Por Ernesto Acero C.
El miércoles 24 de diciembre de 1975, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Pensiones y de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Nayarit (Decreto 5745). El Gobernador era Roberto Gómez Reyes, quien solamente se acomidió a dejar aprobado dicho cuerpo normativo, aunque todo su sexenio cargó los costos de manera directa en el Presupuesto. En 1997, en un acto legislativo surrealista, fue abrogada la Ley de 1975 sin haber servido para maldita la cosa.
En efecto, el miércoles 30 de julio de 1997, fue publicada la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, promovida contra viento y marea, por el entonces titular del Ejecutivo, Rigoberto Ochoa Zaragoza. Habían transcurrido más de dos décadas entre una Ley que fue soslayada por diferentes administraciones gubernamentales y la que en 1997 entró en vigor.
Fueron décadas de irresponsabilidad. No solamente no fue creado el fondo para garantizar un retiro digno para los trabajadores, sino que se agregaron cargas financieras a las obligaciones del gobierno. Una de esas cargas financieras la constituyó la jubilación dinámica.
Dos años antes de concluir la administración de Ochoa Zaragoza (a quien vilmente demonizaron por haber promovido dicha ley), dio inició el proceso de creación del Fondo de Pensiones. Ese fondo, empezó a fortalecerse con los recursos provenientes de la administración siguiente, en el Gobierno de Antonio Echevarría Domínguez. La ley preveía desde entonces, que los ajustes debían realizarse de manera cíclica, a partir de estudios actuariales. Fueron ocho años de auge en la materia.
Tras esos días felices, la maquinaria financiera del fondo, empezó a traquetear y a amenazar con atorarse. Los años que siguieron, fueron de saqueo del fondo, de manipulación de esa fuente dineraria y de omisiones en cuanto a las aportaciones.
El monto de las aportaciones que debían hacer los trabajadores y la autoridad, fueron parte de las estimaciones formuladas por especialistas en estudios actuariales. Una parte sería aportada por los trabajadores y otra por la autoridad respectiva. No obstante, las retenciones a los trabajadores, no eran entregadas al Fondo. Esto es, no solamente se omitió la responsabilidad de entregar las aportaciones retenidas a los trabajadores, sino que la misma autoridad dejó de enterar su parte.
De julio de 1997 al mismo mes de este año 2022, han transcurrido otros 25 años, es la Era de la Irresponsabilidad. A esa fase sigue siguió una etapa de grandes expectativas que dura apenas ocho años.
Luego siguió la Era de la Corrupción, la Impotencia, la Indolencia y la Ignorancia. Corrupción por omisión en el cumplimiento de la ley y por saqueo. Impotencia, porque nada se pudo y nada se quiso hacer. Por indolencia, porque se actuó a la vieja usanza, para que los problemas se resolviesen solos. Por ignorancia, porque sencillamente algunos gobiernos no supieron que hacer o ni siquiera se enteraron del problema.
Hoy, esa zona de la administración pública sencillamente es campo de desastre. El Secretario de Finanzas del gobierno estatal, el diestro funcionario Julio César López Ruelas, informa detalles de esa situación. Más que un informe, lo que da a conocer el funcionario es un parte de novedades. Algunas de esas coordenadas que explican el asunto, son las siguientes:
- El gobierno del estado debe pagar con cerca de 97 millones de pesos (mdp) cada mes.
- La recaudación no es suficiente ni para completar esa nómina.
- El Fondo habría colapsado en 2015.
- Existe una lista de más de mil solicitudes de retiro, entre otros compromisos que representan carga financiera adicional.
Cuando el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anuncia una obra, una acción de gobierno, las aportaciones para resolver problemas emergentes o para resolver problemas específicos de diversas partes de la administración pública, lo hace a sabiendas del enorme peso que significan sus palabras para las finanzas públicas. El pasivo contingente en este caso, es un freno para el desarrollo del estado y para la obra de gobierno.
Es de todos sabido que no solamente los compromisos laborales representan un problema como lo son aquellos excesos carentes de cobertura legal. La deuda pública, el saqueo de bienes públicos, la incompetencia, la irresponsabilidad, la indolencia, la abulia de servidores inservibles, todo eso (y más), empeora y complica la acción de gobierno.
El Gobernador Navarro Quintero conoce los detalles de los fondos de pensiones. Sabe de aquellos fondos cuyo destino definió claramente Fidel Velázquez: “Se los llevó el diablo”. Sabe quienes son esos diablos que hicieron cera y pabilo con los fondos de pensiones en el estado, tanto de la burocracia como del magisterio estatales, así como los de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Por eso ha anunciado que se realizarán las investigaciones necesarias para asegurar que los recursos que se destinen en el futuro, para el retiro de los trabajadores, se blinden contra manos privadas y contra manos públicas. No será sencillo dar con una especie de Panacea, pues el fenómeno es global. El fenómeno de los pasivos contingentes en el mundo, se explica por razones que no viene al caso mencionar y menos analizar aquí. Solamente que en el estado se agrega una problemática de la condición feudal o semi feudal que prevalece en el estado en algunos ámbitos (como en el de la administración pública, la “política” o en el de las “instituciones”).
Dicho de otra manera, lo que procede hacer en el caso, es esa otra parte a la que se ha referido el mismo Gobernador Navarro Quintero. ¿De qué se trata? Se trata de que sea la sociedad nayarita la vigilante del buen manejo de los recursos públicos y de los recursos de los trabajadores. Para eso procedería empoderar al ciudadano, a las agrupaciones civiles, para que en el caso que se haga necesario, procedan ante autoridades jurisdiccionales de manera directa, para impedir lo que hasta ahora hemos visto en la materia.
Procede siempre empoderar a los ciudadanos contra aquellos que pretenden verle la cara de imbéciles a los nayaritas. Un “simple” ciudadano debería tener el poder suficiente para agarrar de los escrotos a los corruptos, a los sinvergüenzas. ¿O no es constitucional verdad que el poder dimana del pueblo?