Por Salvador Cosío Gaona
En julio se cumplieron 5 años de la elección de aquel 1 de julio de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo más de 30 millones de votos, equivalentes al 53% de un total de 56.6 millones de votos emitidos.
Hoy, AMLO mantiene unos niveles récord de aprobación presidencial para alguien que entra en su quinto año de gobierno. Mucha de esa aprobación presidencial responde a características propias de su personaje, sin aparentes pretensiones personales, a un estilo de comunicar permanente, permeable y que la gente percibe cercano. Contrario a lo que podríamos esperar por el desgaste mediático diario, casi 9 de cada 10 personas que lo aprueban también votaron por él en 2018 (El Financiero, encuesta publicada el 3 de julio 2023). Es decir, hay pocos arrepentidos entre quienes le dieron su voto.
Sin embargo, no todo puede atribuirse al carisma y a la comunicación. Con la publicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (INEGI), el ingreso laboral creció en 14% desde su medición en 2020. Estimaciones de Coneval usando datos del INEGI, incluso indican que el ingreso proveniente del trabajo ha aumentado en promedio 15% en lo que va de la administración; los datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI) nos confirman que las personas de prácticamente todos los grupos de edad, sexo, nivel educativo e incluso calidad del empleo (formal o en la informalidad) tienen mayores ingresos laborales, sobre todo en los últimos seis meses. No quiere decir que las brechas por educación, sexo o estatus laboral se cierren, ni que cuando lo hacen, ocurra con suficiente velocidad; pero sí indica que en general, todos estamos ganando más, salvo algunas excepciones.
Sumado a los más de 60 millones de dólares que han llegado de remesas en los últimos 12 meses —producto de la solidaridad inconmensurable de las y los paisanos en el exterior, que mandan en promedio 18% de su ingreso a México, según cálculos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA y a los programas sociales que, como las pensiones, tienen una amplia cobertura, la gente aprueba a un gobierno que le otorga mayor libertad económica… al menos, en el corto plazo.
Por su parte, la proporción de empleo formal va en aumento —lentamente, pero en aumento—; la informalidad laboral ha mostrado disminuciones progresivas desde 2009 (con algunos brincos en la pospandemia, pero en una trayectoria descendente). La pobreza laboral —esa que indica que las personas viven en hogares donde el ingreso del trabajo no alcanza para comprar comida para todos— también presenta una tendencia a la baja desde 2017, incluso en la pospandemia, después de un abrupto aumento en 2020.
Como quien dice, no todo este progreso se puede atribuir a esta administración, pero hay medidas de política económica puntales que sí: el aumento consistente de más del 60% en términos de poder adquisitivo del salario mínimo entre 2018 y 2022, gracias a la alineación de voluntades del empresariado, trabajadores y gobierno, sin duda a instancias de la administración de López Obrador; la reforma para eliminar vicios de la aplicación del esquema de terciarización de servicios y subcontratación en abril de 2021 y la reforma de vacaciones dignas de diciembre 2022.
A la luz de que los mexicanos pasamos más horas trabajando que cualquier otro país de la OCDE, con un gran costo personal y familiar en bienestar, queda pendiente atender varios frentes en materia laboral: la inclusión de más mujeres al mercado laboral remunerado cuando así lo deseen; la desvinculación del acceso a los servicios de seguridad social según el estatus del empleo —formal o informal— como lo plantea Santiago Levy (Buenas Intenciones, Malos resultados, 2010); y la crisis de productividad que lleva años empeorando.
No minimizo la gravedad de que más de 48 millones de personas en México vivan en pobreza laboral (ENOE), ni que aún 6 de cada 10 empleos no cuenten con reconocimiento formal del vínculo laboral, carezcan de prestaciones y de seguridad social, pero sí reconozco que la popularidad del presidente y la aprobación presidencial coinciden con mejores condiciones económicas para millones de hogares mexicanos.
Entonces, ¿vamos bien? Pues vamos por partes.
Según la propia lista de compromisos auto adquiridos por AMLO en 2018, casi todos están cumplidos. Subsisten, sin embargo, varios rubros en los que el cumplimiento de esos compromisos está sujeto a matices. Por ejemplo, el resurgimiento de la industria petrolera, tan ligada al discurso de lo que representaría la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, no acaba de ocurrir por menores exportaciones petroleras por un peso más fuerte del esperado y un precio internacional del barril más bien moderado, y por una menor extracción de crudo del subsuelo en México.
Sin más, las exportaciones petroleras marcaron una contracción anual de más del 23% en el primer semestre del año; y a pesar de los apoyos fiscales a Pemex, la plataforma petrolera está aún en 1.65 millones de barriles diarios, lejos de la meta de producción de 2 millones y también por debajo de los niveles que se tenían antes del inicio de la administración.
¿Y estamos generando más energía limpia, entonces? Pues no, tampoco. Según México ¿cómo vamos? (MCV), “la energía convencional [mayormente producida con combustibles fósiles] ha representado más de 69% del total de energía generada mensual” promedio, durante la actual administración. Sin embargo, en diciembre pasado la energía convencional fue aún mayor con 74% del total de energía generada en el mes, mayor en 4.2 puntos porcentuales respecto a lo producido en diciembre 2018, lo cual implica que sólo 26% de la energía generada fue considerada energía limpia al cierre de 2022 —porcentaje menor a la producción de energía limpia generada en 2021—.
Lourdes Melgar, erudita en temas energéticos y experta de MCV, explica que “México ha regresado a quemar combustóleo y a ventear metano, ha restringido el despacho de las energías renovables, ha eliminado el Horario de Verano y dejado de lado la eficiencia energética. El país ha incumplido sus compromisos dentro del Acuerdo de París y ha vulnerado la resiliencia del sistema eléctrico nacional al restringir las inversiones en generación y no realizar las necesarias en transmisión y distribución.”
En otras palabras, México se aleja de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente y cambio climático, conforme nos enfrentamos a un mundo más caliente y a un sistema eléctrico saturado, sin suficientes líneas de transmisión y probablemente sin capacidad de proveer la energía limpia necesaria para las empresas que llegan, producto del nearshoring.
@salvadorcosio1