En la primera parte de esta entrega compartí la publicación a través de la cual el programa de noticias DW de Alemania había informado el conflicto que se vive en nuestro país respecto al paro iniciado en el Poder Judicial; y también la publicación de WOLA, la organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, la cual también detalló la actualidad de México y hasta dio una conclusión a través de Stephanie Brewer, directora para México de esta organización de derechos humanos estadounidense.
Brewer compartió algunos aspectos y probables impactos de la reforma judicial, enfocándose en la propuesta de elección popular de autoridades judiciales. Aquí comparto la continuación de su texto:
“En este contexto, la reforma judicial daría lugar a la continuación y profundización de prácticas de impunidad y abusos contra la población. Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad. El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables.
En la misma línea, otra de las reformas constitucionales propuestas es una nueva ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (PPO). Es decir, se ampliaría nuevamente la lista de delitos en los que la autoridad judicial ni siquiera tiene la posibilidad de no encarcelar a la persona durante su proceso penal, sin que las fiscalías tengan que justificar la privación de la libertad. La PPO es de por sí una violación de los derechos humanos y trastoca seriamente el funcionamiento del sistema penal. Lejos de ampliarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que el Estado mexicano tiene la obligación de eliminar esta práctica.
Conclusión
El problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorgue ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso.
México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas. La reforma actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en México”.
La agencia de noticias France 24, es otro medio de comunicación europeo que está dando seguimiento puntual al momento inédito que vive nuestro país.
“México: comienza el paro indefinido del Poder Judicial en rechazo a la reforma de López Obrador”, tituló ayer.
En un subtítulo lo señala: “Jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de México comenzaron este miércoles 21 de agosto un paro nacional indefinido para protestar contra la polémica reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte. La protesta convocada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Judef) se opone a la propuesta de López Obrador, que será analizada antes de su salida del poder por el Congreso, de mayoría oficialista”.
El periodista Eumar Esaá, relata:
“La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de México (Jufed) suspendió labores desde el primer minuto del miércoles 21 de agosto en rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto de reforma prevé, entre otras modificaciones, la elección por votación popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte, que para López Obrador es una forma de adecentar lo que ha calificado como un poder “podrido”, a las órdenes de la oligarquía, y que expertos y trabajadores judiciales consideran un escenario que abre las puertas a la intromisión política en material legal.
El paro alcanza a 20 de los 32 estados del país y suma a jueces y magistrados a la protesta que ya mantenían desde el lunes más de 55.000 trabajadores del sector en rechazo a un proyecto que, de no cumplir la aspiración de López Obrador de recibir el visto bueno durante su mandato, igual cuenta con el respaldo de su sustituta Claudia Sheinbaum.
La reforma permitiría que en lugar de evaluar los méritos acumulados a lo largo de años de servicio en el Poder Judicial, cualquier ciudadano graduado en derecho y que haya ejercido como abogado pueda ser elegido por votación popular.
“No tiene como objeto un avance del sistema jurídico mexicano, sino la intromisión de intereses políticos y las decisiones jurisdiccionales de nuestro país, así como la afectación de los derechos laborales de los servidores públicos de uno de los poderes de la unión”, denunció en declaraciones a la agencia EFE Manuel Saturnino, secretario de un tribunal.
Detractores del proyecto, como la magistrada Leonor Pacheco Figueroa, advierten que su entrada en vigencia socavaría el único contrapeso existente al poder del partido oficialista Morena que no sólo repetirá en la Presidencia, sino que cuenta con mayoría en el Congreso.
“El Poder Judicial para México es un equilibrio, el poder corrompe, cuando está en el poder en una sola persona se corrompe”, aseguró Pacheco.
Respaldo patronal y político
La protesta no suspenderá el despacho en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, pero prevé que se atiendan exclusivamente casos urgentes en otros juzgados. Incluye un plantón en el Palacio de Justicia Federal y actividades a todo lo largo del país.
La suspensión de actividades ha contado con el respaldo de políticos de la oposición, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la entidad que agrupa a los empresarios y generadores de empleo del país.
A la lista de los que objetan la reforma se han sumado colegios de abogados y expertos han advertido su impacto en los mercados, incluso en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La organización México Evalúa, que monitorea la incidencia de las políticas públicas en el desempeño económico, advierte que un escenario de renovación masiva de jueces no solo retrasaría la resolución de conflictos en los tribunales, sino que sustraería el capital en materia de formación de jueces especializados.
“Un juzgador incompetente fácilmente podría estar conociendo de casos que requieren de la pericia y la experiencia de los juzgadores”, apuntó Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa Competencia y Regulación de México Evalúa.
La directora general de esta entidad, Mariana Campos, advirtió que la fórmula de elección popular incorporaría en la dinámica judicial factores como la influencia del crimen organizado, que podría financiar campañas o presionar los resultados electorales.
Protesta ilegal y sin impacto a los ojos de AMLO
El presidente López Obrador se refirió a la protesta como ilegal y acusó de “poderosos y corruptos” a sus promotores, aunque prometió que no habrá represión en respuesta al paro judicial.
El mandatario también descartó que la paralización de actividades tenga alguna influencia:
Al contrario, si los jueces, los magistrados y los ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar los delincuentes de la cárcel”.
López Obrador también descartó que los trabajadores del Poder Judicial puedan verse afectados por la reforma, que será estudiada el próximo mes por un Congreso controlado en dos tercios por el oficialismo: “No van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba”.
@salvadorcosio1