclo del dogma de las planillas integradas con dos candidatos (con sus respectivos suplentes). Ese dogma, hasta ahora, obliga imperiosamente a los electores a votar por dos candidatos y no de uno por uno.
Acabar con el modelo por planillas para la elección de Senadores, significaría que unas siglas o una alianza de ellas, podría postular de manera separada a sus candidatos. El elector podría votar por candidatos representantes de siglas diferentes o de las mismas. De esa manera, en una entidad federativa se daría la oportunidad a los electores, de votar por un candidato sin obligarlo a votar por otro que ni conoce o peor, a votar por otra persona con la que no se identifica. Resultaría inapropiado pensar en un modelo en el que todos los diputados federales de un estado, fueran electos por planillas, (como en Nayarit, integradas por tres candidatos –con sus respectivos suplentes–).
Así, eliminar la RP como vía de acceso al Senado, puede tener repercusiones trascendentes. Los ahorros dinerarios, son irrelevantes. El impacto en el modelo de gobernabilidad, dentro y fuera del Senado de la República, es de mayor impacto en la vida nacional que el ahorro de unos cuantos millones de pesos que no son nada comparados con las dimensiones del Pacto Federal.
La RP, en la otra Cámara que integra en el Congreso de la Unión, se mantiene como necesaria. No obstante, queda abierta la procedencia de reducir de manera alícuota, el número de diputados federales. Este es un tema distinto que conviene analizar por separado.
También procede pensar seriamente en integrar las legislaturas locales bajo un concepto federalista de proporcionalidad. Reducir el número de regidores también procede, no solamente en Nayarit, sino en el resto de las entidades federativas. Hay mucho que hacer en cuando a la construcción de un nuevo modelo de gobernabilidad. Ese nuevo modelo de gobernabilidad debe cerrar las puertas y muy en serio, a la cleptocracia y a la endogamia.
Reducir el número de cargos públicos de elección popular, no tiene un significado solamente monetario. Se trata de la construcción de un modelo más cercano a la democracia. Al fin y al cabo, en política, lo que se resuelve con dinero, es barato.
