En mi colaboración anterior, realicé un primer asomo al anteproyecto de segundo piso teniendo como fuente el documento “100 pasos para la transformación” en el que intenté explorar la lectura de la historia mexicana realizada por Lorenzo Meyer que le lleva a la conclusión de que las tres transformaciones del Estado nacional mexicano han sido incapaces de resolver las contradicciones de carácter social que las originaron y que en eso radica el propósito fundamental de la 4T y en el que abordé lo que a lo largo de ese sexenio se ha conseguido en materia de “derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad” y lo que la administración adveniente buscará construir sobre ese “primer piso”.
En este segundo asomo, pretendo explorar otros dos de los quince temas desarrollados en el documento: “Soberanía energética para el desarrollo sostenible”, porque fue una prioridad de una administración que en este ámbito apostó por las empresas estatales ante la que consideró una creciente sumisión a los capitales privados extranjeros, dejando para un segundo asomo algunos otros y “Gobierno, paz, seguridad y justicia”, por ser el ámbito más cuestionado en cuanto a sus logros no solo por la oposición, sino también por sectores amplios de la población.
En relación con la “Soberanía energética para el desarrollo sostenible” se afirma ―en cuanto al “primer piso”―: “La idea central era recuperar la rectoría del Estado sobre el petróleo y la electricidad, para garantizar el suministro de energía en todo el país, eliminar la dependencia de las importaciones de energía y mantener precios y tarifas con aumentos no mayores a la inflación. El eje de actuación consistió en frenar la privatización y rescatar a las empresas productivas del Estado, mediante mayor inversión, austeridad republicana, combate a la corrupción y apoyo del gobierno” y, en relación con el “segundo piso”: “El gran reto es acelerar la transición energética garantizando en todo momento que no falte energía y los precios sean abordables. La transición permitirá imprimir mayor sostenibilidad al desarrollo, cumplir con las metas nacionales de energías limpias, así como mitigar y hacer frente al cambio climático y honrar los compromisos internacionales de México para contenerlo”.
A diferencia del asunto de los “derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad” en el que se puede asumir que el “primer piso” de la 4T se logró edificar suficientemente bien, en el caso de la soberanía energética la construcción del primer piso parece haber quedado lejos terminarse; más bien lo trabajado parece haberse limitado a poner sus cimientos o, a lo sumo, a dejarlo en obra negra ya que se recuperó la rectoría del Estado sobre el petróleo y la electricidad y frenar la privatización, pero se siguió dependiendo de las importaciones de energía, no se logró alcanzar la meta de producción de combustibles, siguieron vivas las prácticas huachicoleras y las dos grandes empresas estatales de energía, a pesar de los apoyos presupuestales y fiscales han ofrecido magros resultados.
La propuesta del segundo piso en ese contexto, si bien parece ser más que aceptable: “acelerar la transición energética garantizando en todo momento que no falte energía y los precios sean abordables. La transición permitirá imprimir mayor sostenibilidad al desarrollo, cumplir con las metas nacionales de energías limpias, así como mitigar y hacer frente al cambio climático y honrar los compromisos internacionales de México para contenerlo”, parece exigir una serie revisión del primer piso…
En el rubro “Gobierno, paz, seguridad y justicia” ―el más cuestionado en cuanto a sus logros no solo por la oposición, sino también por sectores amplios de la población, decía― se hace mención de los logros de la Cuarta Transformación [léase “primer piso”], entre los que se pueden destacar ―además de la atención a las causas de la violencia, el abandono de estrategias punitivas y represivas y el uso indiscriminado de la fuerza―: el descenso continuo desde 2020 en homicidios, la reducción de los delitos del fuero federal, la mejoría en la percepción de inseguridad en las principales urbes del país.
De ahí que la propuesta para la edificación del segundo piso se centre en “la reducción de la incidencia delictiva y la construcción institucional iniciada”, en la que “se deberá fortalecer y dar sostenibilidad a la Guardia Nacional desde su adscripción a la SEDENA, como una policía con capacidad de despliegue nacional, la vigilancia de carreteras y su papel como primer respondiente” y “robustecer a la SSPC; especialmente en sus áreas de inteligencia e investigación; así como su coordinación con la Guardia Nacional y la FGR para el mejor armado de carpetas de investigación, judicialización de casos, y reducción notoria de la impunidad”.
En este caso, llama la atención la ausencia de referencia al altísimo número de homicidios dolosos cometidos a lo largo del sexenio, al alto número de personas desaparecidas, al aumento significativo del control territorial por parte del crimen organizado con las consecuencias conocidas para la población en materia de extorsión, cobro de piso, control de giros negros, la inseguridad en que transitan por el país las personas migrantes, el retorno de una importante migración de mexicanos a los Estados Unidos, la terrible deficiencia en la investigación y judicialización de los delitos y la casi absoluta impunidad en los delitos de mayor impacto.
Sin reconocer estas situaciones graves presentes y actuantes en el primer piso, conviviendo con los logros antes mencionados, difícilmente se podrá construir un segundo piso en el que se acentúe la reducción de la incidencia delictiva, se mejoren los procesos de investigación y, con ello una judicialización de los casos que reduzca significativamente la impunidad.
En este mismo apartado, es más, en primer término, aparece la controvertida reforma del poder judicial y, en no más de dos párrafos, enumera los logros de la Cuarta Transformación en esta materia y esboza el segundo piso por construir.
En cuanto al primer piso, el documento se limita a hacer mención del cuestionamiento de que el poder judicial ha sido objeto por sus decisiones controvertidas y por los privilegios de sus miembros y en cuanto al segundo piso por construir, se limita a afirmar: “Será necesario enfocarse en abordar problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, tales como los excesivos privilegios, la poca supervisión de su actuar y la dificultad para que proteja a los más vulnerables”, para lo que propone, entre otras cosas, la elección directa y secreta de “las y los Ministros de la SCJN, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial” y la “reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia: Fiscalías, Justicia Federal y Local y Defensorías Públicas”.
