Opinión

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (Parte octogésima octava)

Hojas de ruta para una ciudadanía libre

Por Eduardo Trujillo

Octubre 21, 2021 | 10-21 am

“Los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes”

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Jean-Baptiste Poquelin, “Molière”

(Dramaturgo, actor y poeta francés, 1622- 1673)

 

Por Eduardo Trujillo

 

INSTITUCIONES PARA LA DEMOCRACIA.

Se cumplieron treinta y un años el 11 de octubre de 1990, fecha en la cual el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó su primera sesión de Consejo General.

Con esa ocasión, el Estado mexicano inauguró la apertura a los organismos electorales profesionalizados y permanentes, que posibilitaron una paulatina transición democrática, para abandonar el modelo autoritario que se heredó del callismo desde 1929 y que Lázaro Cárdenas perfeccionó para el dominio de un solo partido.

A tres décadas del arranque, ahora nos encontrarnos en un sistema pluripartidista, de partidos políticos modernos y competitivos.

El IFE nació como solución, a los conflictos postelectorales del año 1988, esas elecciones modificaron la vida electoral de México, con ellas se había agotado la capacidad de transmitir pacíficamente el poder dentro de la élite surgida de la postrevolución, a la muerte de Álvaro Obregón.

El nuevo organismo sustituyó a la Comisión Federal Electoral, órgano de la Secretaria de Gobernación, que desde 1958, cada que había elecciones, integraba con personal improvisado y sin la adecuada experiencia, los órganos electorales, en términos del Código Federal Electoral, vigente en esa época.

El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) fue aprobado en el Congreso en agosto de 1990 y derogó la ley anterior y creó el IFE, con la idea de promover elecciones limpias, competitivas y profesionalizadas

Elección tras elección, reforma tras reforma, el sistema corporativista de control político dejó de depender de mecanismos autoritarios y se desestructuró, para sustituirse por un elemento en manos de la ciudadanía que normalizó el ejercicio del gobierno con la aportación de la legitimidad del voto.

Además, los delitos electorales pasaron a ser materia del Código Penal; para ordenar la administración electoral, se introdujo la insaculación como método para la designación de los integrantes de las casillas y se definió un máximo de 1500 electores por sección y de 750 por casilla. Con esto se creó la mesa directiva de casilla ciudadana que recibe y cuenta los votos de sus vecinos, un órgano en manos de la población totalmente.

Desde la creación del IFE, se le dio mayor validez al proceso electoral y se evitó la intervención de manos que pudieran tergiversar los datos o apropiarse de los votos de las urnas instaladas en todo el país.

Los comicios, dejaron de ser eventos simbólicos de ratificación de lealtad al régimen autoritario y hegemónico para convertirse en un proceso, preparado, desarrollado, vigilado por millones de ciudadanos, en donde compiten una amplia gama de opciones partidistas, candidaturas independientes, en las mejores condiciones posibles de equidad, para obtener del electorado su voto libremente y sin coacciones, sin dados cargados.

La representación política en el territorio nacional se modificó, pues hasta 1988 las 32 entidades eran invariablemente, gobernadas por el PRI, y en 1989 apareció el primer estado gobernado por un partido político distinto al PRI, la primera alternancia en un estado; hasta 1990 en la Cámara de Senadores solamente había 4 senadores distintos al total priista; y la cámara de diputados mantuvo la mayoría priista, con más de la mitad de los 500 diputados de origen priísta, hasta que en 1997, ya con el IFE autónomo  y creado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, los partidos opositores lograron el primer gobierno dividido, con cámara de diputados en la cual, el PRI pasó a ser minoría, con solamente 239 de los 500 diputados.

 La última reforma logró consolidar una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se regula, tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales, lo que ha venido a dar a los procedimientos desarrollados en elecciones, de estándares de calidad homogénea en todos los niveles de les elecciones y en todo el territorio nacional, con profesionalización nacional, de la función electoral.

Las reformas de los últimos treinta años se convirtieron en una transferencia masiva de poder político a la sociedad y terminó con el paternal autoritarismo gubernamental sobre obreros, campesinos y empresarios.

El electorado, empezó a castigar al gobierno priísta en forma creciente, perdiendo este último la legitimidad que llevó a la sucesión de alternancias, y luego, pasar esa presión a todos y cada uno de los partidos que han gobernado y no logran cumplir las expectativas que en campaña hicieron que la población colocara en ellos.

