El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha redoblado sus esfuerzos en la búsqueda de la justicia y la equidad en el sistema de justicia penal del país. A través de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, se han implementado acciones que buscan beneficiar a la población que no ha cometido delitos graves, enfrenta dificultades para pagar asesoría legal o ha sido víctima de discriminación.
En una declaración reciente, el presidente López Obrador subrayó la importancia de estas medidas, enfocadas en la liberación de personas que no representan una amenaza significativa para la sociedad y que, en muchos casos, han enfrentado condiciones adversas. Desde el 26 de agosto hasta el 2 de octubre, un total de 336 individuos que se encontraban detenidos en centros penitenciarios de todo el país recuperaron su libertad. De este grupo, 325 personas se beneficiaron del mecanismo de preliberación, mientras que 11 obtuvieron su liberación a través del amparo por amnistía.
López Obrador enfatizó que esta política ha permitido la liberación de personas en situaciones especiales, como aquellos afectados por enfermedades, indígenas, y adultos mayores, muchos de los cuales permanecieron privados de su libertad sin una sentencia durante largos períodos, algunos de hasta una década.
El mandatario también lanzó críticas al Poder Judicial, alegando que este opera en favor de intereses económicos y políticos de lo que describió como el “bloque reaccionario”, en lugar de priorizar la administración de justicia. Sostuvo que el sistema de justicia solo parece beneficiar a los poderosos y no defiende a aquellos que carecen de recursos para garantizar su propia inocencia. López Obrador destacó la falta de defensores públicos accesibles para las personas menos privilegiadas.
Estos esfuerzos del Gobierno de México buscan abordar las inequidades en el sistema de justicia, enfocándose en la reintegración de personas que no representan una amenaza para la sociedad y que han enfrentado desafíos económicos, de salud o discriminación. El compromiso de promover la justicia y la igualdad en el país continúa siendo una prioridad central de la administración actual.
