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Opinión

El Consejo de la Judicatura y su obligada evolución

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Por Francisco Javier Rivera Casillas

Septiembre 06, 2021 | 09:52 am

Al hablar del Poder Judicial del Estado de Nayarit es inevitable referirnos a uno de sus órganos cuyas atribuciones son de la mayor importancia. Me refiero al Consejo de la Judicatura.

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En efecto, es al Consejo de la Judicatura a quien le corresponde en términos de la Constitución local atender lo relativo a la carrera judicial, evaluación, vigilancia, disciplina, planeación y administración. Vertientes sin las cuales no se concibe una eficaz y transparente administración de justicia.

Si pretendemos colocar en su justa dimensión las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura, conviene examinar si el marco constitucional que le da vida jurídica es acorde al cometido que persigue la finalidad de su existencia.

Sin menoscabo de su evolución histórica y resultados en el presente, es imperativo plantearnos si las recientes reformas constitucionales cumplieron con las expectativas que motivaron su  modificación y sobre todo si corresponden a la profunda renovación a la que periódicamente deben estar sometidas las instituciones locales.

Sin demérito de algunos matices de fondo, en las recientes reformas se privilegió el aspecto cuantitativo –número de integrantes- y el origen de la designación de algunos de sus miembros. Esa circunstancia desafortunadamente relegó temas sustantivos.

En perspectiva a una reforma constitucional de gran calado, resultaría ilustrativo un diagnóstico sometiendo a contraste el catálogo de sus atribuciones con los resultados obtenidos en cada una de sus vertientes.

Si bien es cierto el artículo 116 de la Constitución General de la República determina el marco de actuación de los poderes locales, también es cierto que en lo que respecta a los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas no hay restricción constitucional alguna, lo que propicia una libertad de configuración legislativa.

Dicho en palabras sencillas, no hay limitación para diseñar normativamente un Consejo de la Judicatura que responda con mayor eficacia al contexto local y sobre todo a un andamiaje jurídico en diversas materias como los son enunciativamente el combate a la corrupción, planeación estratégica, paridad de género, régimen de responsabilidades de los servidores públicos, disciplina financiera y asignación de presupuesto con base a resultados.

A partir de dicha libertad que tiene el legislador local, es posible aspirar a una nueva configuración e incluso a una refundación a partir del establecimiento de la naturaleza jurídica con la que debe ejercer sus facultades este órgano del Poder Judicial nayarita.

Hay diversas líneas temáticas a tomar en consideración, sin embargo en esta oportunidad quiero referirme sólo a algunos tópicos de fundamental importancia:

a) Presidencia única y no compartida con la del Tribunal Superior de Justicia, replanteamiento de fondo que permitiría entre otras cosas generar un verdadero equilibrio y una separación nítida entre las dos responsabilidades que por la naturaleza de sus atribuciones en estricto sentido resultan antagónicas;

b) Designación por parte del Congreso del Estado mediante convocatoria pública, de la persona que ocupará la Presidencia del Consejo. Quien deberá contar con dato curricular de amplia experiencia profesional, así como con la suficiente solvencia académica para atender exclusivamente las atribuciones que le son conferidas al órgano.

c) Una nueva configuración en su integración, donde tendrían sólo voz dos magistrados y con voto dos jueces, mismos que serían designados por sus iguales en paridad de género y a quienes les rendirían informes periódicamente.

d) Por lo que respecta a las designaciones de consejeros por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, establecer expresamente que dicha designación no implica representación de los poderes ante el Consejo; asumirlo así representaría una invasión de esferas de competencias.

e) Absoluta transparencia en el mecanismo de selección para su integración, a partir de dos premisas: cumplimiento de requisitos curriculares más exigentes y ponderación objetiva de la idoneidad de los perfiles que ocuparán los cargos de consejeros;

f) Definir expresamente en el texto constitucional que por su naturaleza jurídica el Consejo de la Judicatura es un órgano que contará con autonomía técnica y de gestión, dotado de independencia en la emisión de sus resoluciones; y

g) Bases o principios constitucionales que deben regir en la primera instancia, tema relegado en la mayoría de las reformas constitucionales. Se trata, por ejemplo de incorporar criterios objetivos para la adscripción de jueces privilegiando la especialización y permanencia.

Los planteamientos aquí esbozados se traducirían en tres puntos esenciales.

Por una parte, una significativa y necesaria modificación en el mecanismo de selección e integración, misma que atendería el tema de género, así como un mayor equilibrio y contrapeso entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura con la actividad jurisdiccional que es exclusiva de magistrados y jueces.

Por otra parte, al definir jurídicamente la naturaleza del órgano, se verán fortalecidos de mayor certeza los actos que emita en cumplimiento a las variadas y complejas atribuciones que tiene encomendadas el Consejo.

Como tercer punto, se lograría un reconocimiento a nivel constitucional de las directrices que invariablemente se deberán de observar en beneficio del óptimo funcionamiento de los juzgados de primera instancia, incluyendo el catálogo de diversas garantías en favor de sus titulares.

Son tiempos de renovación; es momento de superar la configuración de instituciones preestablecida en una época y circunstancia determinadas; modelos que por el sólo transcurso del tiempo ya agotaron el diseño para el que fueron creadas. Hoy las decisiones deben romper paradigmas y edificar las instituciones que requiere y exige el futuro inmediato.

¡Evolucionemos!

*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

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