Opinión

DA EXTRAÑO GIRO CASO VIDEGARAY

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Dos semanas previo a la jornada electoral que se celebró el domingo pasado, la  Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética, lo cual señalé en este mismo espacio que podía interpretarse como “una nueva cortina de humo en un presunto marco desfavorable para el partido en el poder de cara al proceso electoral del 6 de junio”. Una vez pasada la elección, la Secretaría de la Función Pública de México (SFP) informó que inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años a Luis Videgaray, al señalar que acreditó «falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos».

La medida había sido notificada al ex secretario el 11 de mayo, y se hizo pública este martes para respetar la veda electoral, señaló la SFP en su comunicado.

El caso por el que se inhabilita a Videgaray corresponde a hechos presuntamente sucedidos en el período comprendido entre 2015 y 2017, cuando se desempeñaba como canciller y antes como secretario de Hacienda.

Será interesante saber en qué condición quedará la imputación anterior al ex secretario de Hacienda porque cabe mencionar que derivado de dicho caso, hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al ex senador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Lo anterior, hay que recordar, ocurrió en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril en las que Lavalle Maury fue imputado de los referidos delitos – que hoy lo mantienen preso en el Reclusorio Norte – y a cuyo contenido tuvo acceso por primera vez Animal Político.

“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, dijo el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de FGR.

Esta asociación criminal, añadió el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.

Las pruebas de la Fiscalía para realizar estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.

Fiscales de la FGR confirmaron que luego de haber conseguido la vinculación a proceso de Lavalle, trabajan en la preparación de las imputaciones en contra del resto de los implicados ya señalados ante el juez, lo que prevén ocurra en los siguientes meses. 

 

El esquema criminal

 

En la audiencia los fiscales explicaron al juez que para facilitar la aprobación de la reforma energética Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna que lideraba la comisión de Energía del Senado y el panista Lavalle Maury quien era integrante de la misma.

El rol de Lavalle era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.

“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, dijo el juez al recapitular y coincidir con el caso presentado por los fiscales.

El esquema implementado fue el siguiente: siguiendo las instrucciones del presidente, Videgaray ordenó a Lozoya que se canalizara dinero proveniente de Odebrecht para entregarlos a un grupo de legisladores. Lozoya, a su vez, designó para tal función a tres funcionarios de Pemex de su confianza: José Velasco Herrera, Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo.

Estas personas fueron las responsables de, a su vez, realizar las entregas de dinero a Caraveo Opengo, colaborador de Lavalle, quien finalmente lo puso en manos de su jefe para la dispersión entre los legisladores panistas.

Cada una de las entregas entre los intermediaros quedó asentada en un recibo que Opengo firmó a manera de acuse. Olascoaga, por su parte, habría grabado en video algunos de esos pagos por encargo de Lozoya.

Todo lo anterior fue confesado tanto por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020, así como por el propio Caraveo Opengo quien, asegura, no sabía cuál era el destino final. Otros testigos de nombre Noberto Gallardo Vargas, Miguel Pérez Esquivel y Froylan Gracia Galicia confirmaron el esquema.

Respecto al origen del dinero, los fiscales explicaron al juez que por decisión de Videgaray se utilizarían recursos provenientes de la constructora Odebrecht la cual, desde la campaña presidencial de Peña Nieto, venía canalizando recursos a través de empresas de papel denominadas “offshore”.

Los fiscales presumen que, para el caso de los sobornos en particular, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada. Esto para finalmente terminar en las cuentas de una particular denominada Fabiola Tapia Vargas.

 “La dispersión en territorio nacional era por conducto de una empresa denominada Construcciones Industriales Tapia representada por Tapia Vargas. Todo ello para que a su vez esos recursos pudieran ser trasladados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que por conducto de Emilio Lozoya se trasladaran a los legisladores a efecto de que pudiera aprobarse la reforma energética”, señaló el juez en su resolución. 

Luis Videgaray ha rechazado las imputaciones de la Secretaría de la Función Pública y habrá de presentar elementos de descargo, quedando por ver si la FGR tiene intención de dar seguimiento al otro proceso en que se le acusa de asociación delictiva, y sobornar a legisladores por 100 millones de pesos. 

Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvasorcosio1  

 

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