Hace 10 años a nivel nacional Nayarit ocupaba los primeros lugares, pero en violencia, dijo durante su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez.
Destacó que en otras administraciones estatales, la sociedad nayarita no confiaba en los elementos policíacos y en el rostro de los ciudadanos se apreciaba el miedo, la angustia y el terror por los hechos delictivos que diariamente se registraban en las calles de la ciudad.
En contraste, Rodríguez Martínez aseveró que en la actualidad el estado de Nayarit, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, existe una percepción de seguridad, prueba de ello es que siete de cada 10 ciudadanos aprueban la actuación de los elementos de la policía estatal.
El funcionario dijo además, que durante los dos primeros dos años de gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayarit aparece en tercer lugar como uno de los estados más seguros del país.
Destacó que la seguridad que ahora existe en la entidad es gracias a las acciones que el gobierno del estado ha implementado para lograr erradicar los actos de corrupción entre los agentes policiacos.
Recordó que hace dos años los uniformados ganaban un sueldo de aproximadamente 10 mil pesos por mes, ahora el salario de los guardianes del orden es de más de 14 mil pesos mensuales.
Resaltó que anteriormente, cuando un agente de la policía estatal perdía la vida en cumplimiento de su deber, la familia del finado sólo recibía el beneficio de los servicios funerarios: “Ahora cuando un agente de la policía estatal pierde la vida en cumplimiento de su deber, a la esposa se le entrega un apoyo económico de alrededor de 750 mil pesos. Nos hemos visto en la necesidad de utilizarlo en tres ocasiones”, aseveró.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, a las viudas de los agentes de la policía estatal fallecidos en cumplimiento de su deber se les otorga un empleo, que les permitiera continuar con la manutención de sus hijos en caso de que sean menores de edad.
