Por Salvador Cosío Gaona
A nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto ha terminado por desmontarse, y aunque hay hallazgos y nuevas líneas de investigación, lo cierto es que aún no se ha logrado esclarecer qué pasó esa noche en Iguala y dónde están los estudiantes.
La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy fiscalía) del gobierno de Peña Nieto sostuvo que tras arrestar a los 43 estudiantes normalistas, los policías de Iguala siguieron instrucciones de José Luis Abarca, entonces presidente municipal, y entregaron a los jóvenes a oficiales de Cocula, que, a su vez, los dejaron en manos de Guerreros Unidos porque creían que los normalistas eran integrantes de la banda rival, Los Rojos.
Según declaraciones de miembros de Guerreros Unidos -hechas bajo tortura-, los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula hacinados y atados en dos camionetas. Cuando llegaron al sitio, 15 de los normalistas ya habían muerto por asfixia, mientras que a los sobrevivientes se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca.
Después, habrían tirado los 43 cuerpos a la parte baja del basurero para prenderles fuego durante horas. Al terminar, los supuestos criminales recogieron las cenizas y trituraron los huesos restantes, los metieron en bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan.
En septiembre de 2015, la PGR de Arely Gómez afirmó que había recolectados más de 63,000 fragmentos óseos en el Río San Juan y el basurero de Cocula.
En 2021, el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, afirmó que en la barranca de La Carnicería y no en el basurero de Cocula, es donde más restos óseos se han encontrado. “Los restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioran hasta que, al día de hoy, muchos ya no puedan ser identificados”.
A este 2023, la llamada “verdad histórica” fue sepultada. Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, afirmó que la versión informada por Jesús Murillo Karam sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre con los jóvenes de la Escuela Rural Isidro Burgos no tenía ninguna coincidencia con lo que verdaderamente pasó: un crimen de Estado.
“No hay ningún parecido, la verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello”, sostuvo el funcionario el año pasado.
Así, la idea central que sepulta la llamada verdad histórica es que los estudiantes no fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero por elementos del Grupo Guerreros Unidos, sino que se trató de un crimen de Estado en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.
De acuerdo con Encinas, las autoridades estuvieron informadas de todo lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 con los jóvenes desde la persecución, captura y desaparición de los estudiantes.
Lo que se sabe del basurero de Cocula
El GIEI desestimó la versión de la PGR sobre el basurero de Cocula, ubicado a más de 20 kilómetros de Iguala, porque concluyó que, para empezar, una calcinación de esa magnitud “es científicamente imposible”, y menos que pasara inadvertida, sin dejar un solo rastro de que ocurrió.
El grupo precisó que para incinerar 43 cuerpos a la intemperie, en un día lluvioso como el 27 de septiembre de 2014, se hubiesen requerido por lo menos 30,000 kilos de madera o más de 13,000 llantas ardiendo durante casi 60 horas continuas.
Luego, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó su propia investigación, cuya conclusión fue que la evidencia científica y biológica en el basurero de Cocula puede pertenecer a múltiples eventos de fuego ocurridos a lo largo de una década; es decir, no corresponde a un solo incendio que consumió 43 cuerpos humanos.
“En el sitio del basurero de Cocula no fueron halladas señales de daño o alteración por la acción del fuego compatible con exposición a altas temperaturas necesarias para un proceso de quema de 43 cuerpos en la fecha del 26 y 27 de septiembre de 2014”, señaló.
En 2022, una de las conclusiones de la nueva investigación que el gobierno federal inició durante el actual sexenio, sostienen que tras ser capturados los estudiantes, en ningún momento estuvieron juntos durante su desaparición.
Por ello, de acuerdo con Alejandro Encinas, la verdad histórica se fundó a través de testimonios obtenidos a base de tortura y en la llamada de una persona dueña de una tienda que reportó un incendio en Cocula.
En materia de búsqueda e identificación, se han hallado e identificaron a tres jóvenes estudiantes: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.
El 15 de junio de este año, el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó que los restos óseos hallados en la barranca de La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, correspondían al normalista Jhosivani Guerrero.
En el mismo punto fue encontrado el hueso de Christian Rodríguez Telumbre. En julio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que sus restos habían sido identificados también por la Universidad de Innsbruck.
De acuerdo con el fiscal especial del caso, los restos de los dos estudiantes identificados no mostraron signos de exposición al fuego, sino a la intemperie.
Y en diciembre de 2014, la PGR indicó que un pedazo de muela y de hueso, localizados en el Río San Juan, correspondían Alexander Mora Venancio. Sus restos eran tan pequeños que quedaron destruidos cuando se hizo en análisis forense en Innsbruck.
Por el caso Ayotzinapa, a 2022 habían 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos. Además, 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas.
Igualmente, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el exMinisterio Público de la Seido.
Además, 14 elementos de la Sedena detenidos y seis órdenes de militares por ejecutar, que sumaban 20 en total: dos generales, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos, 10 soldados; a ello se añade un elemento de Semar aprehendido.
En junio de 2023, se dictó formal prisión en contra de ocho militares por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Mientras que en agosto de 2023, el coronel Rafael Hernández Nieto, el segundo de más alto rango entre los militares detenidos, le fue concedida su libertad para enfrentar su proceso bajo prisión domiciliaria.
Asimismo, sigue vigente la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio.
Por parte del estado de Guerrero se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como 74 policías municipales: ocho de Cocula, siete de Huitzuco y 41 de Iguala; seis estatales, seis federales y seis federales ministeriales.
Por cierto, hoy se sabe que uno de los personajes que estuvo presente en las reuniones donde se creó la polémica “Verdad Histórica” de Peña Nieto es nada menos que Omar García Harfuch, quien hasta hace unos días se desempeñaba como Jefe de la Policía de la Ciudad de México y renunció para buscar la candidatura de Morena a la Jefatura capitalina. Así que será interesante observar el grado de dificultad de las maromas que ejecutarán en la Cuarta Transformación para salir al paso con el flamante aspirante que es el favorito de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
@salvadorcosio1