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Opinión

Violencia y crimen organizado: otra cara del proceso electoral 2021.

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La frase final del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein —una de las obras y uno de los pensadores más influyentes del siglo XX— “De lo que no se puede hablar, se debe callar” delimita el ámbito de lo que el lenguaje humano es capaz de expresar y aquello que, sin dejar de ser real, desborda las posibilidades de nuestro lenguaje.

En un sentido mucho más estrecho, considero que esta expresión cae “como anillo al dedo” en la coyuntura de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, de esa jornada electoral cuyos resultados han abierto un océano de posibilidades interpretativas en las que todos y cada uno de los actores han encontrado elementos para proclamar no solo su triunfo sobre sus adversarios, sino algo que en un contexto de confrontación pareciera más importante: la innegable derrota de quienes estaban en el poder y lo perdieron.

Pues bien, estos triunfos y esas derrotas “cacareados a diestra y siniestra” desde diversas perspectivas, parecen haber silenciado, en un alto porcentaje, otra cara del proceso electoral 2021, esa que hablaría de violencia y participación del crimen organizado; una cara, acerca de la cual, el silencio no ha sido total, pero que requiere un rastreo que lo saque de esa invisibilidad e insignificancia en la que ha quedado en medio de la euforia por los que se consideran triunfos propios y derrotas ajenas.

Por ello, no sin tener que vencer fuertes resistencias internas, he decidido dedicar mis palabras de esta semana a esa dimensión violenta y oscura del proceso electoral mexicano 2021, cuyo desenlace tiene, sin duda, muchas razones para ser considerado ejemplar no solo por la participación ciudadana, sino también y, sobre todo, por la, hasta cierto punto inesperada, aceptación de los resultados por parte de “tirios y troyanos”.

De acuerdo con un artículo publicado por la redacción de Animal Político, el día previo al de la elección “desde que comenzó el proceso electoral, 91 candidatos fueron asesinados, y se han registrado 910 agresiones de distinta índole, que van desde amenazas e intimidaciones, hasta ataques, golpes, secuestros y homicidios”.

Integralia Consultores, por su parte, en su reporte del mes de abril sobre incidentes de violencia en México, afirma que “entre septiembre de 2020 —inicio del proceso electoral— y el 30 de abril de 2021, contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas”.

Obviamente, si tomamos en cuenta que los puestos de elección en juego se acercan a 20,000, 91 muertos y 910 agresiones pudieran ser considerados mínimos e irrelevantes, algo que, por desgracia, no sería extraño en este país que parece que se ha acostumbrado ya a contar muertos y desaparecidos sexenio tras sexenio, independientemente del partido en el gobierno, como parte de la normalidad nacional.

Pero no debiera ser así y habría que tomar muy en serio la presencia de la violencia en los comicios electorales de nuestro país, sobre todo en cuanto todo indica que es un fenómeno recurrente, que está orientada principalmente hacia los candidatos de oposición y que en ella se puede detectar la presencia activa de la delincuencia organizada.

De hecho, entre las publicaciones del “día después”, hubo una —el artículo “La otra elección” de Héctor de Mauleón en El Universal— que me llamó particularmente la atención, precisamente, por “mostrar” esa otra cara del domingo 6 de junio. En ella, se enumeran una serie de actos de violencia perpetrados en diversas regiones del país, desde Tijuana hasta Oaxaca, pasando por la “Tierra Caliente” michoacana e, incluso, por nuestro “pacífico” estado de Nayarit, en donde se hace mención de la irrupción de hombres armados a bordo de varios vehículos en las casillas de San José del Valle, municipio de Bahía de Banderas.

Y, ni qué decir, de los comicios en nuestro vecino estado de Sinaloa, en el que se habla de “privaciones de la libertad en tres municipios, agresiones y daños en el sur y robo y amenazas en casillas en el norte”, así como de reportes de una media docena de casillas instaladas en el municipio de Ahome en donde se impidió la instalación de casillas, se robaron las urnas o destruyeron material y equipo, sin que la Secretaría de Seguridad Pública estatal ni la Fiscalía General del Estado emitieran algún informe o posicionamiento por todo lo sucedido.

Pareciera que la expresión wittgensteiniana “de lo que no se puede hablar, se debe callar”, predominó en relación con la cara violenta y oscura de los comicios.

Sotto voce, se habla no solo de una creciente participación del crimen organizado en el proceso electoral sino de una estrategia tendiente a “liberar los corredores del trasiego” y esas sí que son “palabras mayores”, palabras de las que, en cierto sentido, “no se puede hablar”; palabras acerca de las cuales, quizás, “se debiera callar”; palabras que, sin embargo, no se pueden acallar por la relevancia que tienen para la erradicación de la violencia, para la construcción de la paz en nuestro país, para una paz que no puede ser la de los sepulcros; palabras que se tienen que decir porque, si se callaran, “gritarían las piedras”.

Y a propósito de lo que no se puede callar: una palabra final sobre el asesinato de Fr. Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM, miembro del clero de la Prelatura del Nayar, quien murió “al quedar en medio del fuego cruzado de bandas criminales mientras se dirigía a celebra Misa en la comunidad tepehuana de Pajaritos”: ¡Descansa en la Paz de tu Señor!

 

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