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Opinión

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (Parte nonagésima cuarta)

Hojas de ruta para una ciudadanía libre

Por Eduardo Trujillo

Diciembre 02, 2021 | 12-02 am

“La razón de Estado no se ha de oponer al estado de la razón”

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Carlos I de España yV del Sacro Imperio Romano Germánico (1500-1558)

¿RAZÓN DE ESTADO?

La “Razón de Estado” es un concepto de origen medieval-renacentista que se que se refiere a la motivación, generalmente secreta o inconfesable, que mueve a un gobernante a tomar determinadas decisiones de interés público, aun cuando se vulneren principios morales o de justicia. Corresponde la expresión al pensamiento que justificaba las acciones en los estados regidos por monarcas absolutistas, es un concepto que considera al monarca o príncipe la autoridad máxima, por encima de todas las leyes, derivado de la expresión latina “princeps legibus solutus” que significa que la voluntad del príncipe se encuentra por encima de todas las leyes.

Al respecto dice Maquiavelo, en los “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio” (Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio) “El concepto de “Razón de Estado” nace de una concepción negativa de la naturaleza humana. Para los defensores de la razón de Estado el hombre es un ser depravado, incapaz de buenas acciones si no es forzado por la necesidad.” es decir, si no está convencido de que un buen comportamiento le traerá más ventajas que uno degenerado.

De tal manera se interpretó durante el renacimiento, que la “Razón de Estado” viene literalmente a ser un manual para gobernantes sin escrúpulos.

En Castilla, por ejemplo, desde el siglo XV, bajo esta tesis se decía que, el monarca estaba investido de una potestas absoluta extraordinaria, que le permitía contravenir la ley en casos de causa justa y necesidad y que el rey podía dejar de cumplir determinadas leyes “por razón de gobernación y de estado” (Se entiende por “potestas” el poder socialmente reconocido), citado por José Antonio Maravall “Teoría del estado en España en el siglo XVII”, (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, p. 206).)

La reflexión histórica viene como consecuencia de que el pasado 22 de noviembre, se publicó en el Diario oficial de la federación un acuerdo presidencial mediante el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

La consecuencia de elevar todos los proyectos y obras gubernamentales al grado de interés publico y seguridad nacional, en principio contraviene la Ley de Seguridad Nacional, misma que en su artículo tercero define las seis acciones de seguridad nacional y en ningún a parte aparecen las obras y proyectos.

Por otra parte, el articulo cinco de la citada ley menciona trece amenazas a la seguridad nacional y solamente una menciona infraestructura física, cuando se refiere a actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Por lo anterior se puede considerar que no solo es un despropósito el citado acuerdo presidencial, sino que constituye una amenaza a la vigencia de derechos, pues la realización obras y proyectos, no pueden elevarse por encima de la ley y establecerse como actos omnímodos y omnipresentes, pues deben sujetarse en todo momento a cumplir la normatividad establecida, verificar y calificar si tiene algún impacto ambiental, si afecta y agravia a terceros con derechos adquiridos previamente; por ejemplo en una carretera que se construya forzosamente cruzaría terrenos que tienen propietarios, por lo que previamente deberán pagarle la afectación a su patrimonio, y así como esta hay múltiples hipótesis posibles.

Por lo anteriormente dicho es que se percibe que el acuerdo presidencial en mención pretende elevar la realización de todas las obras y proyectos gubernamentales a “Razón de Estado” y así poder vulnerar principios legales, jurídicos, morales y éticos, que rigen la relación gobernantes-gobernados.

Si bien es cierto y se coincide con los considerandos del decreto cuando señalan;

“Que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país;

Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente.”

Lo que queda claro y es evidente es que esa infraestructura y esos proyectos regionales no pueden implementarse en un contexto de preeminencia sobre la ley y ausencia de respeto a los derechos fundamentales, tampoco pueden llevarse a cabo sin cumplir los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas, pues forman parte de la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, y constituyen acciones de seguridad nacional y,  tales principios contribuyen a  mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

¿Cómo es posible que, en el siglo XXI, un gobernante emanado de las urnas democráticas busque el resquicio legal que le permita tomar determinadas decisiones de interés público, vulnerando principios legales morales y de justicia?

¿Qué racionalidad pueden tener las determinaciones de un gobierno que, en el discurso dice que el pueblo es bueno y en los hechos asume una acción fundada en la arcaica “Razón de estado” ?, que se funda en el principio de que el hombre (pueblo) es un ser depravado, incapaz de buenas acciones si no es forzado por la necesidad.

Requerir ese acuerdo pone en evidencia la contradicción entre el discurso oficial y las herramientas jurídicas que este gobierno emplea.

La justificación esgrimida para emitir ese acuerdo presidencial, teóricamente se hunde en el pensamiento político premoderno y absolutista, contraviene la modernidad democrática y civilizatoria, pues la “Razón de Estado”, es esencialmente el “Derecho del más fuerte”, es un coqueteo abierto con la condición de lucha de todos contra todos, que prevalece en la vida salvaje es un abierto reconocimiento al llamado por Hobbes “estado de naturaleza “en donde se recrea a aquello de “homo hominis lupus” el hombre lobo del hombre.

Sorprendente y difícil de creer y entender, que, a estas alturas del siglo XXI, un gobierno que se asume de izquierda y con origen democrático, retroceda más de 500 años y con un instrumento de corte administrativo pretenda establecer obligaciones y restricciones jurídicas “erga omnes”, es decir obligatorio para todos.

Desde luego que se ha detectado que aún sin el acuerdo, en su narrativa el gobierno actual se ha asumido públicamente con superioridad moral al resto de partidos, gobiernos e instituciones, razón por la cual, considera cualquier crítica como un agravio, evidenciando que se asume con autoridad por encima de todas las leyes.

En sentido contrario cabe señalar que un monarca absoluto, de la talla de Carlos V parece adelantarse 500 años al señalar que no debería haber oposición al “estado de la razón”, prefigurando, el advenimiento de la época de las luces, que se preocupó por articular sistemas constitucionales para limitar la tendencia innata de los gobernantes al abuso del poder, que hoy retoman las democracias liberales de corte constitucional, creando para ello instituciones y, ¡En esta época nos gobierna alguien que quiere destruirlas y las manda al demonio!

No confundir “el estado de la razón” con “la razón de estado” que constituyen las antípodas conceptuales.

Si Carlos V, un emperador en cuyos dominios jamás se ocultaba el sol, se anticipó a poner la racionalidad por encima del llamado interés que mueve la” Razón de estado”, menos puede entenderse que en estos tiempos, se tomen decisiones de Estado con menor aprecio a la racionalidad y a los derechos individuales, que las que podía tomar el monarca que gobernaba en España, en el momento de la caída de Tenochtitlán.

Pero esa es nuestra realidad.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

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