En los treinta y un años de existencia de los órganos electorales especializados, autónomos, independientes y profesionalizados, la dinámica de la política nacional se transformó aceleradamente, el mapa de resultados electorales cambió de ser monocolor, a un abigarrado mapa en el cual existen y coexisten gobiernos de todas las fuerzas políticas, distribuidos en los tres niveles de gobierno, y se inauguró el periodo de alternancias políticas más fecundo de nuestra historia.

Las legislaturas federales y las locales, los cabildos de los ayuntamientos, se convirtieron en espacios plurales, en fuentes de gobiernos divididos, en los cuales el poder ejecutivo y el legislativo recayeron en mayorías distintas, con una división autentica de los poderes públicos, equilibrios y controles, con representación de todo el abanico de partidos políticos con registro legal.

El siglo XXI, se inauguró con la primera alternancia democrática de la presidencia de la República y en 18 años, se concretó la tercera alternancia presidencial, en los últimos siete años, las elecciones de gobierno en todas las entidades del país, han sido organizadas mediante el sistema electoral nacional, y el saldo es, lo que Ciro Murayama ha denominado la era de las alternancias, con 63.63% de probabilidades de que una elección sea ganada por un partido diferente al que ganó en la elección previa.

Los electores demostraron ya no tener lealtades partidistas permanentes, se acabó el voto corporativo, el voto verde del medio rural, el voto duro de las clientelas.

 En muy pocos años, las elecciones pasaron de ser organizadas por el gobierno, con muchos señalamientos de fraude, a ser organizados por un órgano autónomo, profesional y ciudadanizado que ha logrado el reconocimiento como el mejor órgano electoral del mundo y se ha convertido en asesor de innumerables países, y de la propia unión europea, en materia de elecciones, y en factor de paz social, todo por el altísimo nivel de perfección técnica en preservar la legalidad, legitimidad e integridad del voto depositado en urnas.

Pero no todo es avance, México está lejos de ser una sociedad democrática en sus formas, actitudes, cultura y manifestaciones, estamos distantes de contar con una ciudadanía y clase política demócratas.

Escasea el respeto de unos actores políticos hacia los adversarios, lo que polariza y divide a la sociedad, es amplio el desapego de las reglas del juego por parte políticos y candidatos, el respeto a la legalidad no permea en las convicciones de grandes segmentos de población.

La democracia como acción civilizatoria, no ha logrado implantar en la población los valores de tolerancia, pluralismo, diálogo, debate, solidaridad, responsabilidad, justicia social, respeto, legalidad, honestidad, igualdad ante la ley y libertad, que definen a una sociedad de talante democrático, que haga de la mexicana, una ciudadanía comprometida con la democracia.

Las altas expectativas que, ingenuamente, se colocaron en que la democracia por que resolvería todos los problemas de la sociedad, hoy que tenemos procedimientos certeros, e instituciones que realizan elecciones confiables, los gobiernos emanados de esas elecciones, han caído en ineficiencias, ilegalidades, abusos, corrupción e impunidad, abonan a un injusto descrédito y alejamiento de la ciudadanía del pensamiento democrático.

El triunfo electoral ensoberbece a quienes ganan y confunden la legitimidad de los votos con un cheque en blanco para actuar sin controles, ni equilibrios y hacen del presupuesto gubernamental, un botín para repartir entre correligionarios, por otro lado, quienes pierden se enojan y arremeten contra el árbitro.

Aun después de treinta y un años se requiere de un profundo cambio en la cultura política presente, que ponga por encima a la competencia, sobre el monopolio y control político, tenemos una población que, mayoritariamente, no entiende lo que es la democracia y casi no cree en ella, no cree por que se le ha desinformado o mal informado intencionadamente.

Hoy después de 39 años que dejó de utilizarse en los discursos oficiales la “Revolución Mexicana” como eje teleológico del quehacer público y justificativo de los actos de autoridad, aparece con la misma intencionalidad el término “cuarta transformación” y vuelven a resucitarse pulsiones autoritarias y tendencias corporativistas.

La democracia requiere para sobrevivir, ser entendida por sus beneficiarios y contar con ciudadanía de convicción democrática, las democracias que no atienden señales han recaído, la historia así lo demuestra.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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