El regreso a clases impacta en todos los órdenes de la vida de las personas. Cientos de miles de niños y adolescentes se movilizan a lo largo y ancho del estado y de todo el territorio nacional, para asistir a clases. El Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha definido la educación como prioridad, junto a la salud. Esa es la razón por la que buena parte de los avances que se registran en la materia, se ha logrado con recursos propios del estado para solventar las necesidades urgentes e ingentes.
El regreso a clases moviliza en toda la entidad, a miles de trabajadores de la educación. Al reiniciar las actividades educativas también mueve a cientos de miles de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes adultos y adultos que asisten a recibir servicios educativos en primaria, secundaria, nivel medio superior, superior y posgrado.
Lo anterior significa gasto en transporte, en uniformes escolares, en adquisición de material educativo, entre otros. No es nada sencillo para las familias lograr avances en la materia. Todo cuesta, hasta lo que es “gratuito”.
Tampoco es sencillo para el gobierno acceder a los recursos financieros necesarios y suficientes para garantizar servicios educativos de calidad. Las instalaciones escolares deben mantenerse en excelente estado, para evitar accidentes y para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Para eso se deben construir aulas que cumplan con todos los requisitos de ingeniería, deben ser cómodas dado que los maestros y los niños se mantienen generalmente entre esas cuatro parades, unas cinco horas al menos, de manera continua.
Esas aulas deben estar equipadas con un pizarrón, con sillas mínimamente cómodas, con ventilación y con iluminación adecuada. Eso es lo que menos cuesta, porque a eso se deben agregar laboratorios, espacios para talleres, aulas de informática. Los laboratorios deben estar equipados con equipo especializado, lo mismo que los talleres y las aulas de informática lo mismo. En este último caso es donde se observa el mayor desafío, dado el intenso ritmo de cambio que se registra en el mundo de la computación.
Construir aulas adecuadas, mantenerlas en buen estado, equipar laboratorios y talleres, construir canchas parta realizar actividades físicas que son parte de la formación. Todo eso y un largo etcétera que parece un listado interminable, todo, cuesta dinero.
El artículo tercero constitucional federal expresa que “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica” (sic). Veamos solamente la parte que se refiere a la gratuidad.
Los trabajadores de la educación como docentes, administrativos, directivos y demás, todos deben recibir un emolumento por su esfuerzo. Esos recursos también salen del gobierno, lo mismo que para construir escuelas, para mantenerlas en buen estado, para equiparlas y todo lo que se relaciona con el rubro. El salario a trabajadores de la educación se lleva la mayor parte de ese presupuesto. Algo más se lleva el gasto para mantener en buen estado las instalaciones educativas. Poco queda para la renovación, ampliación y, sobre todo, para modernización.
¿Educación gratuita? Nada de gratuita. La Ley General de Educación dispone en su numeral 25, que el gasto destinado a la educación “no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto”. La realidad es otra y es muy diferente. Nunca ha sido realidad el enunciado del citado cuerpo normativo. Los datos de los tres lustros más recientes nos revelan que el gasto educativo no ha representado ni la mitad de lo que dicta la Ley, pues para esos años, en promedio puede hablarse de un 3.63 por ciento del PIB canalizado a la educación.
El pastel está muy chiquito. Los datos que cito a continuación son aproximaciones para facilitar la comprensión del texto. La Ley nos habla de un 8 por ciento del PIB para educación. No obstante, las proporciones del presupuesto de egresos nos dice otra cosa y nos muestra la dura realidad. El gasto educativo representa, para el gobierno federal, el 22.6% del gasto programable destinado al sector de Desarrollo Social. Si el análisis lo hacemos como proporción del gasto programable del sector público, nos veremos cara a cara con un 15.3% marcado como gasto educativo.
Quizá la desproporción proceda de un mal planteamiento legislativo. El gobierno no dispone del PIB para realizar o programar su gasto. El gobierno dispone de sus ingresos y, por tanto, del presupuesto que se aprueba año con año. [Por cierto, hemos insistido en señalar que la deuda pública debe medirse en relación con el presupuesto y no del PIB estatal, pues el gobierno no paga la deuda con el PIB, sino con el presupuesto que se llena con los ingresos potenciales].
Como podemos observar en la ruta hacia una conclusión, el esfuerzo que hace el doctor Navarro Quintero al frente del Ejecutivo, es enorme. Un sencillo bardeo perimetral, la construcción de un aula o más, la edificación de un edificio escolar, resulta ser un desafío de proporciones muy complicadas para el presupuesto.
Así, el inicio del ciclo escolar 2024-2025, representa todo un reto que debe aprovecharse por el bien de todos. La educación sirve para que la gente viva mejor y también para que cada uno de nosotros pueda ser mejor persona. Por eso es que el doctor Navarro ha hecho con la salud y la educación, el binomio de las prioridades de su administración. Es lo correcto.
