Un amparo del abogado Gabriel Gradilla Ortega, a quien la presidenta municipal de Tepic Geraldine Ponce anunció por redes sociales el 26 de octubre como consejero jurídico del Ayuntamiento de Tepic, ha abierto un debate con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en el que venía laborando.
En la primera quincena de octubre, el también ex magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE) solicitó la protección de la justicia federal citando que hubo una omisión del Consejo de la Judicatura de aprobarle una licencia sin goce de sueldo a partir del día 16, argumentando cuestiones personales, inherentes a su salud mental y estabilidad emocional, por lo que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en Tepic le concedió una suspensión provisional, el mes pasado, para efectos de que las autoridades responsables se pronunciaran sobre ello.
El asunto es que al rendir informes al Juzgado de Distrito, la magistrada presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Aracely Ávalos Lemus, y otros integrantes del mismo, precisaron que no había omisión alguna, sino que en sesión de ocho de octubre se negó a Gradilla Ortega la licencia solicitada, misma que le fue notificada de manera personal el 10 de octubre, lo que acreditaron con la respectiva copia certificada.
Según ha indicado el Juzgado de Distrito, ante la certeza de que no hubo una omisión del Consejo de la Judicatura, “es evidente la imposibilidad jurídica con que se cuenta para conceder o negar la medida cautelar respecto del acto reclamado a las autoridades responsables; por tanto, lo que procede es declarar sin materia el incidente de suspensión, ya que de entrar a su estudio, esto es, negar o conceder la suspensión definitiva, resultaría incongruente, pues fue sustituida con la emisión de la determinación de ocho de octubre del año en curso”.
Así pues, se declaró dejar sin materia la suspensión definitiva del acto reclamado por Gabriel Gradilla.
De acuerdo con los datos recogidos, Gradilla habría recurrido a un profesionista particular para justificar una atención a su salud, a lo que el Consejo de la Judicatura habría observado que la documentación debía provenir de una institución pública, en este caso el ISSSTE que proporciona atención médica a quienes laboran en el Poder Judicial.
Pero la situación se ha vuelto más singular porque el abogado, que habría anexado documentación como necesitado de atención en su solicitud de licencia del 26 de septiembre, un mes después fue presentado por la alcaldesa como consejero jurídico del Ayuntamiento de Tepic.
El asunto seguramente no terminará aquí. Gradilla lleva tiempo en combate jurídico con el Consejo de la Judicatura. De hecho, su reingreso como secretario de acuerdos de sala, después de su paso por el Tribunal Estatal Electoral, se produjo a través de un juicio de amparo que aún no tendría sentencia firme.
Incluso, ahora mismo hay cuestionamientos sobre si pudo darse un abandono a su empleo en el Poder Judicial.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com