Por Ernesto Acero C.
El derecho a expresar libremente lo que se piensa se equilibra con el deber de la responsabilidad. Esa es la razón de fondo que asiste al Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, al reaccionar ante infundios de los que ha sido objeto. En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que no hace defensa de su derecho personal, sino que reacciona en defensa de la investidura que ostenta.
El doctor Navarro a lo largo de toda su vida ha procurado el bienestar de sus semejantes. Así se ha conducido incluso cuando ha debido sacrificar ganancias personales o hasta privilegios. No obstante, en ocasiones anteriores ha reaccionado con actitud estoica ante las embestidas de irresponsables que hacen de la libertad de expresión el ariete con el que embisten el honor de los demás. Hoy, el estoicismo ya no procede.
Ahora, irresponsablemente se ha acusado al mandatario estatal de hacer uso indebido de recursos de jubilaciones. La acusación es absurda y hasta irrisoria. Los fondos que se crearon al finalizar la administración del ex gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, crecieron y se incrementaron durante el gobierno que le siguió, el de don Antonio Echevarría Domínguez.
Es de dominio público que el saqueo de los fondos de pensiones de burocracia y maestros estatales, se registró durante los gobiernos de Ney González y de Roberto Sandoval Castañeda. La tajada del león quedó en el periodo de Ney González, quien ahora se encuentra fuera del alcance de la ley. Otra parte, el resto de esos fondos, desapareció durante la administración que le siguió. Existen indicios de que el fondo pensionario colapsó durante los años 2014 y 2015. Hasta donde se sabe, el fondo se encontraba en ceros para 2016, poco más de dos años antes de concluir la administración estatal de 2011 a 2017. No obstante, las culpas no son equitativas para ambos ex gobernantes. Se sabe asimismo que cerca del 85 por ciento de los fondos fueron “desaparecidos” durante el gobierno de Ney González, que llevó la deuda del estado de menos de 200 millones a cifras que se nombran por miles de millones.
Si analizamos las razones del titular del Poder Ejecutivo estatal para enfilar responsabilidades ante indebidas acusaciones, podemos corroborar que la razón y el derecho le asisten. Quien lo acusa de haber usado recursos ya inexistentes, comete un doble error. Primero, se equivoca con el objetivo de sus acusaciones. Segundo, se equivoca con los tiempos y el respectivo análisis contable.
Cierto es que el derecho humano a la libertad de expresión es fundamental para la buena convivencia democrática. No obstante, los excesos en esa materia pueden convertirse en un atentado contra los derechos humanos de personas que ejercen responsabilidades públicas. Hablar por hablar, solamente con el afán de “atacar” a las personas, obliga a la defensa moral, política y jurídica de gobernantes que poseen una sólida autoridad moral como en el caso del doctor Navarro, gobernante de Nayarit.
La libertad de expresión es el eje de cualquier sistema que se precie de ser democrático. Esa libertad, la de expresar ideas o puntos de vista sobre distintos asuntos, no es absoluta, tiene límites. Todas las libertades, todos los derechos, tienen límites. Los derechos, las libertades de uno, terminan donde inician las libertades y los derechos de los demás.
Los límites de la libertad de expresión los imponen los valores, los principios personales. Si se pretende burlar esos valores, esos principios, entonces aparece la codificación social, la regla política. Esa regla se convierte en norma cuando se expresa como parte de un Pacto qué, en este caso lo reconocemos como Ley Fundamental.
En efecto, la Constitución Política del país, dispone que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…” El enunciado es claro y contundente. El dispositivo es claro y contundente como cuando enumera los escenarios donde ese derecho humano se topa con barreras. Los límites de la libertad de expresión, en estricto apego al texto constitucional, son los siguientes:
a.- En caso de ataque a la moral,
b.- En caso de ataque a la vida privada,
c.- En caso de ataque a los derechos de terceros,
d.- En caso de que provoque algún delito,
e.- En caso de que perturbe el orden público o,
f.- En caso de que se pretenda transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
La frontera entre los derechos y los deberes se encuentra claramente definida en estos enunciados que podemos localizar en el artículo sexto del Pacto Federal. Como podemos observar, existen elementos de sobra para que se proceda contra quienes afecten los derechos de terceros, los derechos de los demás.
Nadie tiene el derecho de calumniar, nadie tiene el derecho de atacar la buena reputación de quienes hacen sacrificios enormes durante toda su vida, para mantener plena su autoridad moral. Una figura como la de Miguel Ángel Navarro Quintero, que carga con la alta responsabilidad de ser Gobernador de Nayarit, con mayor razón debe hacer defensa de la buena imagen de la investidura. No hace defensa solo de sus derechos humanos, sino que resguarda la buena imagen de la investidura que le fue conferida por los nayaritas de manera abrumadoramente mayoritaria.
En Nayarit, todos sabemos lo nombres de quienes abusaron de la confianza que el pueblo depositó en ellos (“haiga sido como haiga sido”): uno de ellos se encuentra tras las rejas y el otro se encuentra prófugo.
Esa es la enorme razón por la que el mandatario estatal no puede callar ante las infames palabras de quienes irresponsable y visceralmente lo relacionan con el saqueo de un fondo que está sin fondo desde hace ya varios años. El Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero no solamente defiende su propia integridad personal. También defiende la dignidad de una investidura que fue enlodada, envilecida, prostituida de plano por sinvergüenzas que se llevaron todo lo que pudieron, entre ellos, los fondos de pensiones.
