Opinión

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (Parte sexagésima octava)

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SI TUVIERAN VOLUNTAD.

No obstante que la lucha por el poder y el acceso de distintas fuerzas políticas a su ejercicio, ya no es una utopía, hasta tres años, no pudiera concebirse la idea de retorno a un partido hegemónico o con mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, México ya se encaminó en esa ruta y tenemos que encontrar espacios de corrección del camino.

Las reglas de acceso al poder demuestran que cualquier partido en competencia puede verse favorecido con la voluntad popular reflejada en las urnas. El contexto político de la realidad por su parte, transita al filo del precipicio y requiere de acciones y decisiones de Estado, no ideologizadas, no personalistas, ni con intenciones ocultas, buscando que, con independencia de quien lo ostente y dirija el gobierno y la administración pública, permanezcan en el marco de sus atribuciones y el Estado de Derecho.

La pertinencia de esta preocupación democrática por la Función Pública, parte de la reflexión obligada que nos provoca que en los últimos años el ánimo de la ciudadanía mexicana presenta una  decepción provocada por el desprestigio que la actuación de los políticos y los partidos ha ocasionado a la democracia electoral, y que algunos analistas consideran desencanto o insatisfacción con la democracia. Sin embargo, es difícil para el grueso de la población distinguir los límites de la administración pública de un régimen (Función Pública) de la acción y responsabilidad del partido que ostenta el poder en el mismo.

Un servicio público de calidad debe prestarse independientemente del partido político que se haya visto favorecido con el voto de los ciudadanos. Para lograrlo se requiere de servidores públicos altamente comprometidos con su labor, capaces de dar continuidad a los planes y programas del Estado.

El desafío se concentra en consolidar los esfuerzos por llevar a la práctica una administración eficiente y eficaz, y que los gobiernos, no queden secuestrados por los intereses de sindicatos corporativos.

La democracia no puede ser reducida a la participación ciudadana durante las jornadas electorales, o en el mejor de los casos, la democracia no concluye ni se inicia con una alternancia en el poder.

El tránsito democratizador de una sociedad anteriormente autoritaria, requiere, además de la alternancia, de un Estado de Derecho efectivo, que hace imperativa la existencia eficaz y en plenitud de vigencia de un sistema administrativo imparcial, inmune a los vaivenes partidistas, cuya operación surja de una burocracia civil federal, local y municipal, eficiente y universalista en la aplicación de las normas y leyes, transparente en su actuar, que rinda cuentas (accountability)  que sea responsable de sus errores, sin el cobijo de la inmunidad política o el manto protector de los partidos en turno; conductas generadoras de impunidad, la más potente arma para destruir la democracia.

Lo anterior, de no concretarse en la realidad, conduce a una democracia débil, riesgosa y vulnerable ante la improvisación y corrupción de las estructuras responsables de operar los sistemas de policía y acceso a la impartición y procuración de justicia, por ejemplo.

Estos fenómenos de reacción a la ineficacia institucional son imputables a que la transición política en este país, se encontró con estructuras burocráticas en los tres niveles de gobierno, basadas en un modelo corporativista y clientelar, que hoy no responden a las necesidades de una sociedad plural producto de una liberalización política y electoral.

Esas prácticas carcomen la confianza del ciudadano, incrementan la percepción de contubernio entre autoridades y criminales, desalientan la participación de la sociedad y disminuyen la capacidad ciudadana de denuncia, que favorecen la valoración de un régimen autoritario como ideal para superar las insuficiencias de una administración pública que no acierta a proporcionar la seguridad legal, pública y personal deseada por la sociedad y desembocan en rechazo y desconfianza hacia la autoridad.

