Opinión

Retroceso

compartir_facebook compartir_twitter compartir_whatsapp compartir_telegram
9

El pasado 1 de febrero, el jefe del Ejecutivo federal envío a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que busca erigir en monopolio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y modificar el mecanismo del despacho de las centrales y plantas eléctricas. 

El principal contenido de esta propuesta es modificar el esquema legal que tenemos para la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica. En ese sentido, hay cuatro puntos a partir de los cuales se busca transformar el modelo vigente y darle preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE): 

La iniciativa pretende acabar con el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera, de manera independiente, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para dar prioridad a las plantas de la CFE. El criterio de despacho es la forma en la que se define qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento. 

La iniciativa elimina la obligación de despachar primero la energía más barata y da prioridad, en el proceso, a las centrales generadoras de la CFE. En primer lugar, a las hidroeléctricas; en segundo, a las demás centrales de la CFE; posteriormente, a la energía eólica y solar de los particulares; y, finalmente, a las centrales de ciclo combinado (centrales que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) de particulares. 

Como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE, que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones económicas y ambientales negativas a nivel local y global. Las principales perdedoras de esta propuesta son las centrales de energías renovables y limpias. 

El segundo punto es que, hasta la fecha, la CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas, para elegir el precio más barato, y ahora le pretenden quitar esa obligación. Con las modificaciones a la ley, podría optar por la electricidad de cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridad que mencionamos antes, y sin hacer subastas, lo que puede afectar en el bolsillo de los usuarios finales. 

El tercer tema es que los Certificados de Energía Limpia (CEL)1 se van a otorgar a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas donde se generan son nuevas o antiguas, o su fecha de entrada en operación. Eso significa que ya no habrá incentivos para que puedan crearse nuevas plantas, sino que, si ya existía una vieja, ésta tendrá la posibilidad de obtener un certificado, con lo que la opción de invertir en una nueva planta perderá importancia. 

El cuarto punto es que la iniciativa da opción a revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley, a pequeños generadores denominados de autoabastecimiento o cogeneración, los cuales han funcionado como una alternativa para cubrir las necesidades propias de generación de energía. Tales permisos pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Eso pone en una situación de inseguridad jurídica a todas las empresas que funcionaban bajo este esquema. 

Esos cuatro puntos principales impactan tres garantías: la libre competencia, la competitividad en el sector eléctrico y procuración de un medio ambiente sano y sustentable. 

Primeramente, y de manera directa, afectará a las empresas que invirtieron en la generación de energías limpias, mediante parques eólicos o solares, las cuales ya no tendrán incentivos para seguir creciendo o traer inversiones. 

Recordemos que nuestro país tiene una riqueza sobresaliente en recursos solares y eólicos, y con factores meteorológicos (nubosidad, viento, radiación solar) muy predecibles, lo que hace que las inversiones en la materia sean muy firmes. Sin embargo, con la reforma, este tipo de inversiones dejaría de ser atractivo. 

El segundo impacto será en los grandes consumidores de electricidad, es decir, para los que están en el Mercado Eléctrico Mayorista, el cual es operado por el Cenace. Al eliminar el esquema de despacho económico, el servicio de electricidad, para ellos, también se podrá encarecer.  Para los pequeños consumidores de suministro básico, la ausencia de subastas para la compra de energía también encarecerá el servicio. 

¿Podría haber un impacto en el suministro de energía eléctrica? Ese es un efecto que hoy vemos, parecido al impacto de una bola de billar. Toda la industria eléctrica tiene correlación con la industria de los combustibles, porque para producir electricidad necesitas combustible. 

Entre 70% y 80% del costo de la electricidad tiene que ver con cuál combustible se utiliza para su generación. Ese combustible puede ser combustóleo, diésel, gas natural (los principales que tenemos en nuestro país), pero también puedes tener orígenes limpios: la luz solar, el aire, energía nuclear. 

