Por Salvador Cosío Gaona
La Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), es violatoria de la Constitución lo mismo que de tratados internacionales en materia de garantías fundamentales. El tema es motivo de enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el Poder Ejecutivo se ha pronunciado porque prevalezca y el Judicial analiza un proyecto que plantea su desaparición.
En este contexto, la oficina de presidencia emitió un mensaje dirigido a la Corte en el que pidió al máximo tribunal del país no terminar con dicha figura.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que la existencia de esta medida cautelar sirve para asegurar que los criminales no evadan la justicia, pues las acciones para detenerlos implican muchos recursos al gobierno.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”
Por medio de un boletín de prensa la Presidencia aseguró que la medida tiene por objetivo evitar que la justicia sea burlada y que los imputados, en “represalias por su detención” atenten contra víctimas y testigos, así como que se vuelva a reincidir en la comisión de delitos.
En tanto, se enlistó una serie de faltas consideradas de gravedad sobre las cuales la Constitución establece que las penas se cumplan en prisión, tales como: abuso o violencia contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, trata de personas, desaparición de personas, corrupción, delitos cometidos con violencia, entre otros.
La petición se dio en el marco de la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para dejar de aplicar dicha medida, con lo que quedarían en libertad más de 92 mil personas, pues -de acuerdo con el ministro- esta práctica atenta contra la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Por su parte, López Obrador declaró durante la conferencia matutina del miércoles 24 de agosto que el proyecto promovido ante la SCJN creará impunidad. “Hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte; una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quienes ellos decidan”, afirmó.
En ese sentido, la administración de AMLO aseveró que dejar en manos de los jueces la decisión los expondría a corrupción y violencia. “Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
La Presidencia pidió al máximo tribunal que sea considerada la seguridad pública nacional, así como a las víctimas y el esfuerzo que implica la persecución de criminales, a la hora de tomar una decisión con respecto a la medida. Pidió que “prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
El ministro Luis María Aguilar Morales presentará un proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que de aprobarse, declararía la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El proyecto resuelve las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019, que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por un grupo de senadores.
De ser aprobado el proyecto por el Pleno, la Corte declararía la invalidez del artículo 167, párrafo sétimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional.
“Por establecer la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada, automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”, señala el documento.
El proyecto del ministro Aguilar Morales considera que la prisión preventiva oficiosa incide en el principio de presunción de inocencia.
“La norma asume que todas las personas que encuadren en las conductas previstas en la disposición pretenden causar daños al erario público”, se lee en el documento.
Y agregó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha calificado a esta medida como contraria, puesto que en lugar de ser un medida cautelar, vulnera la presunción de inocencia.
“Su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso”, explica.
El ministro Arturo Zaldívar indicó la semana pasada que la Corte analizará si la prisión preventiva oficiosa podría considerarse como inconvencional por presentar un conflicto con normas contenidas en la Constitución y tratados internacionales suscritos por México.
Zaldívar anunció que se listará un asunto de la ponencia del ministro Luis María Aguilar y otro que retomará la ministra Norma Piña, de la Primera Sala, donde se determinará si es inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se sumó el miércoles al respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar contemplada en la Constitución pero que genera polémica y rechazo de organismos internacionales de derechos humanos.
Alrededor del mediodía, durante un acto público, la funcionaria dijo sentirse preocupada por la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que esto complicaría el combate a la delincuencia y generaría “mayor impunidad”.
“Entonces, a quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (queremos) hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes de la ciudad y, además, el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”, dijo Sheinbaum al respecto.
La declaración ocurrió horas después de que el presidente López Obrador defendiera la prisión preventiva oficiosa como una herramienta de combate al delito.
Actualmente, la prisión preventiva oficiosa o automática está contemplada para quienes sean acusados como responsables de delitos considerados particularmente dañinos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la desaparición forzada o los actos de corrupción con programas sociales.
El gobierno de López Obrador impulsó en sus primeros años una reforma para ampliar la lista de delitos que ameritan esta medida cautelar.
Incluso, señaló que su implementación afecta más a las personas en situación de pobreza que no pueden acceder a una adecuada defensa tan fácilmente.
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