La consecuencia se percibe en el desaliento en la vía democrática, con el riesgo de resucitar la aplicación de la ley por propia mano, con prácticas de bloqueo de vías de comunicación, desobediencia civil, exigencia de cuotas a los ciudadanos, linchamientos, guardias comunitarias, la ingobernabilidad y protestas anti sistémicas que pueden derivar en violencia y victimización cuando se radicalizan. En suma, lo que se denomina “privatización de la violencia” y que en esencia es un rechazo al Estado.

La deuda pendiente con la democracia, en materia de administración pública es preparar a servidores públicos comprometidos con su labor y que garanticen el funcionamiento del aparato burocrático.

La profesionalización de la estructura técnico-burocrática reclutada con base en méritos de concurso por oposición abierta y evaluaciones de desempeño, cuya actuación se funde en procedimientos transparentes, certeros y conocidos por todos, con independencia de los partidos políticos.

Contar con estructuras burocrático-administrativas caracteriza a los regímenes públicos de prácticamente todos los países con democracias consolidadas. En el caso mexicano aún se encuentra ausente o es inefectivo, en el mejor de los casos, por eso, la existencia de una estructura administrativa y operativa de carácter permanente, profesionalizada y evaluada de manera constante, sujeta a reglas claras y transparentes, es necesariamente urgente.

El deterioro de la aceptación de la democracia está propiciado por la ineficacia de los gobiernos y por la improvisación de sus administraciones públicas.

El entorno democrático internacional nos muestra que Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Japón, Bélgica y Alemania, por citar algunos, cuentan con sistemas de carrera en el servicio público muy consolidados, y las alternancias en el gobierno no han sido factores de crisis. Además, la corrupción no inhibe el desarrollo económico de esos países ni es tan grave, en contraste con lo que acontece en nuestro país.

Cuando los partidos políticos se alternan en el poder y los puestos de la administración públicas son repartidos con base en la lealtad al partido en el poder, se genera una espiral de complicidad y opacidad de la administración pública, dañando la percepción ciudadana respecto a la eficacia de la democracia.

De lo anterior, es posible inferir las causas por las cuales el tema de la profesionalización de servidores públicos se ha posicionado como uno de los asuntos urgentes para los gobiernos federal, estatales y municipales, ya que las administraciones públicas tienen ante sí problemas cada vez más complejos y la carencia de memoria institucional, una ralentización de la administración pública, imputable a la curva de aprendizaje de la nueva estructura de funcionarios que acompañan a quienes triunfaron en las urnas, y que al finalizar su gestión, culminan con un caos administrativo, propicio para las corruptelas, condición que el pueblo sarcásticamente denomina “Año de Hidalgo”.

La ineficacia de la función pública se origina cuando las lealtades partidistas se premian utilizando la nómina oficial como botín de reparto entre correligionarios. Esto crea la percepción de que la corrupción mantiene el cobijo de los propios partidos políticos cuando se convierten en gobierno, pues solo obedecen intereses partidistas.

Ante los cambios de administraciones en los tres niveles de gobierno, si contaran con servidores públicos capacitados y profesionalizados para asumir los retos redundarían en beneficio de miles de ciudadanos en los municipios, y millones en las entidades y la federación.

Contar con un Servicio Profesional de Carrera permitirá que, incluso, durante la transición de una administración a otra, el servicio que brindan a la sociedad se realice de manera transparente ordenada e ininterrumpida y se atiendan las demandas ciudadanas sin caer en la incertidumbre y el fantasma del desempleo, ni la visión de la nómina pública como botín partidista.

La profesionalización comprometida con resultados y no sólo de apariencia se refleja inmediatamente en confianza ciudadana y legitimidad de los actos de gobierno, resulta más legitimador que la búsqueda de responsables a quienes amenazan con encarcelar. Tales prácticas, que sólo son para consumo mediático y uso político, si no van aparejadas de efectividad y consecuencias… si tuvieran voluntad, en lugar de solo grillar y confrontar.

Que la ley distinga, pues, los ámbitos del estadista, del político y, el del administrador.

Solo así lograremos la sociedad que todos deseamos.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com

 

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