El problema es que, si únicamente se impulsan determinadas fuentes, como combustóleo y diésel, se podrían tener grandes reservas de combustible y con eso asegurar la generación de energía eléctrica, pero ello también requiere tener infraestructura de almacenamiento. Algo que en país no existe. 

Si se requiere un combustible más limpio, como el gas natural, se tiene que invertir mucho para transportarlo y/o almacenarlo, una cuestión que se complica debido a su estado gaseoso. Otra opción es transformarlo en líquido, pero también representa ciertos retos de logística y almacenaje.   

En estos momentos, dependemos de Estados Unidos y, específicamente, del Estado de Texas, porque aunque México cuenta con grandes reservas de gas natural, éstas se encuentran bajo tierra y no han sido procesadas. Por lo tanto, tenemos que importarlo y, mientras sigamos dependiendo del combustible estadounidense, existe el riesgo de que se presenten cortes en el suministro y se registren apagones, como ocurrió hace unos días, cuando se congelaron los ductos que nos abastecían desde Texas. 

Ante la aprobación de la reforma, el primer escenario ya se dio, y es que se interpongan amparos. Estos son una opción para cualquier empresa, persona física o colectivo que considere que la nueva ley viola sus derechos humanos, como medio ambiente sano y sustentable y la libre competencia. 

Tradicionalmente, este recurso beneficia a quien lo interpone, pero hemos visto antecedentes muy recientes, sobre todo en la industria energética, en los cuales los jueces ya les están dando efectos generales a sus sentencias de amparo, de manera que, con solo un amparo, se podría dejar sin efectos toda una legislación. 

El segundo escenario es una posible acción de inconstitucionalidad, una medida de control constitucional que anularía la ley en su totalidad, si se considera que va contra la Constitución. A este recurso legal no tienen acceso a los particulares; solo las autoridades y algunas instituciones. 

También tenemos, como medida de control, la controversia constitucional, que es una acción que ejercen determinadas autoridades, en caso de considerar que sus facultades fueron invadidas por el acto o ley específica; sin embargo, ésta tampoco puede ser promovida por particulares. 

Por último, existen mecanismos internacionales. Por ejemplo, si un inversionista o incluso un país ven afectados sus intereses con la aplicación de la ley impulsada, podrían recurrir a las instancias previstas en los tratados comerciales (los más conocidos, el T-MEC o el TPP). Se trata de paneles de arbitraje o, incluso, intervenciones Estado-Estado. 

En tanto, los argumentos en favor de la reforma señalan que existe cierto desorden en el sector eléctrico nacional, debido a los permisos que fueron otorgados en el sexenio pasado. Desde varias perspectivas, muchos permisos no significan desorden. Lo que representan es que hay muchos interesados en el mercado, los cuales finalmente operan bajo la regulación de la CRE y deben ordenarse, precisamente, obligándoles a cumplir con determinada regulación, bajo los permisos que se les otorguen. 

Otros motivos que se exponen son que, con esta reforma, el Estado pretende recuperar la rectoría sobre la generación de la energía eléctrica, regresando a la CFE facultades y dándole prioridad en el despacho de energía para el SEN. 

Lo que hay que recordar es que la generación y la comercialización de la energía eléctrica, según la Carta Magna, puede ser realizada por particulares; es decir, hay libre competencia. Lo que sí es exclusivo de la CFE es la transmisión y la distribución de la electricidad, y hacia allá podrían orientarse los esfuerzos. 

Las últimas subastas de energía eléctrica que organizó México nos colocaron en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a la capacidad instalada de energía eólica. Además, tuvimos el récord de obtener la electricidad más barata de todo el mundo. 

En este momento, la reforma nos pone en una posición diferente frente al movimiento mundial que busca dejar atrás los combustibles contaminantes (fósiles). 

opinion.salcosga@hotmail.com 

@salvadorcosio1

 

CLASIFICADOS





 
® Meridiano.mx es diseñado, operado y producido por la compañia ® SOCIALES.TV
® Meridiano.mx es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El fin justifica a los medios J.L.D.A