Por José Luis Olimón Nolasco
La última sección de “Hallazgos 2021”, ofrece información relacionada con el grado de efectividad institucional para hacer frente a la conflictividad penal, para lo cual ha creado un índice que permite medir la impunidad directa, “es decir, aquélla que implica la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea al no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien encontrarse sin sentencia”.
Casi al inicio de esta sección, “Hallazgo 2021”, después de comparar los resultados de esta reporte con el del año anterior, ofrece una buena noticia: “la media nacional de impunidad disminuyó”. Sin embargo, apenas unas palabras después, precisa esa buena noticia, diciendo que se trata de una “ligera minoría”. Es más, esa buena noticia se diluye casi por completo unos párrafos después, cuando afirma que “el Sistema de Justicia Penal todavía presenta niveles importantes de impunidad” y, sobre todo, cuando da los porcentajes de esa impunidad: “la media nacional se ubicó en un 91.8%”, un porcentaje, sin embargo, menor que el 94.8% del reporte anterior.
A nivel de entidades federativas, las que presentaron los niveles de impunidad más bajos —menos altos sería mejor decir—, alcanzaron niveles entre el 69% y el 80% [Yucatán, 69.5%; Baja California, 79.2%; Chiapas, 79.5%; Michoacán y Guanajuato, 80.3%, y Sonora, 83.5%], mientras que 23 entidades alcanzaron niveles superiores al 90%. Las cinco entidades con los más altos niveles fueron: Ciudad de México, con 98.4%; San Luis Potosí, con 98%; Baja California Sur y Aguascalientes, con 97.1% y Guerrero, con 97%.
Los datos más novedosos que ofrece este reporte 2021 son aquellos en los que, por primer vez, presenta mediciones de la impunidad por tipo de delito, una medición que considera de suma importancia dado que, de acuerdo con el delito de que se trate, se pueden encontrar las resoluciones alternativas, de acuerdo con las distintas formas de conclusión previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En ese contexto, “Hallazgos 2021” ofrece los índices de impunidad en 9 delitos específicos con sus respectivos índices promedio nacionales: homicidio doloso, 96.9%; feminicidio, 88.1%; desaparición forzada, 98.9%; secuestro, 82.4%; extorsión, 98.2%; violación, 96.4%; violencia familiar, 97.1%; narcomenudeo, 95.7% y robo simple, 97%.
Pero, solo gracias al desglose por entidades federativas, se pueden detectar diferencias importantes e, incluso, las razones de esas diferencias, especialmente en el caso de aquellas entidades que han logrado bajar los índices de impunidad. Cabe señalar que este desglose estatal no pudo abarcar a las 32 entidades federativas porque en varios casos no se obtuvo la información requerida.
En el caso del robo simple —en el que se esperaría que el índice de impunidad fuera menor por tratarse de un delito de bajo impacto para el que se contemplan salidas alternas—, con un promedio nacional de impunidad del 97%, el estado de Jalisco es el que presenta el índice menos alto de impunidad, con un 85%, mientras el resto de las entidades, superan el 90%.
En el índice de impunidad en materia de narcomenudeo, con un promedio nacional del 95.7%, resaltan los casos de Querétaro, Nuevo León y Sonora con un porcentaje de impunidad del 12.3%, 30% y 38.3% respectivamente. Esta gran diferencia en relación con la mayoría de las entidades —señala el reporte— tiene que ver con la resolución de casos a través de procedimientos abreviados con sentencia condenatoria, suspensiones condicionales a proceso y criterios de oportunidad.
La diferencia entre los porcentajes de impunidad en materia de violencia familiar entre Guanajuato y Querétaro [64.3% en ambos casos] y el 100% de Veracruz y el 99.8% de Quintana Roo, e incluso, en relación con un promedio nacional del 97.1%, tiene su razón de ser —de acuerdo con Horizontes 2021”— en el canalizar y resolver los asuntos a través de procedimientos abreviados con sentencia condenatoria y a través de suspensiones condicionales a proceso.
En relación con los casos de violación, con un promedio nacional del 96.4%, la entidad con un menor porcentaje de impunidad fue Querétaro, con un 79.2% que contrasta con un porcentaje generalizado por encima del 90%. En este caso, la razón de la diferencia radica en el recurso al procedimiento abreviado con sentencia condenatoria.
En cuanto al delito de extorsión —con un promedio de impunidad nacional del 98.2%—, la gran mayoría de las entidades federativas presenta niveles de impunidad del 100%. En este negro panorama, destaca el caso de Nayarit, que presenta un grado de impunidad del 83.3%, el cual se explica por la resolución de 4 de 24 casos a través de procedimientos abreviados que derivaron en sentencias condenatorias.
Para el cálculo del promedio nacional de impunidad en el delito de secuestro [82.4%], “Hallazgos 2021” decidió no considerar al estado de Coahuila debido a su porcentaje de 33.3%, muy lejano de nueve entidades con un porcentaje del 100% e, incluso, de Baja California Sur y Baja California, con porcentajes del 60% y del 61.3%, de la Ciudad de México [62%] y de Nuevo León [63.4%]. También en este caso, el reporte ubica la baja en los índices de impunidad en la canalización de los asuntos hacia los juicios orales y los procedimientos abreviados.
La desaparición forzada —uno de los delitos de mayor impacto social por su gravedad y por su número— muestra un 100% de impunidad en 13 de las 16 entidades federativas de las que se pudo obtener la información correspondiente [¡16 no la proporcionaron!]. Sólo Sonora [95.5%], Baja California [96.6%] y Guanajuato, con un significativo —sin dejar de ser alto— 78.6% estuvieron por debajo del 100% de impunidad.
En materia de feminicidios —con un promedio nacional del 88.1%— el reporte señala a Nayarit como la entidad con el mayor grado de impunidad: 100%, que contrasta particularmente con el 20% de Guanajuato. Aquí también se señala como causa de la baja en el nivel de impunidad el recurso a resoluciones alternativas y se puede advertir la gráfica más diferenciada de todas.
Finalmente, la impunidad en homicidios dolosos, cuyo promedio nacional fue de 96.6% y que tiene a los estados de Yucatán [65.8%], Coahuila [76.2%] y Querétaro [78.2%] como los estados con los niveles menos altos de impunidad y a Zacatecas [99.9%], Veracruz [99.8%] y Jalisco [99.7%] con los niveles más altos.
¿Qué decir? Un terrible panorama el que ofrece el Sistema de Justicia Penal; unos niveles de impunidad que hablan de lo lejano que está nuestro país de tener un Estado de Derecho y qué lejanas de la realidad están las afirmaciones de que “ya no hay impunidad”…