Por Pablo Hernández | Diego Mendoza
El operativo Nuevo Nayarit ha permitido el aseguramiento de 47 lotes con una superficie de 214 mil 402.92 metros cuadrados del paraíso que han sido explotados por un supuesto entramado de corrupción en el que convergen exfuncionarios públicos, el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y supuestos empresarios, así lo confirmaron representantes del Gobierno del Estado de Nayarit en conferencia de prensa.
“En materia de corrupción, lo importante es que haya voluntad política para investigarla, y se ve reflejada en las denuncias (…) tenemos 114 asuntos prioritarios en este tema, uno de ellos el SUTSEM y otro del acompañamiento al operativo Nuevo Nayarit”, destacó el subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez al confirmar que el sábado pasado se realizaron nuevos aseguramientos de lotes importantes en la zona turística de la entidad.
Durante la conferencia semanal que encabeza el gobernador Miguel Ángel Navarro, Benítez Pérez y el asesor jurídico del gobierno del estado, Gabriel Camarena Morales hablaron del aseguramiento seis predios que se desempeñaban bajo distintos giros turísticos.
Uno de los aseguramientos más destacados fue el del Complejo Quinta San Miguel en la Cruz de Huanacaxtle, una propiedad ya desarrollada, la cual vendió 61 lotes en 2006 de los cuales no tiene registro el FIBBA. Este predio se negoció a través de una promesa de compra-venta, que resultó irregular y en la cual participaron notarios de Jalisco, quienes permitieron la transmisión del terreno pese a que esto no era permisible.
“Hoy vienen a decir que actuaron de buena fe (…) pero ya les dejamos en claro que no podrán continuar con su proyecto de construir una segunda torre, porque ese terreno es del gobierno del estado”, sentenció Camarena Morales al referirse a este caso.
De acuerdo con el asesor jurídico del gobierno estatal, ninguno de los predios asegurados debió entregarse en comodato, ya que el Fideicomiso Bahía de Banderas fue creado para promover el turismo, no para entregar el patrimonio de los nayaritas: “Es inaudito que un fideicomiso como el FIBBA, que fue creado para el impulso de la actividad turística, entregara en comodato patrimonio, cuando no estaba autorizado para ello. Se comete un ilícito, nos parece una conducta típica penal de aquellos funcionarios públicos que dirigieron este fideicomiso y su antecesor”.
Entre los terrenos presentados por el subfiscal Rodrigo Benítez Pérez se encuentran también un estacionamiento en la Plaza Paradise Village y otro más frente a la Capitania, ambos entregados en comodato por 30 años; además de un estacionamiento en playa Vistas. Asimismo el subfiscal destacó el aseguramiento de un lote de cuatro mil metros cuadrados, en el cual encontró su hogar el restaurante Taco Cabanna y Fajitas Republic, cuyo dueño señala Camarena Morales podría ser corresponsable de un delito al no pagar por la sociedad mercantil.
Por otra parte, los multicitados funcionarios resaltaron el aseguramiento del condominio Green Canal, el cual de acuerdo a la fiscalía nayarita se arrendó por tres mil 300 pesos mensuales durante seis años para después venderse villas que se compraron entre 330 mil y 350 mil dólares, hecho que afirma el asesor jurídico sólo pudo lograrse gracias a la complicidad de fedatarios, registradores públicos, miembros del comité del fideicomiso y seudoempresarios.
“Me parece repulsivo, que aún haya gente que afirma que existe un acto arbitrario en la recuperación de estos terrenos que forman parte del patrimonio de los nayaritas”’, sentenció el asesor jurídico.
No obstante, si hay un aseguramiento que ha acaparado los medios de comunicación, ha sido el inmueble de casi 19 mil metros cuadrados, con un valor actual de 386 millones de pesos ubicado en la Cruz de Huanacaxtle. Conocido como la frutería Calidad Nayarit, se otorgó en comodato por el exsecretario de Turismo en la administración de Roberto Sandoval, Raúl Rodrigo Pérez, el primero de enero de 2014.
Este hecho ha llamado la atención por estar relacionado no solo a un proceso irregular de entrega en comodato, sino porque en el establecimiento se investigan supuestas prácticas de explotación laboral contra pobladores de comunidades indígenas tzotzil, por lo cual una persona se encuentra actualmente vinculada a proceso.
“Yo les aseguro que a los fedatarios públicos que participaron, a los registradores públicos que participaron, que a los funcionarios de catastro que participaron los vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias”, sentenció Camarena Morales al tiempo que destacó que de los 47 lotes asegurados, 29 ya se encuentran enmallados y vigilados por la policía turística, mientras que 18 serán cercados en los próximos días.