Opinión

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (Parte nonagésima tercera)

Hojas de ruta para una ciudadanía libre

Por Eduardo Trujillo

Noviembre 25, 2021 | 11-25 am

“Cuando emprendes un viaje de venganza, comienza por cavar dos tumbas: una para tu enemigo y una para ti”

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Jodi Picoult

(Escritora estadounidense, n. 1966)

PONIENDO UN CUATROTE.

Es una expresión común en México el decir que se pone “un cuatro” a una persona, cuando mediante engaños se le tiende una trampa, razón por la cual es un término equivalente al de tender una celada. De ahí que se utilice la expresión “poner un cuatro” cuando se tiende una trampa con mala intención, mediante un engaño o un señuelo.

Eso es exactamente lo que desde las más altas esferas del poder público se pretende realizar en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), al exigirle la realización de la revocación de mandato y al mismo tiempo recortar los recursos destinados a efectuar ese ejercicio.

Hoy la clase gobernante, está llamando a la población a “firmar un apoyo para que continúe en el cargo el actual presidente”, llaman a ese engaño “ratificación de mandato” lo cual es un engaño a la población, pues no existe ningún ejercicio de ratificación de mandato en la Constitución, ni en ninguna ley mexicana y, el presidente puede (y debe) continuar su mandato hasta el 30 de septiembre de 2024, sin que se necesite ninguna votación, ni ejercicio de consulta a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, es que huele mal el hecho de que desde el partido gobernante se busque engañar a la ciudadanía invitándola a un ejercicio de ratificación, que no existe, pues la ley establece una revocación.

La ley prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato, razón por la cual sería sano investigar ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la propaganda, pago de voluntarios y alimentos de estos, en las innumerables mesas que coincidentemente en todo el territorio nacional están invitando a “ratificación del mandato de AMLO”?, también cual es el monto invertido en esta actividad, que por cierto exhibe slogans, hashtag y colores del partido del Presidente, gastan en  toldos mesas y personal ¿Quién pagará? es   muy peculiar que exista tanta coincidencia y a la vez opacidad.

Si con mentiras y engaños se está obteniendo la firma de las y los ciudadanos al decirles que es para ratificar, y posteriormente se presentarán esas firmas para que se efectué la revocación, pues no queda la menor duda que se trata de un fraude, en el cual están dando gato por liebre a la ciudadanía que otorga su firma, por tal razón ya debería estar actuando la FEDE (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) pues se trata de un fraude electoral maquinado desde el poder, sin embargo no se ve acción, lo que sospechosamente da la impresión de encubrimiento o complicidad en la era en la cual el fraude electoral ya es un delito grave.

La ley de revocación de mandato señala claramente en su Artículo 5. “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.”

La estafa a la ciudadanía por parte de quienes están recolectando firmas con esos engaños, se complementa con la negativa a otorgar el presupuesto solicitado por el INE para la realización de la revocación, pues se ve venir ahora, una narrativa oficialista, señalando que el Instituto no quiere realizar la consulta, lo cual forma parte de la trampa que se está gestando para azuzar a la ciudadanía en contra de la autoridad electoral, lo cual no solo es peligroso, sino que esconde un gran perversidad de quienes lo han maquinado al amparo del poder.

El engaño consiste en entusiasmar a la ciudadanía, en participar en la consulta de revocación, disfrazándola de ejercicio de apoyo al presidente, casi por aclamación y luego, mostrar a un INE imposibilitado de hacer la consulta de revocación, por que no se le otorga presupuesto para ello, orillándolo a hacer lo imposible, so pena de enfurecer “al pueblo” y así evidenciarlo como un enemigo del “pueblo bueno”, esa es la maquinación desde el oficialismo, al lector le queda calificar el grado de  perversidad que ello encierra.

La apuesta gobiernista se fundamenta en el discurso que desde siempre ha manejado la 4t, decir que la democracia mexicana es la más cara del mundo, lo cual no solamente es mentira, sino que intenta devaluar el aprecio ciudadano por la democracia, pues las libertades que entraña la vida en democracia, para el individuo, su conciencia y su palabra, no tienen precio.

