Por Ernesto Acero C.
La viabilidad de las instituciones está en juego. Para hacer viables esas instituciones, se requiere de mando firme y rumbo claro. No se debe confundir mando firme con mano dura, ni rumbo claro con línea dura. En la defensa de las instituciones no hay reversa.
Esto procede decirlo dado que quienes conocen un poco al Gobernador Miguel Ángel Navarro, saben que tiene “mano izquierda” para resolver problemas con ánimo incluyente y talante contemporizador, pero tiene también una “mano pesada” para defender sus convicciones ante la ofuscación de interlocutores ladinos.
En esa dirección deben ser dimensionadas las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal, que no ha mostrado ni miedo, ni vocación de traidor. Me refiero al fin de una época y el inicio de otra. Ambas épocas se enlazan con el reclamo generalizado para que se castigue a quienes han hecho cera y pabilo con las instituciones del estado. En esa dirección se deben interpretar las palabras y las acciones del Ejecutivo estatal.
El Fondo de pensiones se convirtió en un barril sin fondo para el largo brazo de la corrupción. Ahora, el largo brazo de la justicia anda tras los que acabaron con el fondo desfondado. En esas condiciones se requiere avanzar en la solución a un problema que puede arruinar a las instituciones del estado.
Para junio 4 de 2014, la calificadora Fitch Ratings consideraba que entre los factores clave de las calificaciones de Nayarit, debía abordarse la situación financiera del Fondo de Pensiones. El documento se refería a la valuación actuarial al corte del 31 de diciembre de 2012, que advertía como periodo de suficiencia “entre los años 2022 Y 2023”
En efecto, la empresa Valuaciones Actuariales del Norte. S.C., para 2011 (27 de agosto), concluía en su análisis, que el Fondo “es inviable desde el punto de vista económico”. Este análisis fue conocido por sus posteriores administraciones estatales y por los dirigentes sindicales; no obstante, “nadie vido nada”, no pasó nada y nadie dijo nada.
El estudio se refería a vicios que elevaban aún más el riesgo: “Un ejemplo común es aquel trabajador contratado en una sola plaza y que consigue una doble plaza y su traslado a zona cara, poco tiempo antes de la jubilación, otorgándosele la pensión sobre un salario muy superior al promedio recibido durante su vida laboral”. Ese vicio también ha afectado al gobierno federal, como en el caso de la SEP, donde un profesor es elevado a la categoría de director de un centro escolar por un par de años, para que se jubile con ese sueldo.
Entre las conclusiones del estudio, se planteaba desde entonces la necesidad de reformar el sistema pensionario del gobierno de Nayarit: “En todo el mundo se buscan soluciones al problema de la seguridad social, que garanticen al mismo tiempo los derechos de los trabajadores, la viabilidad de las instituciones y el equilibrio de las finanzas públicas”. No se trata de cualquier cosa, pues de lo que se habla es de viabilidad social en un contexto en el que los tres elementos están en todo momento íntimamente relacionados en un trinomio perfecto.
Estamos hablando de más de una década en la que se advirtió sobre la inminente defunción de un sistema pensionario. El estudio planteaba la sobrevivencia de los restos del Fondo bajo la heroica condición denominada ceteris paribus, suponiendo que todo seguiría igual. Y en efecto, todo siguió igual, pero en el peor de los sentidos: tanto por saqueo, como por incumplimiento, como por negligencia e irresponsabilidad.
Esa es la razón por la que el mandatario estatal se ha propuesto cabildear con los poderes del estado, con todas las fuerzas sociales y expresiones políticas, un cierre de filas para ir al rescate de las instituciones del estado. Si los diferentes análisis que se elaboraron ya preveían la bancarrota para 2022-2023 (este año), la corrupción y la abulia llevaron al fallecimiento del Fondo antes de lo previsto. De esto podemos concluir qué, desde hace varios años, las instituciones del estado se mantienen en pie, pero en vilo, pendiendo sobre las mismas el frío metal de la espada de Damocles.
De ese cabildeo ha derivado un cierre de filas en defensa de las instituciones. La defensa de las instituciones, en este caso, se debe interpretar como la defensa de la viabilidad de los derechos sociales sin que se violenten los derechos en el plano gremial.
Para el doctor Navarro Quintero la disyuntiva era simple: seguir viendo cómo se desarrolla la evolución cadavérica de las instituciones, o agarrar al toro por los cuernos y asumir costos y consecuencias. Dado el perfil altamente político del Gobernador, era de esperar que dialogase con los actores sociales del estado para definir un rumbo. El rumbo es claro: la reforma del sistema de pensiones.
La reforma ya es un hecho. Ya existen las amenazas electorales. Las amenazas no provienen los trabajadores que se esfuerzan a diario para realizar su trabajo lo mejor posible. Las amenazas electorales provienen de los que se han momificado en las dirigencias gremiales. Esos gremios, verán como desaparecen por razones biológicas esos “representantes” que se oponen al fin de sus privilegios.
Los “representantes” sindicales amenazan con llevar a sus “huestes” a votar contra Morena, a promover el voto de castigo. Ese “voto de castigo” es una reliquia del análisis político de fines del siglo pasado. Ese voto de castigo no procede dado que los intereses que aglutinan internamente a un gremio, no son los mismos intereses que definen el sentido del voto en la elección de “representantes populares”.
Hay quienes reclaman castigo para los que se chingaron en el Fondo de Pensiones. Gremios y sociedad en general, cierto, exigen castigo para los que mataron al Fondo por saqueo, por abulia, por indolencia, por lo que sea. Es justo el reclamo. Y son de todos sabido los nombres de los que dieron muerte violenta al Fondo.
Ante las dimensiones de la catástrofe financiera y ante la amenaza de un inminente derrumbe de las instituciones, en este caso no aplica la divisa del “borrón y cuenta nueva”. El reclamo social de justicia es necesario y razonable: en esas andan organismos como la Fiscalía, como la Auditoría Superior, el Poder Judicial, El Legislativo y encabezando, el Poder Ejecutivo que preside el doctor Navarro. No todo mundo jala parejo ni en las dimensiones de su convicción y nivel de poder. Por eso, el cierre de filas puede endurecerse contra quienes recurren a los posicionamientos, abandonando todo rastro de razonamientos.
Castigo para los que mataron el Fondo de Pensiones, cierto. Castigo para los que lo mataron y para los que dejaron morir. No obstante, en tanto se avanza en esa dirección, en el reclamo de justicia, se debe actuar para garantizar la viabilidad de las instituciones. Esa es la razón de la reforma en el sistema de pensiones.
El gobierno no puede darse el lujo de perseguir a los autores del crimen social, del peor crimen social en la historia del estado, sin hacer nada para salvar a las instituciones del estado. Es necesario cambiar el neumático inservible, sin dejar de mover el auto. Ese es el desafío.
Frente al reto, no hay lugar ni para pusilánimes, ni para farsantes, ni para simuladores. Es tiempo de definiciones. Las definiciones de hoy, serán las definiciones de mañana.