El garlito que la 4t ha ideado contra el INE, olvida la siguiente historia: la desconfianza en los procesos electorales, que en el siglo pasado organizaba el gobierno a través de la Secretaria de Gobernación y la presión paranoica que el candidato perdedor en 2006 y 2012 puso, para que aumentaran los candados y controles en los procedimientos electorales, elevando en consecuencia los costos.

 ¿Qué situaciones y circunstancias han orillado a que se eleven los controles y por consecuencia los costos de la actividad realizada por las autoridades electorales?

Al fundarse el entonces IFE (1990) se argumentaba que el padrón electoral existente no era confiable, razón por la cual se implementó la creación, a partir de técnicas censales, de un nuevo padrón a cargo de autoridades distintas al gobierno, seleccionadas por sus méritos, ajenas a injerencias partidarias, profesionalizadas y permanentes (IFE); posteriormente (1992), se adujo que muchas personas votaban sin que se demostrara que eran los titulares de la cédula de empadronamiento, esto llevo a crear una credencial para votar con fotografía y a instrumentar los procedimientos para mantener el padrón actualizado y depurado y la credencial con la más amplia cobertura en el territorio nacional (hoy existen, aproximadamente, mil módulos de credencialización en el país que funcionan de manera permanente) haciendo de este documento, de facto, la cédula de identidad y documento más confiable de identificación, desde luego que estas dos funciones adicionales, incrementaron, no solo las responsabilidades de la autoridad electoral, sino también los costos de la operación de la organización comicial.

En el mismo tenor, posteriormente se exigió que se tuvieran listas nominales en las casillas, con la imagen de las y los electores, impresas en papel seguridad para evitar que votaran personas que no fueran titulares de la credencial, y se implementó nuevamente una nueva responsabilidad con el incremento de los costos respectivos.

Para evitar la desconfianza y que ni el gobierno, ni alguna otra fuerza política, influyera en quienes recibieran las votaciones en las casillas, se creó la figura de los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, figura ciudadana que atiende la casilla única de su vecindario y con total ejercicio de independencia y autoridad,  actúa el día de elecciones clasificando y contabilizando los votos  de sus vecinos, estos funcionarios son seleccionados  aleatoriamente y por sorteo (insaculación) del 13 % del personas inscritas en el padrón), esto es, un poco más de una por cada siete personas mayores de dieciocho años, que es visitada en su domicilio, desde marzo hasta junio, en que se realiza la elección, para notificarle, invitarle y capacitarle, hacer simulacros, entregarle información, documentos, lista nominal,  las boletas y actas y todos los enseres necesarios para realizar su labor   y, para ello se contratan miles de capacitadores y asistentes electorales de manera temporal, para así erradicar cualquier desconfianza en las y los funcionarios de casilla, lo cual indudablemente que cuesta.

Se desconfió que las boletas fueran fácilmente reproducibles, por lo que se imprimen ahora en papel seguridad, con múltiples tramas de blindaje, que las hacen más seguras e infalsificables que un billete de banco, lo cual representa erogaciones mayores.

Después de 2006, se dijo que el financiamiento público se gastaba en más del 80% en pagarle a los medios de masivos de comunicación electrónica, convirtiendo las elecciones en un gran negocio para este tipo de empresarios, por lo que se modificó la ley, y el IFE, hoy INE, pasó a administrar los tiempos del Estado en radio y televisión para su uso en comunicación electoral. Desde entonces no cuesta ni a los partidos o candidatos, ni al presupuesto, ningún spot pues son parte del impuesto en especie a que están obligados los concesionarios, sin embargo, no disminuyó el presupuesto de los partidos y candidatos, pero la autoridad electoral fue convertida en la empresa de monitoreo de medios más grande del orbe.

Las preguntas obligadas son: ¿de cuáles procedimientos se puede prescindir para abatir costos, sin recaer en la sempiterna desconfianza? ¿De cuáles procedimientos prescindir sin poner en riesgo la certeza de que la voluntad expresada en urnas corresponde a los resultados?

¿Qué sentido de frugalidad pública puede tener la pretensión de reducir, si afecta la dinámica de atención de las numerosas atribuciones que se le han dado en cada reforma, a dicho órgano?

Lo que se olvida de manera maliciosa es que se ha recargado de atribuciones (ahora quieren revocación y consultas) al órgano electoral y, cada nueva función que se le da al INE, la cumple con excelencia, pero cuesta su implementación.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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